no todos los funcionarios son iguales, y el recorte en los gastos implica en primer lugar una redistribución del sueldo de los altos cargos. En el conjunto de las Administraciones Públicas españolas existen unos 5.000 altos cargos (sin contar altos ejecutivos de empresas públicas) con una vida política media de cuatro años.
Primer escalón. La minoría ultrarivilegiada de Ministros, Secretarios de Estado y Presidentes de órganos constitucionales salientes que superan los 10.000 euros al mes, beneficiándose de la Ley 74/1980, que les permite percibir durante dos años una indemnización por cese del 80% de las retribuciones brutas. Una ley que, además les permite eludir la Ley de Incompatibilidades, que hace que cualquier otro funcionario no pueda compatibilizar su sueldo con cualquier otra retribución. El ex ministro Mariano Fernández Bermejo cobra al mes 11.185 euros. Tiene, además de su remuneración de 5.775 euros mensuales por ser diputado por Murcia otros 5.410 euros debido al blindaje 74/1980. Los primeros se desglosan en 3.647 euros por asignación constitucional, y otros 2.127 como indemnización por gastos de función (exentos de tributación a Hacienda), llámese gastos de alojamiento y manutención en Madrid que origine la actividad en la cámara, a pesar de tener residencia en la capital. Leire Pajín recibe más de 13.000 euros brutos al mes. Más de 7.000 euros como ex secretaria de Estado de cooperación internacional, además de otros 6.000, aproximadamente, por su actual puesto. Pero el no va más es el sueldo del ya ex vicepresidente Solbes que ronda los 18.286 euros mensuales. Percibe, una vez ha cesado, una indemnización mensual durante dos años de 5.763 euros, otros 5.775 de diputado por Alicante, otros 3.900 que recibe como pensión de ex diputado europeo, más otros 2.848 euros por la jubilación en España. Más de tres millones de las antiguas pesetas.Segundo escalón.Parlamentarios rodeados de todo tipo de prebendas, complementos, asignaciones y pensiones de jubilación indignantes.Tercer escalón.Altos cargos de las empresas públicas con contratos de alta dirección con fuerte blindaje y con jugosas bufandas y planes de pensiones.Cuarto Escalón.Altos cargos de Subsecretario, Director General y equivalente, con su complemento indefinido tras la cesantía. Y al mismo nivel estarían los cargos homólogos de las Comunidades Autónomas. Junto a ellos los cargos políticos que, gracias al Estatuto Básico del Empleado Público, obtienen una paga consolidada. Por ejemplo, con el cambio político de gobierno en Galicia y Euskadi hay un movimiento de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y altos cargos asimilados. A ellos se suman a los cesados por los también recientes cambios en la cúpula de algunos ministerios de la Administración del Estado. Son en total muchos desplazados de su puesto que pasan de ser un “alto cargo” a ser una “gran carga añadida”, ya que la condición anterior de funcionarios que tiene uno de cada cuatro cargos políticos, les permite disfrutar del complemento de alto cargo que, de forma indefinida, les permite mantener el nivel salarial de un Director General aunque tengan un puesto de conserje. Es el llamado “nivel 33” que ha sido adoptada y agrandada rápidamente por cada Comunidad Autónoma. Este privilegio se ha extendido en 2007 a los funcionarios que fueren cesado en puestos que comporten la situación de “servicios especiales”, situación que incluye al personal eventual, asesores de grupos parlamentarios así como concejales y directivos municipales que desempeñen el cargo en dedicación exclusiva. Y también se han dispuesto “medidas retributivas” para el caso de funcionarios que acaban sirviendo en entidades públicas que no tengan régimen funcionarial, o sea, en régimen de Contratos de Alta dirección o Asesores de lujo.Quinto escalón.Gobernantes de algunas Administraciones Públicas (Entes públicos empresariales, Organismos Autónomos, Agencias estatales, Universidades, Ayuntamientos, etc) que, aprovechando su efímero paso por el poder, una mayoría política complaciente, y la autonomía de su entidad, toman decisiones de gratificaciones o complementos retributivos al margen de la ley, pero que al no ser impugnados, resultan impunes.