Prácticamente nadie cuestiona que multiplicar el gasto público es condición urgente y necesaria para afrontar la triple crisis, sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos. Los presupuestos presentados por el gobierno -que se siguen debatiendo en el Congreso y el Senado donde podrán sufrir cambios y ajustes- responden a esa urgencia con el mayor gasto social de la historia, casi 240.000 millones de euros destinados a sectores como la Sanidad y Educación, a mantener el poder adquisitivo de las pensiones o al Ingreso Mínimo vital y otros gastos sociales. Y en este sentido hay que apoyarlos.
Unos presupuestos sociales, esa es la principal característica de estos Presupuestos.
Son los presupuestos presentados por el gobierno de coalición más a la izquierda de Europa y que reflejan la influencia de lo que venimos llamando el “viento popular”, una mayoría social de progreso ampliamente movilizada en los últimos años, desde las luchas de amplios sectores del pueblo trabajador al movimiento por las pensiones, pasando por las movilizaciones feministas, que han obtenido victorias (como la revalorización de las pensiones con el IPC) y cuyas demandas y reivindicaciones han de ser tenidas en cuenta.
1) Estamos ante los mayores Presupuestos de la democracia,383.542 millones de euros, un 33% por encima de los presupuestos actuales prorrogados del último gobierno de Rajoy, y con el mayor gasto social de la historia: 239.765 millones, el 62,5%, serán de gasto social, imprescindible para hacer frente y proteger servicios esen ciales como la Sanidad y a los sectores más castigados en sus condiciones de vida y trabajo por los efectos de la crisis asociada a la pandemia.
2) Los presupuestos consolidan la revalorización de las pensiones con el IPC. Todas suben un 0,9% según las previsiones de subida de precios para 2021. Y el doble, el 1,85% las más bajas, las no contributivas.
Y también sube el 0,9% los salarios de los trabajadores públicos.
3) Hay una subida general del presupuesto destinado a todos los sectores vitales como Sanidad (+75,3%), Educación (+70%), Empleo (+30%, sobre todo para atender los ERT) o Dependencia (+34%).
Además de dotar de presupuesto -3.000 millones de euros- al Ingreso Mínimo Vital y multiplicar por 5 el presupuesto del ministerio de Vivienda.
4) El ministerio de Igualdad sube espectacularmente un 151% más, hasta los 451 millones de euros. La mayor parte se destinará a programas de conciliación (se equiparan por primera vez los permisos de maternidad y paternidad, de 16 semanas) y a la lucha contra las distintas formas de violencia machista.
Así mismo aumenta la dotación de otras partidas sociales, como el presupuesto destinado al Instituto de la Juventud, un 37% más.
2.- Una oportunidad con límites
La segunda característica de estos Presupuestos en la inclusión de 27.000 millones de euros de las subvenciones (dinero que no aumentaría la deuda y no hay que devolver) que han de llegar del Fondo de Recuperación europeo .
El gobierno ha presentado los presupuestos de 2021 como “una oportunidad para iniciar la recuperación económica”. Y ha distribuido esos fondos en partidas que irían en esa dirección. Como los más de 5.100 millones de euros para I+D+i, un 80% más que en 2019. O las importantes partidas que se destinan a Industria y Energía (11.167 millones de euros); y a otros sectores productivos como Agricultura, Pesca y Alimentación (8.405 millones). Sectores que se vinculan con una transición hacia otro tipo de economía basada en las nuevas energías, el desarrollo tecnológico y la reindustrialización, menos dependiente del turismo y de una rama industrial como el ensamblaje de automóviles para multinacionales extranjeras…
El problema aparece cuando los presupuestos descienden a la distribución y el destino de estos recursos y cómo los grupos monopolistas nacionales y extranjeros aparecen como los mejor posicionados para hacerse con la mayor parte de ellos.
Los límites son la tercera característica. La Patronal CEOE ya ha exigido que dos tercios de esos millones, 18.000 millones de euros, por llegar vayan a parar directamente a manos de Bancos, Monopolios y Grandes empresas, cuando éstos sólo crean uno de cada cuatro empleos, evidenciando que en los presupuestos también aparecen los límites que imponen los grandes grupos financieros y monopolistas y el capital extranjero cuando se trata acaparar el dinero público o de fijar su contribución para hacer frente a los costes de la crisis.
Esos límites aparecen con claridad en las limitadas propuestas a la hora de abordar las partidas fiscales. En los Presupuestos los grandes poderes económicos han logrado imponer que para ellos “no rige la subida de impuestos en tiempos de pandemia”. O son mínimas.
Apenas se toca el Impuesto de Sociedades; el impuesto de Patrimonio sube el 1% para las fortunas con más de 10 millones de euros; el IRPF sube 3 puntos para las rentas de capital a partir de 200.000 euros; y en 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000. De conjunto aportan el 11% de los ingresos del Estado:
El 89% de los impuestos sale de las cotizaciones a la seguridad social y del impuesto de la renta de los trabajadores, y de los impuestos indirectos (IVA, …) que pagamos toda la población.
