Las cuatro principales asociaciones de jueces han acordado hoy convocar un acto de protesta el 18 de febrero. Existe la posibilidad por primera vez de que los jueces ejerzan el derecho de huelga. Protestan por las condiciones en que desempeñan su labor. Después de años de promesas sobre las necesarias reformas de la justicia que no han llegado, consideran que no se puede esperar más. Aunque el trabajo está repartido de forma muy desigual, existe el convencimiento entre los jueces de que la maquinaria judicial como colectivo se colapsaría en poco tiempo.
Los jueces piden sobre todo una nueva oficina judicial. Lo que supone un incremento de órganos judiciales y un reparto diferente del trabajo en los juzgados. Los magistrados no quieren tener que asumir tareas de todo tipo con menoscabo de su atención a su responsabilidad judicial. Las reformas pendientes tendrán que fomentar la especialización de los juzgados y también dar al secretario judicial nuevas responsabilidades. El Gobierno y la cúpula judicial están tratando de parar la acumulación de quejas y el malestar entre los jueces. Para evitar la huelga que han anunciado. Han acordado o anunciado medidas de modernización de la justicia en diversos ámbitos. Pero, por el momento, no convencen. Pero ante las promesas del Gobierno los jueces quieren plazos concretos y compromisos por escrito. En tiempos de crisis económica, el Gobierno no quiere asumirlos y reconocerles el carácter de acuerdo de seguro cumplimiento. Sin esas garantías, un gran número de jueces considera que no se debe ceder sino seguir presionando. El pasado 24 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy firmaron en La Moncloa un pacto para la Justicia que ahora le explota en las manos al Gobierno. El acuerdo incluía la renovación de dos órganos institucionales -Poder Judicial y Constitucional-, y sólo el primero se ha cumplido. Y ha consistido en un reparto de poder entre los dos partidos y hasta el PSOE descalifica ahora al Consejo que pactó entonces. La demanda de los ciudadanos de a pie de que la justicia en España se reforme alcanza ya el clamor. Hace falta una justicia eficaz, modernizada en su funcionamiento, con los recursos económicos y humanos necesarios para que cumpla su papel. Una justicia independiente de los poderes políticos. Una justicia única en toda España que no se despiece en diecisiete justicias. Si las movilizaciones de los jueces buscan estos objetivos, que les unen a los ciudadanos de a pie, y no intereses corporativistas ajenos al interés general, contarán con el apoyo popular.