Si los recortes y las restricciones presupuestarias, la reducción de becas y ayudas y la austeridad impuesta por Bruselas no han pasado una factura mayor al sistema educativo catalán es porque las familias -también los colegios y los profesores a título particular- han arrimado el hombro. Los padres de los alumnos catalanes, que el año pasado destinaron una media de 505 euros por niño a gastos de enseñanza, han aumentado desde el 2007 un 19,1% su presupuesto para educación. Mientras tanto, la inversión de las administraciones públicas en este ámbito ha caído un 11,1% en el mismo periodo. Lo recoge un informe elaborado por la oenegé Save the Children, donde se alerta de la necesidad de romper de una vez con esta tendencia, que amenaza con quebrar la equidad educativa y perpetuar las desigualdades sociales.
«¿De qué sirve que un niño disponga de un aula y un profesor si le faltan los libros, el material escolar o su alimentación no es la adecuada? La equidad educativa significa garantizar un sistema justo, inclusivo y de calidad que asegure el derecho a la educación», clama Andrés Conde, director general de la entidad social. «Hay una serie de costes educativos ocultos, como el precio de los libros o el de las salidas escolares, que han quedado descubiertos, porque se han reducido las becas», constata Guiomar Todó, responsable de Save the Children en Catalunya.
Pese a que la catalana es una de las comunidades autónomas que mejor paradas salen de este análisis, junto con el País Vasco, Navarra y La Rioja, los autores del informe, titulado ‘Iluminando el futuro’, advierten de que el descenso de la inversión pública en educación, unida a la alta tasa de pobreza infantil (24,3%), el elevado abandono escolar prematuro (que afecta a uno de cada cuatro jóvenes, afirman) y el abultado desempleo juvenil (45,9%) son argumentos suficientes como para que la Generalitat adopte medidas para prevenir males mayores.
«Que estas cuatro comunidades estén en una buena situación y que sus políticas educativas estén bien orientadas no quiere decir que no tengan problemas que resolver. Están mejor que el resto de España pero el análisis es distinto si se les compara con otros países de la UE, como Holanda», avisa Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la oenegé.
NO SOLO EN EL COLEGIO«Las administraciones tendrían que poner en marcha, y con cierta celeridad, políticas públicas transversales para garantizar que todos los niños, sean cuales sean los recursos de sus familias, disponen de las mismas oportunidades en materia de salud, de ocio educativo, de prácticas deportivas, de actividades culturales o de acceso a internet», clama Todó.
La oenegé ha elaborado, a partir de 14 indicadores, lo que ha denominado índice de equidad educativa, en el que Catalunya obtiene una nota global de 12,2. Con esta puntuación se convierte en la tercera comunidad mejor colocada, por detrás del País Vasco y Madrid. Si lo que se analiza es la equidad en la escuela, la nota para Catalunya asciende a 15,3, solo superada por los colegios vascos, pero si, en cambio, se evalúa el sistema de igualdad de oportunidades fuera del ámbito escolar, Catalunya cae hasta la décima posición, con una calificación de 9,6.
«Faltan medios para garantizar el acceso al ocio educativo, a las actividades extraescolares», indica la responsable de Save the Children en Catalunya. Y subraya: «Cuando la fractura de la pobreza aumenta también lo hace la fractura educativa y los niños de familias con un nivel socioeconómico más bajo, o los que viven en zonas donde hay más desventaja social, tienen más probabilidades de convertirse en absentistas escolares o de abandonar los estudios sin completarlos».
Por eso, también convendría modificar, opina Todó, el sistema para que «los jóvenes que terminan la educación obligatoria no se queden ahí y prosigan sus estudios». La orientación de los alumnos hacia estudios posobligatorios es determinante, sí, «pero también lo sería el que se facilitara el acceso a la universidad con unas tasas de matrículas más bajas», apunta la responsable de la oenegé.
«La gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños en situación de exclusión social. El derecho de educación como oportunidad para alcanzar el máximo desarrollo personal del niño es algo más que una plaza escolar», concluye finalmente el informe.