En la distribución de los fondos europeos, los monopolios eléctricos pueden llegar a recibir la tercera parte de todo el presupuesto de Industria y Energía, 3.500 millones de euros, “por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero” y otras compensaciones. Además, Endesa, Iberdrola, Naturgy…, pero también Repsol y varios fondos de inversión aspiran a quedarse con el acceso exclusivo al nuevo programa europeo para la generación de energía verde (eólica, fotovoltaica, de hidrógeno …), cerrando el paso a las pequeñas y medianas empresas e inversores.
La oportunidad que abren los miles y miles de millones que movilizan los Presupuestos queda seriamente limitada si no se afronta su distribución haciendo frente a las reglas del juego que tratan de imponer las élites económico financieras, entre las que el capital extranjero juega un papel determinante, dando oportunidad y recursos a miles de empresas del tejido productivo nacional.
3.- Tres ejes para una alternativa desde la redistribución de la riqueza.
Apoyar los presupuestos sociales que propone el gobierno no es el único camino. Hay otra alternativa a partir de la redistribución de la riqueza.
1º Eje. No hipotecar el futuro del país y a las futuras generaciones multiplicando la deuda.
Una reforma fiscal progresiva, y una renegociación de la deuda para abordar los planes de ayuda sociales de las familias, autónomos y pymes.
Primero. La CEOE no solo propone que el gran capital oligárquico y extranjero acapare el dinero público de las subvenciones, sino que el Estado se siga endeudando con los 68.000 millones de euros en prestamos del Fondo europeo de 140.000 millones. Y emitiendo deuda para que la banca siga haciendo negocio comprando bonos con el dinero prestado sin intereses por el Banco Central Europeo.
Dicen que no hay beneficios para subir impuestos a bancos, grandes empresas, monopolios y multinacionales; y que tampoco es el momento de subir impuestos a las grandes fortunas y patrimonios. En los PGE el impuesto de sociedades aporta sólo el 7% de los ingresos del Estado, el de Patrimonio un 1%, las rentas del capital invertido otro 1%, y las de la propiedad un 2%. El 89% restante de los ingresos públicos sale de las cotizaciones a la seguridad social, del impuesto de la renta de los trabajadores, y de los impuestos indirectos (IVA, …).
Pero entre las 35 mayores empresas y Bancos representados en el IBEX abonaron a sus accionistas este año 9.558 millones. El último informe de Intermón Oxfam denuncia que a finales de 2019 las empresas del Ibex35 mantenían 740 filiales en Paraísos fiscales esquivando el pago de impuestos.
Y recordemos que la estimación del fraude fiscal en España es de 40.000 millones y que el Sindicato de Técnicos de Hacienda eleva el cálculo a 91.000 millones.
Recaudando tan sólo una cuarta parte de ese fraude dispondríamos de entre 10.000 y 24.000 millones para un “los rescates sociales”.
Lo que revertiría en un mayor consumo interno, beneficiando especialmente al tejido productivo de Pymes.
Segundo. Unir fuerzas con la propuesta del gobierno italiano que ha pedido al Banco Central Europeo que cancele la deuda pública acumulada durante la pandemia por la compra de bonos soberanos para ayudar a los países a hacer frente a la crisis. O que el BCE canjee esos bonos por otros con “vencimiento perpetuo” que no habría que devolver. En el caso de España la compra de deuda soberana bajo la pandemia ronda los 50.000 millones de euros.
2º Eje. Un plan para reindustrializar el país, creando riqueza y empleo, y romper las dependencias que limitan nuestro desarrollo.
La Pandemia ha dejado muy claro la debilidad de España en cuanto a su dependencia del turismo (15% del PIB), y de una sola rama industrial, la del automóvil (10% del PIB), en manos del capital extranjero.
Un plan de reindustrialización vinculado a la creación de riqueza y empleo de calidad, sostenible y con derechos, al desarrollo de la investigación y la tecnología y al cambio de modelo energético basado en las nuevas energías renovables.renovables.
Y no es cierto que no tengamos los recursos necesarios para un Plan de Reindustrialización.
-Concentrar la mayor parte de los 72.000 millones de euros de las subvenciones europeas.
-Y los 65.000 millones del rescate bancario pendiente de devolver por una banca que dice que “no hay dinero” pero que tiene reservas de miles de miles de millones para afrontar sus procesos de fusión bancaria.
Se podría crear un fondo con 100.000 millones de euros para este fin.
3º.- Mejorar Salarios y pensiones. Para que no haya ninguna pensión ni salario por debajo de 1.000, Y ningún salario por encima de 10.000. No sería solo de justicia social, sino un motor de reactivación de la actividad económica que beneficiaría directamente a pymes y empresas de la economía nacional.