«Fiat iustitia, ruat caelum», («¡Que se haga Justicia, aunque se desplomen los cielos!»), dice un antiguo adagio latino. Una máxima que en Uruguay se ajusta muy bien a la publicación en internet -por una fuente desconocida- de una gran cantidad de archivos de inteligencia militar, justo cuando el país recuerda los 50 años del golpe de Estado de 1973.
Unos «archivos del terror» que contienen información reservada sobre las torturas y violaciones de los derechos humanos, o sobre el espionaje y la infiltración de los aparatos represivos, contra la oposición y los movimientos populares -tanto durante la dictadura como en los posteriores gobiernos «democráticos- y que quizá puedan aportar pistas sobre el destino de los casi 200 detenidos desaparecidos cuyas familias aún siguen preguntando ¿dónde están?.
El 27 de junio Uruguay conmemora -que no celebra- el 50 aniversario del inicio de uno de los periodos más negros y terroríficos de su historia reciente: el golpe de Estado de 1973, que instauró una dictadura fascista «cívico-militar» que duró hasta 1985, auspiciada desde la clase dominante uruguaya, pero sobre todo desde el Plan Cóndor de Washington. El objetivo: detener, desarticular, aplastar y exterminar a la cabeza del movimiento revolucionario y popular e imponer un marco de miedo y super-explotación.
Justo al borde de este aniversario, en la web archive.org se han publicado miles de documentos de inteligencia militar, producidos durante la dictadura y también durante los gobiernos de la democracia anteriores a la llegada del Frente Amplio en 2005. Son alrededor de 1.600 rollos de microfilmaciones que contienen información hasta ahora reservada y en parte desconocida. “Es un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror”, dice el texto que presenta el material publicado en el sitio web, bajo el título «Los archivos del terror de Uruguay».
La fuente de la filtración es desconocida y ha causado una fuerte incomodidad en el actual gobierno conservador y neoliberal de José Lacalle Pou. Su Ministerio de Defensa ha presentado una denuncia en la Fiscalía para «determinar la veracidad y procedencia» de estos archivos, con fichas personales, actas de detenidos políticos, interrogatorios y escuchas telefónicas, entre otros miles de documentos.
Parece ser que el material liberado corresponde principalmente al archivo Berrutti, conformado por documentación de inteligencia incautada en una dependencia militar en 2006, en el primer Gobierno del Frente Amplio. La entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti -conocida por ser abogada de tupamaros, comunistas y socialistas represaliados en la dictadura- ordenó la digitalización de los miles de documentos obtenidos, que luego se pondrían a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
La INDDHH ha manifestado la importancia de conocer el origen de esta documentación y evaluar su confiabilidad. “Si su veracidad se comprueba, significaría la aparición de nuevos documentos, algo que las víctimas, sus familiares y la sociedad toda reclaman constantemente sin éxito”.
Entre el material disponible figuran fichas personales, interrogatorios, actas de detención de perseguidos políticos, conversaciones telefónicas, seguimiento a periodistas, entre otros. El autor anónimo de la filtración, advierte que entre estos documentos “puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables”.
Los familiares de los más de 200 detenidos desaparecidos durante la dictadura esperan que entre estos 1.600 rollos de microfilmaciones con miles de páginas digitalizadas aparezcan pistas o información relevante que puedan conducir a esclarecer que fue de ellos. Una oportunidad para la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación.