Los primeros casos se detectaron en junio pasado. Al día siguiente de pasar por el quirófano en hospitales vascos, tres pacientes perdieron la visión. Los médicos sospecharon inmediatamente del Perfluorooctano (en adelante PFO) y dieron la alarma. El Ministerio de Sanidad retiró el pasado 26 de junio el producto después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) transmitió una alerta a las comunidades autónomas.
Escándalo de la ceguera
Los ojos del huracán
De nuevo nuestra salud en el ojo del huracán. Decenas de pacientes españoles pueden haber perdido la visión por un producto defectuoso fabricado por la farmacéutica alemana Alamedics GmbH & Co. KG . La denuncia de los primeros afectados en el País Vasco ha hecho emerger nuevos casos en varias Comunidades Autónomas y amenaza con convertirse en un nuevo escándalo sanitario.
Los primeros casos se detectaron en junio pasado. Al día siguiente de pasar por el quirófano en hospitales vascos, tres pacientes perdieron la visión.
Los médicos sospecharon inmediatamente del Perfluorooctano (en adelante PFO) y dieron la alarma. El Ministerio de Sanidad retiró el pasado 26 de junio el producto después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) transmitió una alerta a las comunidades autónomas.
«Las denuncias de los primeros pacientes han permitido que emerjan nuevos casos ocultos»
Efectivamente, ya van casi veinte afectados que han perdido irreversiblemente la visión por necrosis de retina y atrofia del nervio óptico. Trece pacientes del País Vasco, entre cuatro y seis en Zaragoza y uno de Córdoba.
Estos son los declarados, pero sin duda asistiremos al goteo de nuevos casos en las próximas semanas.
¿Qué es el PFO?
El PFO no es estrictamente un fármaco sino una sustancia usada en cirugía ocular, en el caso que nos ocupa en cirugía de vítreo-retina y no ha dado problemas en las últimas dos décadas.
Es más, esta sustancia han aportado una mejora en el pronóstico de los pacientes que han sufrido un desprendimiento de retina. Se trata de un líquido más denso que el agua que permite, inyectado en el interior del ojo, sustituir al humor vítreo y fijar la retina desprendida de nuevo en su sitio.
Todo parece ir por su camino. Alerta institucional, retirada del producto, investigación en curso, Osakidetza se declara responsable jurídica para hacer frente a las reclamaciones patrimoniales…
pero llama la atención el silencio de la administración sanitaria y que las pruebas de toxicidad del producto las haga la propia empresa fabricante en Alemania, una empresa de Dornstadt especializada y premiada a nivel europeo por su innovación en productos para cirugía ocular.
¿Silencio cómplice?
La alarma dada en junio se ha traducido en sendas reclamaciones judiciales contra la administración que es quien ha aplicado el producto y contra el fabricante por su más que probable estado defectuoso.
Esto ha lanzado a los medios de comunicación el problema y ha permitido que emerjan casos que permanecían ocultos. Las negligencias con medicamentos en nuestro país, según El Defensor del Paciente, son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Muchas ni tan siquiera se denuncian.
La alarma inicial la lanzaron los médicos vascos, en junio, y ahora, cuatro meses después, es la actuación de los afectados la que permite visualizar el problema. Choca con la actitud expectante, de los sistemas sanitarios.
En este caso está claro el origen del problema en el producto quirúrgico, dado que los casos se han dado en diferentes hospitales y bajo la acción de distintos grupos quirúrgicos. No hay error médico posible.
El silencio hasta ahora de la administración, denunciada por los propios abogados que representan a los pacientes, es más que sospechosa de una connivencia con la farmacéutica: primero escuchemos que tiene que decir el laboratorio, lo mismo que se hizo en el caso Volkswagen.
¿Cómo es posible que sea la propia empresa la que haga las pruebas que demuestren su propia culpabilidad? Lo suyo sería que los análisis corrieran a cargo de un laboratorio imparcial, sin intereses en el caso, con la participación de todas las partes, peritos representando a los afectados, a la administración y a la empresa.
