En España, el Estado de Alarma decretado por el gobierno progresista impone una centralización extrema de la autoridad, imprescindible para afrontar con éxito la actual situación de emergencia. Y dota al gobierno central de la capacidad de intervenir y disponer todos los recursos, públicos y privados, que sean necesarios.
El gobierno ha anunciado que extenderá el Estado de Alarma al menos hasta mediados de abril, una medida que -a pesar del sacrificio que supone para el conjunto del país y de la población- cuenta con un altísimo grado de apoyo social, la práctica unanimidad.
El Estado de Alarma impone el confinamiento en sus domicilios de toda la población y limita de forma muy importante los desplazamientos -al médico, al trabajo, al supermercado o a la farmacia- y decreta el cierre de casi todos los negocios comerciales, excepto los declarados «esenciales». Con ello se busca frenar la cadena de contagios.
El Estado de Alarma posibilita al gobierno central a intervenir y disponer de todos los recursos, públicos y privados. Algo que ya se ha aplicado en el ámbito sanitario, con una práctica nacionalización, aunque sea temporal, de la sanidad privada. La sanidad privada se fusiona con la pública, colocando todos los recursos bajo la dirección y las órdenes de las autoridades públicas. Ya se está aplicando, disponiendo de los puestos de UCI o de los equipos y material de hospitales privados en función de las necesidades sociales. Por otro, imponiendo a toda la industria la entrega, en un plazo de 48 horas, de todo el material sanitario para que sea utilizado y redistribuido en función de las necesidades colectivas.
Estas medidas -impensables hace pocas semanas- son justas, necesarias e imprescindibles. Permiten que el gobierno pueda centralizar y redistribuir los recursos, tanto de personal como de material -mascarillas, respiradores, EPIs- en función de atender aquellas CCAA donde la epidemia amenaza con colapsar los sistemas sanitarios: Madrid ahora, pero también Cataluña, Vitoria, La Rioja…