El 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley con una serie de medidas para revertir el continuo aumento del precio de la luz. Propuestas que son fruto de la movilización popular y que suponen un avance. Pero que son insuficientes al no cuestionar la verdadera fuente de ganancia de las eléctricas.
El precio de la luz no para de subir. Según la organización de consumidores FACUA, la factura de la luz de un consumidor medio es 40 euros más cara que hace 15 años, se ha encarecido un 92%. Hemos batido records históricos en nuestro país, superando los 800 euros de media anual. Gracias a ello, en España, 4’6 millones de personas viven en situación de pobreza energética.
El gobierno ha decretado una serie de medidas para revertir este continuo avance en el precio de la luz.
La principal propuesta es una ampliación del bono social eléctrico que ya impulsó Mariano Rajoy el año pasado. Ahora podrán recibir el bono las familias monoparentales y personas en situación de dependencia. Estará prohibido cortar la luz en casas con al menos un menor de 16 años o donde viva como mínimo una persona con un nivel de discapacidad del 33%. Se ha creado un bono social térmico al que acceden todos los que perciben el bono social eléctrico.
Otra medida es la suspensión durante seis meses del impuesto sobre generación eléctrica y sobre hidrocarburos. El ministerio calcula que su suspensión supondrá un ahorro del 7%, el equivalente a 6 euros para una factura media.
Y también se ha prohibido la contratación puerta a puerta.
¿Son suficientes?
Al poco de saberse la noticia, sindicatos y organizaciones de consumidores han criticado las medidas, al no suponer un avance cualitativo.
UGT califica las medidas de “insuficientes”. OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) afirma que las propuestas aprobadas “van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas”. FACUA es más crítica, describiéndolas como “vergonzosas”.
Parece existir un consenso en torno a que las medidas no son suficientes ¿pero por qué no lo son realmente? Porque no cuestionan el monopolio que existe sobre la luz.
En la actualidad, cinco empresas controlan el 70% de la energía que se genera y el 80% de la que se comercializa en España. Tres de ellas son las principales: Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Estos tres gigantes tienen la capacidad de imponer los precios que ellos consideran para engordar sus cuentas de beneficios. Lo hacen vinculado el precio de la energía a una subasta mayorista, un tipo de subasta en donde participan toda la energía producida por diversos medios (eólica, hidráulica, gas, carbón, etc.) y se fija el precio de la luz en virtud de la energía que cuesta más de producir, aunque se haya producido más con las otras fuentes.
Las medidas del gobierno de Sánchez no han caído del cielo. Son producto de las demandas y luchas populares que se han extendido por todo el país y han hecho posible el surgimiento de un gobierno de progreso. Por ello mismo, deben ser considerados un avance.
Pero están condenados a ser meros parches si no se cuestiona directamente un sistema de imposición de precios bajo control de los monopolios de la electricidad. Solo así podremos detener la imparable subida de la luz, que va directa a la cuenta de beneficios del monopolio eléctrico.