Las consultas del Rey a los grupos políticos con representación parlamentaria ponen en marcha el trámite previsto por la Constitución para desembocar en la investidura de un jefe del Gobierno. Es bueno que se siga escrupulosamente ese procedimiento y que se haga con la mayor transparencia posible, a fin de evitar malas interpretaciones.
Las consultas del Rey a los grupos políticos con representación parlamentaria ponen en marcha el trámite previsto por la Constitución para desembocar en la investidura de un jefe del Gobierno. Es bueno que se siga escrupulosamente ese procedimiento y que se haga con la mayor transparencia posible, a fin de evitar malas interpretaciones. La presencia de periodistas en La Zarzuela ha quedado limitada al máximo, pero a los primeros interlocutores políticos del monarca les bastó trasladarse al Congreso para transmitir la impresión de que el jefe del Estado ve muy difícil lograr una investidura. La Casa del Rey debe tomar nota de las consecuencias de poner obstáculos a la información: una cierta discreción sobre los despachos reales no debe servir para abonar el campo de las especulaciones y de los rumores.
Incidencias al margen, no hay que perder de vista el objetivo principal, que es el de conseguir el Gobierno más sólido posible para España. No el que cada uno podría haber deseado antes del 20 de diciembre, sino el que sea posible de acuerdo a los votos depositados por los españoles. Con los resultados de las elecciones generales en la mano, ya sabemos que no existe mayoría parlamentaria para un Ejecutivo de derechas, y todavía menos para un Gobierno de izquierdas, progresista o de cambio, como se le quiera llamar. Cualquiera que insista en alguna de estas dos direcciones están distorsionando el mensaje de las urnas.
Pero es necesario hacer de la necesidad virtud y conseguir que el proceso en curso sea capaz de definir el proyecto político más sólido posible, enfocado hacia tres objetivos fundamentales: asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y de la creación de empleo; introducir —para lo que hace falta esa sostenibilidad— políticas sociales que corrijan los efectos de las medidas tomadas durante la crisis; y abordar la reforma del Estado y la cuestión de Cataluña. Eso exige que los partidos cuenten lo que se proponen hacer sobre estas tres tareas fundamentales.
No basta con pactar la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno. Quien aspire a ese cargo tiene que ser capaz de gobernar, y no solo de poner en marcha un simulacro de Ejecutivo. Es imposible desvincular la investidura —y por tanto, los apoyos o las abstenciones que la hagan posible— de la mayoría capaz de ejercer el poder ejecutivo con un mínimo de estabilidad, una vez cumplido el trámite de la elección del presidente.
Por eso resulta asombroso que el Partido Popular continúe sin explicarse. No hay duda de que le corresponde el primer turno para intentar la investidura de su aspirante a La Moncloa, dado que fue la fuerza más votada en las urnas del 20-D. Sin embargo, todavía no ha dicho con qué partidos cuenta para conseguirlo, cuáles son los objetivos principales de su programa y con qué candidato cree posible lograrlo. Mariano Rajoy parece situarse en una actitud de espera, tal vez interesado en la repetición de las elecciones, en vez de buscar activamente los pactos que hagan posible la investidura. Por el momento permanece refugiado en vaguedades argumentales que no pueden sustituir las explicaciones precisas a los ciudadanos.
De ahí la importancia de la fase de consultas abierta en La Zarzuela, en la situación inédita de ausencia de mayoría clara de un partido y la dificultad de prefigurar apoyos. No depende del jefe del Estado conseguir un Gobierno capaz de llevar adelante un sólido plan político. Pero Felipe VI sí debe utilizar a fondo las facultades de arbitraje y moderación que le concede la Constitución para conducir a buen puerto la operación de la investidura. Eso también es respetar los procedimientos.