A pesar de la ley que prohibe echar de sus casas a personas o familias en situación vulnerable, el desalojo de viviendas aumenta. Un total 11.072 pisos han sido deshauciados en España durante los tres primeros meses de este año.
Y no solo se incrementan los deshaucios realizados (un 1% más que el pasado año), sino sobre todo los solicitados en nuevos expedientes aún no sentenciados (un +6,5%), lo que augura próximamente miles de desalojos más.
En 2021 ya hubo una media de más 110 deshaucios diarios. Pero solo al ritmo actual con el que ha comenzado el año, se va a superar, lo que supondría unos 45.000 en total.
Además, hay tres cuestiones que auguran un futuro bastante peor:
- La subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ya los ha incrementado dos veces y parece que habrá una tercera. Las hipotecas contratadas irán subiendo se calcula que en una media de 175 € mensuales.
- El empobrecimiento general con una inflación disparada y unos sueldos que apenas suben.
- El fin de la prórroga en levantamientos judiciales para familias o personas en situación de especial vulnerabilidad. Esta medida aprobada en la Pandemia ha sido prorrogada hasta final de año, pero supone que se van amontonando expedientes pendientes de ejecución. Una montaña enorme pues; por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona ha informado que acogiéndose a ese decreto, ha conseguido aplazar 9 de cada 10.
Y los pisos vacíos
Y mientras tanto el censo oficial es de 650.000 vivendas que están en venta, vacías, en España. Pero serán muchas más seguramente, porque se ha sabido que en Navarra, donde el Gobierno Autonómico tenía censados hasta 3.000 pisos vacíos, un inventario realizado por el sindicato ELA detectó 25.000 realmente. Solo la Sareb, la sociedad pública que absorvió el ladrillo invendible de los bancos hace una década, posee aún 45.000 vivendas sin uso en toda España.
Se hace evidente que un Plan Nacional de Vivienda en alquiler es una urgencia. Un Plan que creando una empresa pública de alquiler, facilite aceder a la vivienda, con precios fijados en un porcentaje del salario mínimo para que no estén sometidos a variaciones de la inflación por encima de lo que realmente suben los sueldos. Un Plan que movilice de inmediato los pisos de la Sareb y que con los ingresos de esos alquileres adquiera más viviendas del inmenso parque privado sin vender.
Esta empresa haría a su vez de palanca para bajar los elevados alquileres que imponen los grandes grupos privados (de bancos y fondos extranjeros en su mayoría). Una empresa pública que convertiría en un activo lo que hoy es un lastre para el Estado, y daría aun paso enorme para resolver el drama de los desahucios y mientras los pisos se quedan sin usar.