La Unión Europea plantea dos advertencias de futuros recortes sobre España: la petición de que se rebaje más el gasto público otros 7.800 millones para reducir así la Deuda financiera a un mayor ritmo; y que justificado por el Brexit, se augura una seria disminución de las ayudas para fondos estructurales y a la agricultura en varias regiones de nuestro país, dinero que realmente se va a gasto militar en Europa.
Felicidades, van ustedes bien; nos dice la Comisión Europea. Efectivamente, aunque el gasto anual del Estado aún es mayor que sus ingresos; esa diferencia ya no excede el límite del 3% (la UE lo había marcado como la línea roja que motivaba la intervención de las cuentas). Ahora bien, acto seguido de la suave aprobación, viene la dureza de pedir más recortes: La Comisión «invita a las autoridades a tomar las medidas necesarias», de manera que las cuentas de 2019 incluyan un mayor ajuste estructural y que éste permita ir bajando más rápido la enorme Deuda Pública
Tutelados
Al presentar en Bruselas las cuentas anuales de España y la carta con los cálculos de los presupuestos para el próximo ejercicio, los organismos europeos encargados de supervisar los números, reconocían la tendencia a rebajar el déficit anual y también subrayaban como positivo que la Deuda Pública había disminuído respecto al PIB (aún siendo elevada todavía -97%-).
El tono de los diferentes supervisores ha sido claramente conciliador, lejos de las amenazas e imposiciones del pasado: «Tenemos en cuenta todas las medidas en la carta y les doy la bienvenida. Pero somos más cautelosos a la hora de analizarlas», escribía el comisario europeo de Asuntos Económicos.
Sin duda en el nuevo tono y el suave trato no son las cifras las que más infuyen, sino la situación de debilidad en que deja a la Unión Europea la salida de Reino Unido, que a su vez revaloriza el peso de España como cuarta economía de la zona Euro; pero especialmente como el país más importante con Alemania y Francia que se declara a favor de fortalecer la UE.
La política, como no puede ser de otra manera, manda sobre la economía. Y España, la misma nación que hace apenas unos años era uno de los llamados PIGS, (Portugal, Ireland, GreeK, and Spain) condenados a la degradación, es hoy, por la magia del nuevo peso relativo que ostenta, un socio ante el que ser corteses.
A recortar
Ahora bien, la seda envuelve el hierro. Y la Comisión Europea al estudiar los presupuestos presentados por el gobierno de Sánchez (y cuyo rechazo en el Congreso motivó las elecciones) ya advertía que «El borrador presupuestario presentado por España se encuentra en riesgo de incumplimiento». O en palabras del vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis: «Pedimos que tomen medidas necesarias para asegurar que el presupuesto de 2019 cumplirá con las normas de disciplina fiscal europea». Disciplina fiscal, es menor gasto público. Y la comisión lo tiene fijado en un 7.800 millones de euros. Es una cantidad notable, el 0,65% del PIB. Está el aire en qué capítulos concretos se recorta, teniendo en cuenta que tras las elecciones unos nuevos presupuestos estatales tendrán que ser reenviados a Bruselas para su revisión; pero la Comisión Europea ya ha apuntado a un blanco: “Se espera que el déficit (en España) disminuya aún más. Sin embargo, las medidas incluidas en el borrador presupuestario presentado al Parlamento a principios de abril, en particular el recorte fiscal para personas con bajos ingresos, la subida de las pensiones mínimas y el aumento del 1,75% del sueldo para los empleados públicos perjudicará el ritmo de reducción del déficit”, pensionistas, trabajadores con sueldos más bajos y funcionarios, son las víctimas preferidas de Bruselas.
Y esto cuando además, la mejora en las cuentas públicas no se apoya en la reindustrialización del país, ni en una más justa redistribución de la riqueza, sino en el incremento de la recaudación de impuestos, cuya parte del león ya recae sobre la parte de la población trabajadora con rentas más bajas, seguidos de los autónomos y Pymes.
Así que cualquier exigencia de «disciplina» apunta a cuanto mínimo dejar el gasto social aún por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Lejos de la demanda popular de revertir los recortes sufridos.
Del Brexit al campo
Y donde se anuncia un varapalo importante es en los fondos que se destinan a subvencionar la agricultura y a financiar infraestructuras de las zonas más atrasadas en inversiones.
El Brexit, la salida de Reino Unido, altera todo el reparto de compensaciones entre países, y la UE acepta cargar con la importante parte que Londres asumía en Defensa. España sería uno de los Estados miembros más perjudicados. Desde 2014 hasta 2020, nuestro país tiene asignados 45.000 millones en subsidios agrícolas y 37.400 millones en ayudas a las regiones. Y para el siguiente periodo hasta 2027 se anuncia una bajada notable de estos fondos.
Bruselas no tiene aún una cifra definitiva sobre qué porcentaje se retirará de los Fondos Estructurales con los que se realizan inversiones en las regiones menos desarrolladas, y sin duda será otra vez la lucha política en su seno lo que decidirá qué países y sectores salen más perjudicados. Ahora bien, la estimación más dura que maneja la Comisión Europea es de un recorte de hasta el 33% en el conjunto de la UE. Eso implicaría que en España todas las comunidades autónomas sin excepción, dejarían de recibir subvenciones comunitarias. En caso de que el recorte se limitase a un 20% para toda Europa, España dejaría de recibir 3.400 millones y sólo Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia mantendrían algunas ayudas.
Y en torno a las ayudas al campo, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea anuncia un recorte del 3,5 por ciento para España, (aunque está en discusión y hace unos meses su objetivo era reducirlas en un 5%), lo que supondría unos 1.500 millones menos en los próximos 6 años.
Cuestión de prioridades
Estas rebajas en las ayudas no están obligadas por falta de presupuesto europeo, sino que se propone atender a la exigencia de Trump de que la UE cargue con mayor parte del gasto militar, y así en la propuesta de cuentas comunitarias se incrementa este gasto un 40% para llegar a los 4.800 millones y crear un fondo de defensa de 13.000 millones, más otro aumento de un 26% el gasto en acción exterior, hasta los 126.000 millones de euros. Y demostrando que no es por falta de dinero sino por una decisión política, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha propuesto crear un fondo extra de 10.500 millones para Defensa.
España tiene una mejor situación para defender los intereses nacionales en el tira y afloja de las relaciones europeas que en la última década. Ahora bien, la pulsión de las Burguesías monopolistas Alemana y Francesa es a imponer sus intereses, y obtener ganancias del resto. El futuro Gobierno sometido a la doble presión de EEUU y Berlín, sólo podrá contribuir a defender los intereses del 90% de nuestra sociedad en la medida que decida ejercer algún nivel de autonomía e independencia nacional. La amplia movilización popular en las urnas estas pasadas elecciones así lo avala y lo exige.