Las negociaciones entre los diferentes partidos con vistas a la investidura, antes de Feijóo y ahora de Pedro Sánchez, llenan horas y horas en los medios. Pero apenas nos dicen nada sobre lo que de verdad va a determinar la actuación del próximo gobierno.
Cuestiones nodulares que no dependen de lo que los españoles votamos el pasado mes de julio, sino de las imposiciones internacionales que cualquier ejecutivo, sea del color que sea, deberá acatar.
El actual gobierno en funciones acaba de reconocer, en un documento enviado a la Comisión Europea, que para cumplir con los objetivos de reducción del déficit y la deuda, serán necesarios “nuevos ajustes en el gasto”. Traducido a un lenguaje que todos entendemos, hay que leer recortes -en sanidad, educación, pensiones…- donde se escribe “ajustes”.
En el Plan Presupuestario que se debe enviar cada año a la Comisión Europea, el gobierno español declara que “se acabó la corrección del desfase presupuestario solo confiando en la recuperación del crecimiento económico”.
¿Qué se esconde detrás de este alambicado lenguaje?
A partir de 2025 volverá a entrar en vigor las “reglas fiscales”, que imponen a cada país de la UE un déficit público por debajo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no supere el 60% del PIB. Durante la pandemia quedaron en suspenso, para poder hacer frente a la enorme inyección de dinero público necesaria para evitar una hecatombe mayor. Pero ahora ha decretado el finan de la “barra libre” en el gasto público. Hay que volver a la “austeridad”.
España no solo ha aceptado el envite sino que se ha planteado estar en el “pelotón de vanguardia” en su cumplimiento. El actual gobierno se ha comprometido con Bruselas a alcanzar el nivel del 3% de déficit en 2024, un año antes de lo necesario.
Significaría un vertiginoso recorte del déficit, desde el 4,8% registrado en 2022 al 3% comprometido en 2024.
Pero el gobierno de Pedro Sánchez ha repetido una y otra vez que “no se conseguirá con recortes” sino gracias al aumento de ingresos en las arcas públicas proporcionados por “el robusto crecimiento de la economía española”.
Y aquí es donde llegamos al momento decisivo. Ahora, no públicamente sino en una misiva dirigida a la Comisión Europea, el gobierno español reconoce que no será posible. El crecimiento reportará más ingresos, pero para colocar el déficit por debajo del 3% a partir de 2024 serán necesarios “nuevos ajustes” en el gasto. Es decir, gastar menos en algunas partidas. Recortes.
Lo que ya nos han recortado
No es verdad que la reducción del déficit previa a 2024 vaya a ser “indolora”.
Se basa principalmente en la retirada del llamado “paquete de medidas anticrisis”, aprobado por el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia o de la inflación. Y que supone un gasto de 13.000 millones de euros.
Abarca las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad, gasolina o alimentos, que han aliviado, a cuenta de las arcas públicas, la factura de la luz o el encarecimiento de la cesta de la compra.
Incluye también las subvenciones sectores a los transportistas, al campo y la industria, o medidas como la gratuidad de algunos transportes públicos.
Todas estas ayudas, que configuran el grueso de lo que el gobierno ha llamado “escudo social”, dejarán de existir.
Es una exigencia de la UE y del FMI, que el gobierno español va a cumplir.
Y que notaremos en nuestros bolsillos. Eran medidas paliativas, que no cuestionaban el atraco de eléctricas, petroleras o gigantes de la alimentación, pero que suponían un pequeño alivio. Ahora ya no tendremos ni eso.
Lo que nos recortarán
¿A cuánto ascienden los nuevos recortes que el gobierno ya anticipa?
En la negociación sobre las nuevas reglas fiscales la Comisión Europea fija un suelo de reducción del déficit del 0,5% del PIB. Que en nuestro caso supondría un hachazo de 7.100 millones anuales.
El FMI ha exigido a España “una senda mas ambiciosa de consolidación fiscal” que “empiece por un ajuste de 7.500 millones anuales”.
Y Alemania, encabezando a los “halcones” europeos de la ortodoxia fiscal, exige recortes equivalentes al 1% del PIB. Para España un hachazo de 14.270 millones cada año.
La AiREF, el organismo creado por imposición de la UE tras el “rescate-atraco” de 2012, y que cumple el papel de “policía de los recortes”, ha cifrado el “ajuste” necesario en 30.000 millones hasta 2026.
Es casi el triple del total de ayudas concedidas por el “escudo social”. Por cada euro ahora nos quieren quitar tres.
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No se cumplirá la promesa de que la inversión pública en sanidad supere el 7% del PIB
Una sanidad por debajo de nuestras posibilidades
El gobierno prometió que la inversión pública en sanidad se incrementaría, hasta fijar un mínimo equivalente el 7% del PIB. ¿Se ha cumplido este compromiso?
La pandemia obligó a elevar el gasto público sanitario hasta el 7,5%. Pero ese esfuerzo no se ha mantenido. Al contrario, se ha reducido. En el plan presupuestario enviado por el gobierno español ha Bruselas se contempla un gasto público en sanidad del 6,7% del PIB. Por debajo de lo prometido, y muy por debajo de lo invertido en 2020.
La infrafinanciación de la sanidad pública debilita una de las “joyas de la Corona” del sistema de bienestar. Nuestra salud sale perjudicada. Y los únicos que se benefician son los grandes monopolios de la sanidad privada.
Los recortes en sanidad perjudican nuestra salud y solo benefician a los gigantes de la sanidad privada
Según el Ministerio de Sanidad hemos alcanzado un triste récord en las listas de espera: casi 800.000 personas esperan que deben pasar por el quirófano no lo han hecho todavía. Una espera que de media alcanza los 120 días, pero que en determinadas especialidades llega a los 400 días… más de un año.
Si miramos a los países europeos de nuestro entorno, con los que debemos compararnos, el gasto público en sanidad está entre el 8,5% y el 10% del PIB. Para igualarnos con ellos necesitaríamos aumentar el gasto público en sanidad entre 25.000 y 47.000 millones más cada año.