Manuel Balber y Jesús Galván no son delincuentes ni miembros de una banda armada. Son trabajadores del metal de Cádiz, sindicalistas conocidos en los astilleros y en las movilizaciones obreras de la Bahía, que hoy denuncian estar siendo castigados por defender los derechos de sus compañeros. Ambos aseguran haber sido incluidos en “listas negras” del sector naval, un mecanismo de represalia patronal que, aunque nunca se reconoce oficialmente, sigue funcionando como un arma silenciosa contra quienes levantan la voz.
El caso ha vuelto a sacudir Cádiz después de las protestas protagonizadas por Balber y Galván en Navantia. Su imagen, encaramados durante semanas a una grúa del astillero gaditano, se convirtió en símbolo de la desesperación de muchos trabajadores precarios del metal. Lo que denunciaban era claro: tras años de actividad sindical y participación en huelgas, encontrar empleo se había convertido en una misión imposible.
Tanto Balber como Galván sostienen que empresas auxiliares y contratas del sector les cierran sistemáticamente las puertas por su militancia sindical y por haber participado activamente en las luchas obreras de los últimos años. Una acusación gravísima que conecta con una vieja práctica de persecución laboral profundamente arraigada en determinados sectores industriales.
Una práctica propia de los señoritos, de los patrones. En otros tiempos alentaban el pistolerismo contra los sindicalistas. Ahora los condenan a un gélido ostracismo laboral.
La respuesta institucional ha sido fría. Mientras el Gobierno destacaba el “desalojo pacífico” de la protesta en Navantia, los trabajadores denunciaban el enorme despliegue policial y el trato recibido. “Nos han tratado como si fuéramos una banda armada”, denunciaron tras el operativo que puso fin a la acción de protesta.
Pero si algo ha demostrado este conflicto es que la solidaridad obrera sigue viva en Cádiz. Desde el primer día, compañeros del metal, colectivos sindicales y vecinos de la Bahía han arropado a Balber y Galván. Las cajas de resistencia, las concentraciones y las campañas de apoyo se han multiplicado en los barrios obreros y a las puertas de los astilleros.
Las protestas convocadas frente a sedes del PSOE y las muestras de apoyo de distintos colectivos reflejan un malestar que va mucho más allá de dos casos individuales. Muchos trabajadores ven en Balber y Galván el espejo de una realidad conocida: la precariedad, el miedo y las represalias contra quienes se organizan.
En una provincia castigada históricamente por el paro y la dependencia industrial, las “listas negras” representan algo más que un castigo laboral. Son un intento de disciplinar a toda una clase trabajadora. Porque cuando despedir no basta, el siguiente paso es impedir que vuelvas a trabajar.
Sin embargo, Cádiz también tiene memoria. La misma tierra que ha protagonizado algunas de las huelgas más combativas del Estado vuelve a responder desde abajo. Frente al silencio de las empresas y la pasividad institucional, la solidaridad popular se ha convertido en el principal escudo de dos trabajadores cuyo “delito” ha sido no agachar la cabeza.