La gran movilización de Madrid por la sanidad pública es un éxito popular y debería ser tomado como punta de lanza de una necesaria movilización general, que ya está aflorando en varias comunidades con gobiernos de distinto signo. Como dijo Almodóvar en la manifestación “la sanidad pública es algo que es trasversal, no es una cuestión política, y nos afecta a todos”. Marea blanca por la sanidad pública, sí, ¡en toda España!
El deterioro de la sanidad pública aqueja todo el país, todos los territorios, porque es un proyecto estructural de los grandes capitales financieros, nacionales y extranjeros.
Un mal medular, que se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles. Según una reciente encuesta del sindicato de enfermería SATSE, el 48% de los españoles considera que la sanidad pública ha empeorado desde la pandemia de la COVID-19 y el 86% considera que el Gobierno y los partidos políticos no están cumpliendo con los compromisos adquiridos para mejorarla. Los principales problemas son las listas de espera (70,5%), seguido por la falta de profesionales (59%) y la saturación de los centros (54%). También el escaso tiempo en la atención (36%), el cierre de unidades y servicios (32,5%), y la atención no presencial (25%).
La sanidad, una viga estructural
Podríamos nombrar seis vigas estructurales sobre los que los ciudadanos aspiramos a levantar proyectos dignos de vida. El empleo, la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación (formación) y el sustento en la vejez. Y dentro de cada pilar hay unos mimbres de calidad mínima que el estado debería ser garante, sin detrimento de que haya quien pueda de forma privada optar a mejores condiciones.
Los mimbres de la sanidad pública son la atención primaria, que es la puerta de entrada y debería ser la gran promotora preventiva; las urgencias y los trasplantes como los auténticos salvavidas en las situaciones críticas; y una atención especializada, hospitalaria, residencial y ambulatoria, capaz de lidiar con las condiciones más crónicas y graves.
Que haya un poder público que garantice el desarrollo y mejora de esto mimbres en bien de mejorar la salud colectiva es una aspiración histórica de los movimientos sociales y políticos avanzados. Y para ello, claro está, la necesaria financiación para asegurar una cobertura global, para dotar a la sanidad de profesionales formados y bien pagados…
Ni recortes, ni privatización
Este patrimonio público se puede potenciar y mejorar con el desarrollo económico y tecnológico; o se puede deteriorar para que otras manos, manos privadas, pasen a gestionarlo en beneficio propio.
Lo que estamos viviendo es una ofensiva que trata de roer estos pilares en toda España. Madrid es sólo la cara más soez, pero haría falta una marea blanca en cada comunidad, en Euskadi, en Valencia, en Catalunya, en Andalucía… donde las listas de espera, las urgencias colapsadas, los cierres de servicios y camas, la sobrecarga y la atención deficiente son ya un creciente mal endémico.
Que unos gobiernos pongan mayores trabas y otros menos al deterioro de la sanidad pública, afecta al ritmo pero no detiene una tendencia dominante.
Los médicos de Cantabria, con gobierno del PRC de Revilla, han empezado su paro por tener que atender a 60 pacientes por jornada, lo cual no garantiza un mínimo de 10 minutos de atención. En Aragón, con gobierno del PSOE, los profesionales amenazan con hacer lo propio. En Navarra, con un gobierno de coalición (PSOE, Geroa Bai y Podemos), el Sindicato Médico ha convocado la huelga para febrero por tener que cubrir bajas doblando turnos.
Que esto viene de lejos lo sabemos. Sí, la privatización de la sanidad nació pegada a la sanidad pública desde su mismo nacimiento. Porque está nació como una concesión de los grandes capitales ante el empuje revolucionario del movimiento obrero y popular en la lucha antifascista de los sesenta y setenta. La sanidad pública ha sido una conquista popular, pero a la vez la correa de transmisión de los grandes capitales farmacéuticos; y de forma creciente, de los grandes capitales financieros, nacionales y extranjeros.
Gracias al papel del estado, pasan a gestionar partes crecientes del patrimonio acumulado por la sanidad pública (la mal llamada colaboración público-privada, externalizaciones, derivaciones), a la vez que ejecuta los recortes financieros, fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducciones de personal y precarización, degradación y cierre de infraestructuras públicas cuyo resultado es un auge del aseguramiento sanitario privado.
Y todo ello, en una correlación de fuerzas zigzagueante, en la que el viento popular de lucha contra los recortes tiene un protagonismo activo en esta última década. En 2014 consiguió paralizar la privatización de 6 hospitales públicos en Madrid; la recuperación para la sanidad pública del privatizado hospital de Alzira en Valencia en 2018; y otras conquistas menos conocidas como la reciente paralización del cierre del servicio nocturno del ambulatorio de Deusto en Bilbao.
Un viento que precisa de un norte de redistribución de la riqueza que permita blindar una sanidad a prueba de recortes y de pandemias, gestionada por sus profesionales y al servicio del pueblo.