Con el 80% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha proclamado ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia.
La participación en las 20.036 mesas dispuestas por todo el país, del 59%, ha sido trece puntos más altas que en 2018, pero entre quince y veinte puntos más baja que las citas con las urnas de 2013, 2012 o 2006, lo que evidencia cierto nivel de desafección política tras años de acusada polarización.
La jornada electoral, empero, se desarrolló de manera tranquila y sin incidentes destacables, y fue supervisada por 910 observadores internacionales de 107 países de todo el mundo, incluídos varios parlamentarios españoles del PSOE, IU. Podemos, Bildu o las CUP, que han calificado el funcionamiento del sistema de «limpio» y «fiable».
De acuerdo a estos resultados provisionales, Nicolás Maduro ha sido reelegido como presidente venezolano para los próximos 6 años, pero lo hace acusando un importante nivel de desgaste, perdiendo un 17,5% de los votos respecto a sus anteriores resultados, pero casi un 40% de los apoyos que tenía el chavismo hace veinte años.
Además del lógico desgaste tras 25 años de gobierno, es el resultado de décadas de duro cerco económico impuesto por Washington (con hasta 926 sanciones impuestas por EEUU, la UE y otros países occidentales) que han provocado el empobrecimiento extremo de amplias capas del pueblo. Pero también de severos errores y excesos del gobierno a la hora de tratar las contradicciones en el seno de la sociedad venezolana, así como de no pocos casos de corrupción por la existencia de redes clientelares.
Del cuestionamiento de los resultados a la exigencia de transparencia
Sin embargo, la oposición ha cargado duramente contra el veredicto de la CNE a la que acusan de estar controlada por el chavismo. “Es un ultraje a la verdad”, ha protestado la líder opositora María Corina Machado, denunciando supuestas irregularidades en la transmisión de las papeletas.
La actitud de diferentes gobiernos también oscila entre la cautela y la exigencia de transparencia, ya que todas las encuestas vaticinaban la victoria, por primera vez en lo que va de siglo, de la oposición.
El ministro español de exteriores José Manuel Albares, ha pedido “total transparencia” sobre el resultado y reclama que se hagan públicas las actas “mesa por mesa para que los resultados puedan ser verificados”.
En una línea similar, exigiendo transparencia en el recuento, están los gobiernos de Chile o Colombia, que han pedido una auditoría independiente de los resultados electorales
El gobierno brasileño de Lula da Silva o el mexicano de Claudia Sheinbaum, ambos representantes del Grupo de Puebla, mantienen silencio. Otros gobiernos, como Perú, Uruguay y Costa Rica, ya se han lanzado a hablar de fraude.
Sin embargo, las señales que llegan de Washington -el tradicional principal emisor de desestabilización y polarización en Venezuela- no parecen buscar una escalada de tensión, sino que transmiten contención y cautela.
El Centro Carter ha observado todo el proceso electoral en Venezuela y emitirá un dictamen el martes. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha exigido a las autoridades venezolanas publicar la relación detallada de los votos, pero el primer tuit de Kamala Harris no parece llamar a un cuestionamiento abierto de los resultados: En twitter, la casi segura candidata demócrata llamó a a “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y a “seguir trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro”.