Casi una semana después de que Marruecos sufriera el peor seísmo del que se tienen registros -con una cifra provisional de 2.946 muertes y 5.674 heridos, y con más de 300.000 personas afectadas.- el país norteafricano encara un agravamiento de su ya profunda crisis económica y social, con las edificaciones de amplias zonas del país completamente derruidas o severamente dañadas.
Como en tantas otras ocasiones, un terremoto tiene una doble dimensión. Se trata de una catástrofe natural, pero actúa sobre un tejido de miseria, pobreza y carestía que sí tiene responsables.
Con magnitud 7, el actual desastre natural es el mayor terremoto del que hay registros en Marruecos, superando al terremoto de Agadir de 1960. Además de los graves daños en el invaluable patrimonio histórico-artístico de la medina de Marrakech, el seísmo se ha cebado con especial intensidad con los más pobres. Lo que viven en viviendas peor construidas han sido los más afectados, y más teniendo en cuenta que la región del Atlas es una de las más pobres del país, con aldeas hechas de construcciones de adobe, muchas de los cuales se han derrumbado ante la intensidad de los temblores.
A pesar de que la magnitud de la catástrofe sobrepasó de largo la capacidad de los servicios de emergencias marroquíes -teniendo que ser la propia sociedad civil marroquí la que se haya tenido que volcar en ayudar a sus compatriotas- el gobierno de Rabat solo aceptó recibir ayuda de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Reino Unido y España, rechazando sin embargo con desdén la de Francia, un hecho que llama la atención: tradicionalmente Marruecos es un país enclavado en la órbita de dominio de París, y el monarca alauita, Mohamed VI, pasa más de la mitad del año en en el país galo. Un rey que se ha desentendido olímpicamente de la gestión de la catástrofe.
El terremoto no sólo ha quebrantada trágicamente las vidas de cientos de miles de marroquíes, sino que ha sacudido y mostrado las grietas de un autocrático régimen donde el poder del palacio real -el Majzen- no sólo es político, sino económico. La familia real no sólo lleva el país con mano de hierro, nombrando gobiernos, dictando decretos, aplastando cualquier disidencia u oprimiendo brutalmente al pueblo saharaui, sino que controla los principales grupos monopolistas del país.
El Rey -propietario o accionista de gran cantidad de empresas estatales, además de recibir de las arcas públicas 250 millones de euros anuales- es el hombre más rico del país y la quinta fortuna de África, con 5.000 millones de dólares. Vive gran parte del año en una lujosa mansión en el barrio más exclusivo de París, y también posee en Francia un castillo del siglo XVIII rodeado de amplios jardines, además de una larga colección de coches de lujo y aviones. Sus posesiones en Marruecos suman hasta doce palacios y mil sirvientes, cuyo mantenimiento asciende a un millón de euros diario.
Por eso, por más que la satrapía alauita alardee de su reforzada alianza -y subordinación- político-militar hacia Washington como aval de su posición de potencia emergente en el noroeste africano, la realidad es el régimen marroquí se levanta sobre un polvorín de antagonismos, sobre un vasto abismo de desigualdad y miseria para el 90% de las clases populares, que puede estallar en cualquier momento. Y este terremoto puede haber generado ya las primeras grietas.