Lo ha denunciado el diputado de IU, Joan Coscubiela, tras asistir a una reunión de la Comisión del Pacto de Toledo. Al valorar la composición del «Comité de Expertos» que definirá el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, desvelaba que «la inmensa mayoría proviene del sector bancario y asegurador». Añadiendo que «es como si los expertos de Pepsi plantearan la reconversión de la Coca-Cola». Pero se ha quedado muy corto en su denuncia. Porque es como si la reforma de la ley contra la violencia de género se encargara a un grupo de maltratadores.
Nos bombardean con una ofensiva mediática que anuncia la debacle del sistema público de pensiones, utilizando argumentos demográficos. Anuncian que las pensiones serán pronto “insostenibles” si no “se reforman”, es decir, sino se recortan.
Exhiben informes de los mismos bancos y organismos internacionales que vienen pronosticando desde los años ochenta la quiebra de las pensiones españolas. Y siempre han resultado erróneos. «Lo que quieren es merendarse nuestras pensiones. Un botín de cientos de miles de millones. Y han puesto plazo para el atraco»
Porque la realidad es otra. En su último informe sobre España, tanto la UE como el FMI han dictaminado que “la reforma de las pensiones es prioritaria”. En otras palabras, hay que recortarlas sí o sí.
No tiene nada que ver con “el envejecimiento de la población”. Ni con “la preocupación por garantizar las pensiones públicas en el futuro”. ¿Desde cuándo Merkel o el FMI se “preocupan” por eso?
Lo que quieren es merendarse nuestras pensiones. Un botín de cientos de miles de millones. Y han puesto plazo para el atraco.
Presionando a Rajoy para que acelere la puesta en marcha de la “reforma de las pensiones”, que el gobierno pretende aprobar antes del verano.
El elemento estrella de la reforma es introducir el “factor de sostenibilidad”, que debería llamarse en realidad el “factor de recortes”. Se trata de introducir un mecanismo que permita a cualquier gobierno recortar automáticamente las pensiones, sin necesidad de negociación alguna. Reducir la jubilación alargando la edad de retiro, endureciendo los requisitos para jubilarse, o reduciendo la cuantía de las pensiones a variables demográficas como el aumento de la esperanza de vida o económicas como el déficit excesivo o la caída del PIB.
Es decir, carta blanca absoluta para recortar las pensiones. Eso es lo que exigen Washington y Berlín.
¿Y quién va a diseñar ese “factor de sostenibilidad”?
Un “Comité de Expertos”, presentados como independientes, pero cuya independencia está limitada, estrictamente, a los generosos sueldos y prebendas que reciben, por varios conceptos, de la gran banca y las aseguradoras que ven en el desmantelamiento del sistema público de pensiones una nueva y sustanciosa fuente de ganancias.
Lo preside el sociólogo Víctor Pérez Díaz, colaborador habitual de FAES, la fundación del PP, y vinculado especialmente a EEUU a través de su doctorado en sociología por la Universidad de Harvard y su pertenencia a la American Academy of Arts and Sciences-.
También encontramos -¡en una comisión de “expertos independendientes”!- al economista jefe del BBVA, Rafael Doménech Vilariño. Y a José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sostenida por las aportaciones de los principales bancos y monopolios españoles, desde el Santander a La Caixa, desde Iberdrola a Repsol…
Y, para cerrar el círculo, aparecen dos “expertos” relacionados con la CECA, la patronal de las cajas de ahorros. O Miguel Ángel Vázquez Burgos, director de Análisis y Estudios de Unespa, la patronal que integra a las mayores aseguradoras.
¿Esto es una “comisión de expertos”? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta?
¿Los bancos y aseguradores, empeñados en hacer quebrar el sistema público de pensiones para quedarse ellos con el botín, son los que van a diseñar “la sostenibilidad de las pensiones”?