En los últimos días estamos asistiendo a cambios o “giros de guión” en la política española que han sorprendido a algunos, pero que adquieren una completa coherencia si los leemos desde las exigencias planteadas por las élites económicas, nacionales y extranjeras, en la “macrocumbre” de la CEOE.
El mismo día que se cerraba la reunión de las élites económicas, con un mensaje claro de “consenso” y “pacto”, el PP de Pablo Casado daba un giro de 180 grados y votaba sí al decreto de nueva normalidad propuesto por el gobierno. Venía de decir No a la prórroga del Estado de alarma, y de acusar a Sánchez de querer imponer una “dictadura constitucional”.
A ello se une un “pacto por la sanidad” entre PSOE y PP. Y algunos grandes medios ya han puesto en circulación la posibilidad de que el PP permita, con un voto afirmativo o una abstención, la tramitación de los presupuestos.
El objetivo de esta operación es encarrilar “un giro al centro” del gobierno, para que los acuerdos con el PP diluyan la influencia de la mayoría progresista en el actual ejecutivo.
Es relevante que del texto conjunto presentado por PSOE y Unidas Podemos ante la Comisión parlamentaria por la Reconstrucción haya desaparecido el impuesto a las grandes fortunas -medida estrella de Podemos que sí aparecía en el programa de investidura-, y no se haga mención alguna a ningún cambio en la reforma laboral. Justo las dos líneas rojas que la “macrocumbre” empresarial ha situado como innegociables.
Si el actual gobierno de coalición persiste, porque la mayoría progresista que lo sostiene no aceptaría otra cosa, se le debe “ahormar”, fijándole claramente el molde del que no puede salirse. Se permitirá a Unidas Podemos intentar capitalizar medidas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, necesarias para evitar una explosión, pero no avanzar por caminos que afecten, aún moderadamente, los intereses de grandes bancos y monopolios.
Alcanzar un pacto para ampliar los ERTEs fue uno de los mensajes más rotundos emitidos desde la cumbre empresarial. Y ese acuerdo acabó firmándose. Era necesario para evitar una hecatombe que sufrirían muchas pymes y multiplicaría el paro. Pero se forzó a gobierno y sindicatos para que quien saliera ganando fuera la gran patronal.
Y en último, pero no menos importante lugar, se ha producido una confluencia de todos los grandes partidos en Europa, hace pocos días impensable. El PP se alineaba con los “halcones del norte” para que las ayudas europeas impusieran férreas condiciones a España. Ahora, sus eurodiputados defienden la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo y firman un artículo conjunto con los representantes de PSOE y Ciudadanos en favor de la aceleración del Fondo de Recuperación Europea.
El “ascenso europeo” a Nadia Calviño fortalecería la posición de España en la UE. Pero también actuaría como una garantía para las grandes potencias europeas y la propia oligarquía española. Anclando al ejecutivo de Pedro Sánchez a unos principios económicos y presupuestarios que podrían ser cuestionados por la influencia de la mayoría progresista.
Calviño fue la vicepresidenta que obligó al presidente a rectificar, en pocas horas, tras hacer incluido en la negociación de una de las prórrogas del estado de alarma el compromiso de derogar la reforma laboral. Y en la “exposición de motivos” de su candidatura a dirigir el Eurogrupo, defiende que “se ate más en corto a los gobiernos en el uso de los fondos y en su estrategia económica y fiscal”.