El ayuntamiento encabezado por Ada Colau ha comunicado su decisión de no ceder locales municipales para el 1-O. Con Barcelona junto al resto de los ayuntamientos que se han negado, la suma de la población de las ciudades que han rehusado reúnen a 2,6 millones de habitantes.
Tras el plazo de 48 horas dado por la Generalitat para que los ayuntamientos de Cataluña aclararan si van a ceder sus locales para el 1-O, las cartas municipales han quedado sobre la mesa. Aunque un total de 682 ayuntamientos -de los 947 de Cataluña- se han prestado a apoyar la convocatoria, no representan más del 34% de la población catalana. En cambio, la mayoría de los municipios de mayor población -ciudades como Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Terrassa u Hospitalet del Llobregat- han contestado negativamente al requerimiento del Govern. Pero el ‘No’ más duro al procés ha sido sin duda el del ayuntamiento de Barcelona: ante la inseguridad jurídica para los funcionarios municipales, Ada Colau ha decidido suspender la cesión de locales para el 1-O.
El requerimiento de la Generalitat a los consistorios catalanes para que cedan espacios municipales para el 1-O se apoya en la recién aprobada ley del Referéndum. Su articulo 29.2 obliga a los ayuntamientos a poner a disposición de la administración electoral del Govern los locales de su titularidad y que se usan habitualmente como centros de votación durante la celebración de jornadas electorales. Los alcaldes de toda Cataluña han recibido una carta firmada por Puigdemont y Junqueras en la que se les insta a comunicar -mediante correo electrónico y en el plazo de 48 horas- la disponibilidad de locales para la votación. Pero como es sabido, tanto la ley del Referéndum como sus requerimientos han sido inmediatemente tumbados por el Tribunal Constitucional, que además ha ordenado a alcaldes, altos cargos de la Generalitat y de los Mossos obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum del 1-O, so pena de enfrentarse a responsabilidades de tipo penal. Se trata de un pulso legal, franco y claro.
De los 947 municipios que hay en Cataluña, 682 ya han contestado que abrirán los colegios y colaboraran en todo lo relacionado con el 1-0. Unos cuarenta han respondido con una negativa y aún quedan por responder más de 200 consistorios.
Sin embargo, aunque sean mayoría los municipios que han respondido afirmativamente, una mirada más concreta esfuma cualquier lectura optimista para los Mas y Puigdemont. Casi la mitad de estos 682 municipios tienen menos de 1.000 habitantes o los superan por muy poco. La realidad es que no suman todos juntos más del 34% de la población catalana. Aunque en las próximas horas se sumen más ayuntamientos a los que responden afirmativamente al requerimiento de la Generalitat, es difícil que ese porcentaje respecto a la población varíe mucho. Los grandes consistorios de los municipios más poblados ya se han decantado, sólo quedan las pequeñas demarcaciones.
Esa proporción -la del 34%- se parece curiosamente mucho a la porcentaje del censo catalán que votó a fuerzas independentistas en las últimas elecciones autonómicas del 27-S de 2015: sólo un 35,52% de catalanes con derecho a voto -1.957.348 personas- lo hicieron por JxSí o las CUP en unos comicios planteados como plebiscitarios, y en los que el campo independentista se movilizó a fondo. Al igual que entonces, el resultado de este pulso legal marca los límites -en cuanto a proporción de apoyos se refiere- del órdago del 1-O.
Sólo Badalona (215.000 habitantes), Reus (103.000), San Cugat del Vallés o Girona (casi 100.000 habitantes) son los ayuntamientos populosos que han prestado su respaldo expreso al 1-O. El resto de los ayuntamientos de las grandes poblaciones catalanas han respondido con una negativa. El PSC gobierna Lleida y Tarragona, que han rehusado prestarse al 1-O. También otras importantes poblaciones del cinturón obrero barcelonés como Hospitalet del Llobregat (segunda ciudad catalana por población con 254.804 habitantes), Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Terrassa, Cornellà, Mataró o Sant Boi de Llobregat se han negado en redondo.
Pero sin duda el pulso se jugaba políticamente en Barcelona. Y el ayuntamiento encabezado por Ada Colau ha comunicado su decisión de no ceder locales municipales para el 1-O. Con Barcelona junto al resto de los ayuntamientos que se han negado, la suma de la población de las ciudades que han rehusado reúnen a 2,6 millones de habitantes.
Es sabido que la alcaldesa y Barcelona en Comú consideran el 1-O como una ‘movilización’ y que han mostrado su disposición a facilitarla como tal. Pero Ada Colau ha dicho una y otra vez que la condición para ceder espacios municipales para la consulta era que no se pusiera en riesgo a los funcionarios. Un requisito de imposible cumplimiento dada la prohibición taxativa del TC. Ante esta disposición, el consistorio barcelonés ha decidido suspender la cesión de locales para el 1-O.
Inmediatamente, la decisión de Colau ha sido atacada con dureza por el PDeCAT. “Colau tiene que decidir si está con el Parlament o con el TC, si está con Puigdemont o con Rajoy”, le ha dicho el portavoz nacionalista en el consistorio, Jaume Ciurana, ocultando lo que ocurrió el 9-N de 2014: entonces Xavier Trías (CiU) tampoco cedió ningún espacio municipal por las mismas razones.
En todos los municipios cuyos ayuntamientos han contestado negativamente al requerimeinto, el Govern deberá habilitar los locales propiedad de la Generalitat para realizar el 1-O, corriendo ellos con la responsabilidad. Pero lo que está claro es que, en este pulso dentro de la batalla, han sufrido una sonora bofetada que ha dejado entrever una vez más, las fisuras, contradicciones y límites de la huida hacia adelante que es el 1-O.