Antecedentes penales
En agosto de 2013 un caso prácticamente idéntico a este ocurrió en varios hospitales de Chile. Hasta ocho pacientes sufrieron ceguera inmediatamente a ser operados por desprendimiento de retina, teniendo todos ellos en común que habían recibido PFO de una marca turca, Meran Tip.
Casi paralelamente, La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) transmitió el 13 de diciembre de 2013 una alerta por cuatro incidentes en un centro sanitario español, relacionados con el producto Meroctane (Perfluoroctano) fabricado por la misma empresa turca y por los que los pacientes habían perdido la visión.
¿Qué conclusiones se obtuvieron de estos antecedentes? No sabemos. ¿Qué tipo de alteración o defecto padecía aquellos lotes? ¿Cómo prevenirlo? No se sabe.
Por tanto, la comercialización de este producto se siguió llevando a cabo a sabiendas de que podía repetirse un episodio similar. Y más, sabiendo que los análisis en estos casos suelen demorarse mucho en el tiempo, tal como denuncia el abogado de las primeras víctimas españolas.
No hay que callar
El caso Ala Medics puede pasar como uno de tantos en que un pacto entre el estado y la empresa alemana y unas indemnizaciones pactadas fuera de los juzgados aparca el caso en el cajón del olvido, hasta la próxima.
Resulta que en Chile el Ministerio de Salud chileno no tiene ni potestad para fiscalizar los productos y medicamentos que compran los hospitales del país.
Pero resulta que el estado aquí, que sí la tiene, brinda una notoria e histórica impunidad a las grandes industrias químico-farmacéuticas, especialmente las alemanas y norteamericanas. Y no hay signos de que eso vaya a ser diferente en este caso.
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Tras una alerta en 2013 por casos muy similares no se tomaron medidas preventivas
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La alemana Bayer mató con su fármaco contra el colesterol Lipobay a cien pacientes españoles hace quince años. Bayer lo admitía en enero de 2002 pero descartaba indemnizar a los afectados españoles, sabedora que el sistema judicial español requería a éstos el imposible ejercicio de demostrar la relación causa-efecto directa entre el consumo de Lipobay y sus efectos adversos.
Todas las demandas interpuestas en España contra Bayer han fracasado.
Por cierto, hace poco nació una asociación de mujeres contra los efectos del anticonceptivo Essure de Bayer, que ya le está costando millones en indemnizaciones en otros países.
La alemana Boehringer, junto a la norteamericana Merck, sembró de Lindane amplias zonas de Bizkaia y de Aragón entre 1965 y 1982, en lo que constituye uno de los mayores desastres medioambientales de Europa y cuyas repercusiones para la salud no han sido nunca estudiadas. El asunto quedó zanjado con un «acuerdo de colaboración» con el gobierno vasco de PNV-PSOE de 1994, por el que, a cambio de una indemnización claramente simbólica, se exculpaba a ambas cualquier responsabilidad penal.
La alemana Gunenthal vendió en los años sesenta y setenta la Talidomida a miles de embarazadas españolas, y de tantos otros países, sabiendo que causaba malformaciones en sus fetos. Unos niños a los que, en el caso español, el Tribunal Supremo les ha denegado recientemente la posibilidad de ser reconocidos como víctimas e indemnizados mientras los propietarios, la familia Wirtz, ha entrado en el selecto club de las cuarenta mayores fortunas del país teutón.
El estado alemán, junto al norteamericano, nos impone los recortes en sanidad y su privatización mientras el español interfiere en la sanidad a favor de sus grandes monopolios y fondos de inversión. Veremos si el efusivo apoyo pre-electoral de Merkel a Rajoy no tiene una contrapartida también en el trato amable de la administración española para con los desmanes de sus empresas.