Aunque sea demasiado pronto para hacer un diagnóstico certero de las razones y factores que han llevado a una “guerra civil” en el PP que está desarrollándose ante nuestros ojos, sí podemos empezar a dibujar su contorno.
No debemos buscar en las luchas personalistas por el liderazgo del Partido Popular las razones de esta voladura en pedazos del principal partido de la oposición, sino en las circunstancias de la lucha de clases -nacional e internacional- que rodean a este seísmo político de primera magnitud
Primero, este terremoto político tiene lugar en un momento de altísima tensión internacional en el Este de Europa. El mismo día que estallaba el escándalo del espionaje por parte de Génova, o de los contratos irregulares de Ayuso, una ruptura del alto el fuego en la región del Donbás volvía a incrementar la escalada en Ucrania, después de que pareciera haberse relajado con la retirada de algunas tropas por parte de Rusia. En este contexto, Washington necesita encuadrar a los vasallos en los planes de contención de Rusia y China, y no necesita desórdenes en la retaguardia.
En un momento donde el conflicto ucraniano, la salida de la pandemia, la crisis energética, etc… amenazan las economías europeas, no parece que a los centros de poder les convengan focos de inestabilidad.
El estallido de la guerra civil entre Génova y Ayuso tiene lugar dos semanas después de una convulsa sesión parlamentaria en la que el PP de Casado intentó tumbar, mediante un «tamayazo», una Reforma Laboral que había recibido el visto bueno de importantes nódulos oligárquicos -por ejemplo Ana Patricia Botín-, de importantes figuras del PP -Aznar y la fundación FAES o la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que actuó de negociadora de la CEOE- y de los centros de poder europeos. El PP llegó a acusar de «pucherazo» a la presidenta del Congreso, una degradación política extrema y trumpista, que estuvo antecedida, pocos días antes, por el asalto al ayuntamiento de Lorca alentada por el PP.
Tienen lugar también una semana después de unos resultados electorales en Castilla y León que suponen una «operación ruinosa» para el PP, que necesita a un Vox que pide entrar en el gobierno autonómico. En medio de esa campaña electoral castellanoleonesa tuvo lugar en Madrid una cumbre de la ultraderecha europea, donde Vox reunió no sólo a gran parte de los partidos de la ultraderecha xenófoba y euróescéptica, sino a jefes de gobiernos -el húngaro Víctor Orbán, o el polaco Mateusz Morawieck- de países que acaban de ser sancionados por la UE por sus derivas antidemocráticas. También inquietan a Berlín y París estos ultras por sus veleidades con Rusia (en el caso de Orbán o Le Pen) o por sus complicidades con la línea Trump en EEUU (en el caso de los polacos o de Vox).
El hegemonismo y la oligarquía necesitan al Partido Popular, pero no a una dirección con estas veleidades desestabilizadoras y trumpistas, incapaz de llegar a pactos de Estado con el gobierno de Sánchez, y que da pie al avance, aún más desestabilizador, de la ultraderecha.
Dejar entrar a Vox en las instituciones, cobernando con ellos, es una línea que el PP no ha cruzado hasta ahora. Hacerlo supondría una contradicción nada baladí con los centros de poder europeos -especialmente Alemania y Francia- e incluso con la línea Biden, opuesta a que se desarrolle en Europa una ultraderecha desestabilizadora y trumpista. Amén que podría dar pie a movilizar a la mayoría progresista y complicar el camino de Casado a la Moncloa. Por eso Casado, o figuras como Aznar se oponen a dejar entrar a Vox en el gobierno de Castilla y León, mientras que Ayuso es una clara partidaria de gobernar con la ultraderecha.
Por más que defiendan un camino de “gobierno de los recortes sin complejos” que representan los intereses fundamentales del gran capital -extranjero y nacional- sobre nuestro país, tanto la línea de Casado como la que representa Ayuso, generan contradicciones y problemas a las clases dominantes y los centros de poder. Y más en este enrarecido contexto internacional o en un año donde están en juego la llegada de unos fondos europeos que la oligarquía gestionará, o donde deben aprobarse importantes reformas, como la fiscal o la de las pensiones.
Contradicciones que quizá han llegado demasiado lejos y es necesario “corregir”, aunque sea de forma brusca. El hegemonismo y la oligarquía necesitan al Partido Popular, pero no a una dirección con estas veleidades desestabilizadoras y trumpistas, incapaz de llegar a pactos de Estado con el gobierno de Sánchez, y que da pie al avance, aún más desestabilizador, de la ultraderecha.