El Gobierno ha tenido que rendirse por fin a la evidencia de que, pese a los esfuerzos realizados hasta el momento y las sucesivas vueltas de tuerca de la reforma financiera, ni Europa ni los mercados internacionales confían en la solidez de la banca española y en las medidas llevadas a cabo para asegurarla. Menos de una semana después de que haya sido aprobada la última reforma del sector, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha visto obligado a anunciar que el Banco Central Europeo (BCE) -en una decisión sin precedentes- ha decidido «cooperar» de forma activa en la supervisión del sistema bancario español, comenzando por el próximo ejercicio de valoración de activos y la creación de los denominados bancos malos. Como Guindos explicaba ayer parafraseando a Antonio Maura, España no solo no teme a la «luz y los taquígrafos» en este ámbito, sino que en la coyuntura actual los precisa, dada la urgente labor de reconstruir la confianza en la solvencia del sector bancario y en las posibilidades de recuperación de la economía española.
A nadie se le escapa que la primera consecuencia de la medida impuesta por la institución que dirige Mario Draghi es la confirmación oficial de la profunda desconfianza que se ha ido generando dentro y fuera de nuestras fronteras hacia el papel ejercido por el Banco de España -a quien correspondería la tarea que ahora asumirá en parte el BCE- en la gestión de la reforma financiera. Una desconfianza que supone un torpedo en la línea de flotación de la institución, cuyo prestigio y peso ha ido mermando desde que se desencadenó la crisis financiera y cuya rehabilitación es una tarea fundamental que más pronto que tarde es necesario acometer.