Los recates llevados a cabo por el Partido Popular desde su ascenso al poder ha costado a los españoles la friolera de 242.751 millones de euros. Una cifra estremecedora que equivale a cerca del 25% del PIB español. El montante le va a costar a cada trabajador 13.816,92 euros (resulta de dividir el total entre el número de trabajadores, ya que son los que lo van a pagar a través de impuestos). Si tomamos a toda la población sería una cifra cercana los 6.000 euros. Un trabajador con el salario mínimo, 648,60 euros tras la última subida, necesitaría trabajar hasta 21 meses para poder pagar ese rescate.
La dureza de la crisis económica vivida en España dejó en evidencia la fortaleza de un gran número de entramados empresariales públicos y privados. Algunos de ellos, sobre todo los públicos, el Gobierno decidió acudir a su rescate sociabilizando pérdidas, algo que pone de relieve que el sistema que opera en España dista mucho del capitalismo que se quiere vender.
La cantidad resulta insultante cuando lo comparamos con otros gastos que tiene la Administración central. Los 100.000 de rescate a la banca, los 105.000 que han dilapidado las Comunidades Autónomas, más de 4.000 en autopistas, los rescates a aeropuertos o paradores. Supondría pagar casi durante 2 años las pensiones. Supera en más de diez veces el dinero que se destina a prestaciones por desempleo. Con tal espeluznante cifra, que va a pagar con sus impuestos cada ciudadano, se podrían haber construido más de 600 hospitales con equipamiento de última generación y con capacidad para recibir diariamente a cerca de 4.000 personas.
Rescate a las Cajas
La palabra rescate se ha apropiado del día a día durante los últimos años, más acentuado el que se llevó a cabo a las Cajas de Ahorro. Las entidades que se convirtieron en el brazo financiero de los políticos autonómicos supusieron un agujero de más de 100.000 millones para la economía española. La suma de tal cantidad excede los datos que se manejan. Más allá de inyecciones directas de capital, se excluyeron diferentes apartados, por ejemplo los 50.781 millones de euros que poseía la SAREB cuando se creó. Del total, un 45% era capital público del FROB.
Con el llamado ‘banco malo’ se produjo una socialización de las pérdidas que provoco un incremento del gasto público. Su creación vino impuesto por el memorando con la Troika y gracias a un maquillaje fiscal se consiguió que no computara como déficit. La fórmula fue conseguir que el Estado ‘solo’ pagase con dinero público un 45% del banco malo, evitando que computase en el déficit. Aunque eso no cambió que ese 45% saliera de los bolsillos de los ciudadanos.
Comunidades Autónomas insaciables
Las políticas de gasto faraónico en obra pública llevado a cabo por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no solo arruinaron a muchas cajas de ahorro sino también deterioraron sus propias cuentas. Desde el 2012 la Administración Central ha utilizado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el ICO, el Pago a Proveedores, varios anticipos y más recientemente la financiación a tipo cero de la deuda de las CC.AA.
La voracidad de los territorios autonómicos se ha traducido en un multimillonario rescate, dinero inyectado a las cajas aparte, de más de 100.000 millones. A través del FLA, desde su puesta a punto en 2012, se han dado a las CC.AA cerca de 63.000 millones para que hicieran frente a sus pagos. Ahí no queda la cosa, puesto que en concepto de Pago a Proveedores se han aportado otros 42.000 millones. Obviamente, todo ese dinero que ha servido para pagar muchas facturas y evitar la quiebra de numerosas pymes ha salido de la cartera de los trabajadores.
A pesar de todo, no parece que el coste de los territorios autonómicos va a dejar de crecer tras el último rescate anunciado por Cristóbal Montoro. La Administración Central, dícese de los trabajadores españoles, financiará a las CC.AA asumiendo los intereses que deberían pagar las CC.AA.
Rescate de obra pública y privada
La llegada de dinero fácil desde Europa a España propició el auge de la construcción no solo de obra privada en forma de viviendas, sino de obra pública. El gasto que ha tenido que soportar el contribuyente no solo ha sido esas faraónicas construcciones, sino rescatar otras de gasto privado.
El proceso se ha encallado entre el ministerio de Fomento y los acreedores. Bajo la atenta mirada de Hacienda se ofrece una quita del 50% de una deuda de 3.600 millones y el pago del resto con emisión de bonos a 30 años. Aunque las cifras están sobre la mesa, los acreedores no han dado el visto bueno. Si las negociaciones no llega a buen puerto el agujero en términos de deuda asumida y reclamaciones judiciales por expropiaciones, supera los 4.000 millones de euros.
Además, el Estado también ha tenido que asumir millonarios recates por los aeropuertos de Corvera o Castellón, por más de 200 millones. Incluso asumir el coste de la deficiente gestión y negocio que ha supuesto el negocio de los paradores, con un agujero de 127 millones, en más de cinco rescates.
Rescates Eurozona
La victoria de Syriza en Grecia y su ‘no’ al pago de la deuda destapo, una verdad que se conocía sólo en círculos muy técnicos, que España había destinado cerca de 33.000 para el rescate del país heleno. El director del IESEG School of Management, Eric Dor, publicó que en una posible quita total de la deuda griega se traduciría en una pérdida para España de 32.744 millones: 693 euros por habitante, o de otra forma, que cada griego nos debe a los españoles 3.000 euros.
El montante total se divide en varias partidas: 6.650 millones en préstamos bilaterales que se concedieron bajo el mandato de Zapatero. Algo más de 18.000 millones suscritos para el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que ha prestado cerca de 140.000 millones a Grecia. Además, 5.394 a través del pago interbancario y 2.587 como proporción de la deuda griega que ha comprado España.