La frase «que el entrenador llegue a las uvas» es una expresión popular en el ámbito deportivo. Algo así deben estar pensando en la calle Ferraz, ante una verdadera orquesta de escándalos judiciales que no dejan de abrir boquetes en el casco del PSOE.
Algunos de ellos, como el que ha acabado con la condena y dimisión del Fiscal General del Estado, el esperpento jurídico del juez Peinado contra Begoña Gómez o el caso contra el hermano de Sánchez, desprenden un inconfundible y nauseabundo olor a lawfare, y forman parte de un acoso y derribo al gobierno que no sólo está orquestado por la derecha y la ultraderecha, o por la consigna de Aznar («el que pueda hacer, que haga»). Detrás de este orfeón hay mayores y más grandes centros de poder, algunos en la Castellana y otros al otro lado del Atlántico.
Pero este no es el caso de la trama de corrupción entrada en Cerdán, Ábalos y Koldo, junto a sus ramificaciones. En estas tramas acumulación de pruebas e indicios es abrumadora. El quid de la cuestión es si estamos ante un forúnculo, ante un grupo de corruptos encapsulado dentro del PSOE, que se sirvió de los mecanismos del partido para que se lucraran ellos y su entorno… o de si las investigaciones acabarán revelando la financiación irregular del Partido Socialista, o el conocimiento y anuencia de Pedro Sánchez de los hechos de esta trama, en cuyo caso la legislatura acabaría abruptamente.
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Nuevas detenciones de la UCO
Esta semana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detenía a Joseba Antxon Alonso, empresario vasco, administrador único de Servinabar 2000 y amigo personal de Santos Cerdán. En su domicilio se encontraron 16.000 euros en efectivo y un contrato privado que vincula a Cerdán con el 45% de la empresa. El día anterior habían detenido a Leire Díez, exmilitante del PSOE y «fontanera» de Santos Cerdán; y a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2018 y 2019, y que fue asesor de Servinabar.
La UCO sigue practicando registros y detenciones relacionados con esta nueva vía de investigación, y han registrado la sede de Correos, Hacienda y Transición Ecológica, en busca de documentación sobre la trama de Leire Díez. También se han registrado otras sedes empresas participadas por la SEPI, como Mercasa, ENUSA y Forestalia.
A Antxón Alonso, Leire Fernández y Vicente Fernández les acusa de graves delitos relacionados con corrupción en la gestión de fondos públicos. En concreto a los tres se les imputa organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
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Cerdán y Ábalos en el centro de todo
Aunque esta operación de la UCO abre nuevas líneas de investigación, está claramente relacionada y se solapa con la macrocausa del Tribunal Supremo contra Santos Cerdán y José Luis Ábalos por corrupción en adjudicaciones de obra pública y contratos amañados.
De hecho Santos Cerdán y su empresa, Servinabar 2000, actúan como nexo clave entre los detenidos. Esta empresa, propiedad a medias de Cerdán y Alonso, se usó para canalizar «mordidas» del 2% en contratos públicos irregulares adjudicados a la constructora Acciona durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes (2018-2021).
Servinabar se embolsó de estas adjudicaciones fraudulentas a Acciona unos 6,7 millones de euros en comisiones. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández trabajó allí como asesor, cobrando salarios elevados (68.632 € en 2021 y 33.251 € en 2023).
La trama Cerdán-Ábalos tiene otras vertientes (caso «Mascarillas») pero en su rama de la corrupción en obras públicas, hay una abrumadora cantidad de pruebas acerca de comisiones ilegales en contratos de infraestructuras (carreteras, puertos, etc.) a cambio de información privilegiada y decisiones favorables.
En otra rama de esta red de corrupción, el caso hidrocarburos, donde también está implicado el empresario Víctor de Aldama, la UCO sostiene que la trama destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y otros cargos públicos. Los agentes sospechan de la “posible penetración” de la “organización criminal” en los “niveles directivos” no sólo en el ministerio de Transportes que dirigía Jose Luis Ábalos, sino también en el de Industria y Transición Ecológica.
Estos son los casos reales, sólidamente fundados, de corrupción en el entorno del PSOE, que pueden acabar descarrilando definitivamente esta turbulenta legislatura.
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Tolerancia cero con la corrupción.
Estas tramas deben ser investigadas a fondo para depurar responsabilidades políticas y penales, caiga quien caiga, Hay que darles el mismo tratamiento que el crimen organizado. Los responsables, tras la condena, deben pagar con su patrimonio personal.
Pero no basta con perseguir a los corruptos. El peso de la ley debe caer de forma aún más contundente sobre todo con los corruptores, sobre grandes empresas como Acciona que son las máximas beneficiarias de la adjudicación fraudulenta de contratos y subvenciones públicas.