El Govern de CiU ha planteado este lunes a ERC, ICV-EUiA y CUP que no puede celebrar la consulta en los términos del decreto de convocatoria, suspendido por el Tribunal Constitucional, y ha abierto la puerta a alternativas, incluso si al final no se pueden instalar las urnas. Mas comparecerá este martes a las 10:00 en el Palau para explicar la nueva vía del independentismo.
El bloque soberanista se encontraba inmerso en una carrera contrarreloj para salvar los muebles ya que los plazos para poder preparar el referéndum del 9 de noviembre con un mínimo de garantías se agotaban. Sin embargo, Mas no podía mover ficha, como le exigía ERC, sin arriesgarse a una denuncia por desacato al Tribunal Constitucional.
ERC lamentó la que considera que es «una renuncia» del Gobierno catalán a la consulta, un escenario que aboca, a su juicio, a un sólo camino; a que «el Parlament haga una declaración de independencia inmediata y se abra un proceso constituyente». Esquerra ha recordado que Mas «rechazó reiteradamente la entrada de ERC en el Govern para blindar la consulta», y ahora «renuncia» a ésta y «nos impone un nuevo escenario que en ningún caso hemos pactado».El presidente de la Generalitat y los líderes de los partidos proconsulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) se habían citado este lunes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona a partir de mediodía para celebrar la tercera cumbre de forma secreta, aunque los medios de comunicación dieron con el lugar de la reunión. Una fuente nacionalista consultada por El Confidencial definía claramente la finalidad de esta nueva cumbre, la tercera en poco más de una semana: “Es preciso encontrar una alternativa a la suspensión”. En este encuentro, el Ejecutivo catalán admitió a los partidos que no ve la forma de hacer la consulta del 9 de noviembre en función de lo que estrictamente establece el decreto.
Sin embargo, Artur Mas ha puesto sobre la mesa de la negociación una propuesta para hacer posible el 9 de noviembre explorando vías para ampararse en un título de la ley de consultas, relativo a los «procesos de participación ciudadana», que no fue impugnado por el Gobierno, según fuentes de la negociación. El objetivo de Mas es que la jornada no pase sin pena ni gloria, sino que debe dejar claro que una parte importante de la sociedad catalana exige la consulta.
El encuentro ha puesto también de manifiesto que no hay una estrategia única entre los partidos que componen el bloque soberanista (CiU, ERC, ICV y CUP) y que han de hacer encaje de bolillos para llegar a un acuerdo entre ellos sobre cómo actuar en estos momentos. Ese era el mensaje principal que Artur Mas quería trasladar a sus socios de aventura: que legalmente no es posible votar en referéndum y hay que unir fuerzas, ahora más que nunca, para hacer fuerza de la debilidad.
La coyuntura no era nada fácil, especialmente para el presidente de la Generalitat. Por ejemplo, este lunes venció el plazo dado en el artículo 6 del decreto de convocatoria para que las organizaciones sociales o profesionales que quieran formar parte del proceso lo comunicasen a la Comisión de Control o Junta Electoral. También acabó el plazo para elaborar las listas de votantes inmigrantes y de catalanes residentes en el extranjero. Y si la situación hubiera continuado en este impasse, del 20 al 25 de octubre no hubieran podido votar los electores que se acogiera a la “votación anticipada por depósito”, o sea, la votación que no es presencial el mismo 9 de noviembre.
Con la suspensión acordada por el Constitucional, ninguno de esos puntos se podía materializar, por lo que se debía dar por muerto y enterrado el referéndum. Y todo porque el Gobierno catalán prefiere no dar ningún paso que pueda suponer una ilegalidad para no desacreditar el proceso, que hasta ahora se ha mantenido dentro de los márgenes legales.
La cumbre, que se quería hacer con total discreción, arrancó al mediodía con Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; el conseller de Presidencia, Francesc Homs; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull (CDC); el secretario general de Unió, Ramon Espadaler; el líder del grupo de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera; el portavoz adjunto de los ecosocialistas, Joan Mena; y los diputados de CUP Isabel Vallet y David Fernández.
Los participantes hicieron un receso, de un par de horas, durante las cuales sólo permanecieron en el Palacio de Pedralbes Mas, Junqueras y Turull. Al regresar a las dependencias de dicho palacio sólo David Fernández –los representantes de la CUP son los únicos que accedieron a pie– lanzaron a los periodistas una escueta frase: «Ni un paso atrás». La reunión venía precedida de una serie de declaraciones que abrían la puerta a estudiar alternativas si no se puede celebrar la consulta soberanista.
El bloque, dividido
Los cuatro partidos integrantes del bloque querían reuniones discretas para limar sus diferencias sin focos y sin presiones. Pero eso es una tarea casi imposible. Lo que está claro es que ese bloque cada vez tiene menos de monolítico: mientras ERC y la CUP exigen hacer caso omiso del fallo del TC y convocar el referéndum caiga quien caiga, tanto CiU como ICV prefieren mantener cualquier decisión dentro de la legalidad. Y eso a pesar de que un sector convergente, el núcleo duro de Convergència, vería con buenos ojos un golpe de efecto desobedeciendo al TC.
Pero tanto los democristianos de Unió Democràtica (UDC) como ICV son partidarios de que si no se puede convocar legalmente el referéndum, no se haga. Es más: coinciden en que si no se vota el 9 de noviembre ya se votará otro día. Incluso el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, dejó caer este lunes esta posibilidad, aunque subrayando que el pueblo catalán acudirá a las urnas y que, en caso de independizarse, Cataluña continuará dentro de la UE. Eso significa, ni más ni menos, un paso atrás y retomar el mensaje de hace un año, justamente después de que hasta los propios independentistas admiten que en caso de secesión no será posible mantenerse dentro de las estructuras comunitarias.
En las reuniones de los últimos días que ha mantenido el bloque soberanista, se barajaron distintas estrategias ante la postura del Gobierno central, que no está dispuesto a permitir la consulta. Una de ellas es la posibilidad de una declaración unilateral de independencia (DUI), aunque sólo ERC y CUP son partidarios de ella en la actual coyuntura.
Para poder plantearla con un mínimo de garantías, se han de cubrir otras etapas, según CiU. Y la principal de ellas es la convocatoria de elecciones anticipadas. En esos comicios, los partidos del bloque soberanista habrían de incluir un punto en común: comprometerse a la proclamación de la independencia en caso de ganar las elecciones.
El propio presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver Pi-Sunyer, declaró este lunes a la emisora Catalunya Ràdio que esa es una buena salida a la situación por dos motivos: la convocatoria de elecciones no podría ser impugnada y lo que los partidos llevan en sus programas electorales, tampoco. Esa DUI se podría llevar a cabo en el plazo de un año y medio, o sea, en el 2016. Justo el tiempo suficiente para terminar de levantar las “estructuras de Estado” que puedan permitir aguantar la Administración de la nueva República Catalana.
Los independentistas, por su parte, también han fichado al irlandés Gerry Adams, del Sinn Fein, para un acto de apoyo que materializarán la mañana de este martes en Bruselas y en el que participarán, además de los eurodiputados Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall, el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Vila d’Abadal, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, y la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals.