La justicia suiza ha anunciado que cierra el caso sobre las comisiones cobradas por Juan Carlos I por las obras del AVE a La Meca, sin imputar al anterior monarca. Y todo parece indicar que la fiscalía archivará las causas que mantiene contra el Rey emérito.
Esto no significa que el horizonte de escándalos que afecta a la monarquía vaya a disiparse. Aunque bajo el paraguas de la inmunidad Juan Carlos I sea absuelto, se ha probado su implicación en numerosos casos de corrupción. Y la sociedad española no va a aceptar que se cierren sin asumir responsabilidades.
Es lógica la indignación ante casos de corrupción que implican el robo de dinero público. Pero los escándalos que afectan al Rey emérito tienen una cara oculta, todavía más grave, que sin embargo es sepultada bajo un manto de silencio protector.
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Los hechos probados
Lo que ya se sabe sobre las actividades del Rey emérito, y que podemos calificar de “hechos probados”, conforma toda una geografía de la corrupción.
Está documentado que Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí, que depositó en Suiza a nombre de la fundación Lucum, radicada en un paraíso fiscal como Panamá. En la misma cuenta el Rey emérito ingresó otro “regalo”, de casi dos millones de dólares, del sultán de Bahréin.
Lo que se camufló bajo “donaciones”, eran en realidad comisiones por labores de intermediación. Como la que consiguió la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de monopolios españoles y extranjeros, a cambio de que estos rebajaran un 30% el precio.
Juan Carlos I no declaró estas “donaciones” a la Hacienda española, evitándose pagar 53 millones en impuestos.
Ha quedado probado que Allen Sanginés-Krause -un empresario mexicano con íntimas relaciones con Wall Street, y que fue alto ejecutivo de Goldman Sachs durante 25 años- “regaló”, no se sabe a cambio de qué, un millón de dólares a Juan Carlos I, que éste volvió a ocultar al fisco español.
Es un hecho que la fundación Zagatka, cuyo titular es Álvaro de Orleans, primo lejano del anterior monarca, se hizo cargo del coste de los vuelos privados de Juan Carlos I, valorados en ocho millones de dólares. Estas “donaciones” volvieron a ocultarse para no pagar impuestos en España. Y todo parece indicar que esa fundación era una tapadera para canalizar parte de la fortuna oculta del Rey emérito.
Y también está documentado que Juan Carlos I es titular de un fondo radicado en el paraíso fiscal de las Islas del Canal, creado en los años noventa, con un saldo de 10 millones de euros en su fundación, por Manuel Prado y Colón de Carvajal -responsable de acrecentar la fortuna del anterior monarca, por vías legales e ilegales-.
No es admisible que la inviolabilidad del Rey cierre casos de corrupción sin depurar responsabilidades ni recuperar el dinero público robado
Un futuro incierto
Que las investigaciones judiciales de estos hechos acaben cerrándose sin consecuencias penales para Juan Carlos I no supone que la monarquía haya resuelto el problema.
La justicia suiza no ha podido, o no ha querido, demostrar que los 100 millones ingresados por Juan Carlos I procedían de una comisión ilegal cuyo origen está en las multimillonarias obras del AVE a La Meca. Tampoco parece que la absolución de la justicia del paraíso fiscal por excelencia, Suiza, sea garantía de nada.
Todo apunta a que la fiscalía española archivará, sin presentar acusación alguna, las tres causas en las que investiga las actividades ilícitas del Rey emérito. Pero lo hará amparada en la inviolabilidad del anterior monarca hasta 2014, en la prescripción de algunos delitos.
Y además se basa en dos regularizaciones donde Juan Carlos I devolvió el dinero no pagado en impuestos por las donaciones de Sanginés-Krause y la fundación Zagatka, que el principal sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, consideran incorrectas, puesto que el Rey emérito fue “avisado” de que estaba siendo investigado.
Aunque la página judicial de Juan Carlos I quede en blanco, el daño ya está hecho. Y puede ser todavía mayor si la Corona comete nuevos errores.
Como acceder a la petición de Juan Carlos I de volver a España como si nada hubiera pasado, alojándose en el Palacio de la Zarzuela y recuperando la asignación de dinero público con cargo a los presupuestos del Estado que Felipe VI le retiró en marzo de 2020.
Los escándalos que acechan a la Corona son algo más que otro caso de corrupción. Los escándalos del Rey emérito afectan a una de las instituciones claves del Estado. Y tienen repercusiones sobre la estabilidad política del país.
Y su toxicidad está expresada en la imagen de un Rey emérito “comisionista ilegal” y que saqueaba, defraudando a Hacienda, las arcas públicas. En unos momentos en que a la década de recortes se une el brutal golpe de casi dos años de pandemia.
No es admisible que bajo la cobertura legal de la inviolabilidad del Rey se dé carpetazo a las investigaciones, sin hacer pagar a quien ha cometido delitos de corrupción y recuperar el dinero público robado.
Y deberá abrirse un debate donde tanto republicanos como monárquicos acordemos medidas como una mayor transparencia en las cuentas de la Corona -incluyendo su fortuna personal- y la limitación de la inviolabilidad del Rey únicamente a las tareas propias de su cargo, evitando que pueda encubrir delitos como la corrupción.
Lo que se sabe pero no se dice
Los escándalos de corrupción de Juan Carlos I, y el engrandecimiento de su fortuna en base al cobro de comisiones ilegales, es ya “vox populi”. Todos los medios lo publican, y todo el mundo lo sabe. Y es bueno que así sea. Conocer la verdad es una exigencia ineludible.
Pero hay otros escándalos que afectan al Rey emérito, que se conocen y están documentados, pero a los que a pesar de su enorme gravedad, no se les da la misma publicidad.
Se señala al “Rey comisionista”, pero no a los grandes centros de poder, nacionales e internacionales, que se beneficiaron de sus actividades.
¿Por qué otros escándalos más graves del Rey emérito, como su colaboración con potencias extranjeras, como EEUU, no causan tanto revuelo?
Los 100 millones cobrados por Juan Carlos I por su intermediación en las obras del AVE a La Meca permitieron que esta multimillonaria obra se adjudicara a un conglomerado de monopolios, algunos españoles, como OHL, ACS o Abengoa, y otros extranjeros, como Siemens.
Se ha documentado que en 2003, el Rey emérito cobró 52 millones de euros por facilitar que uno de los grandes bancos británicos, Barclays, adquiriera el Banco Zaragozano.
Existen pruebas de que una parte del dinero “desaparecido” de la filial española del grupo kuwaití KIO, llegó al anterior monarca para facilitar que la aviación norteamericana pudiera disponer a discreción de las bases españolas en la primera Guerra del Golfo.
Se sabe que Juan Carlos I intervino directamente en 1974 para hacer posible que la Ford se instalara en España.
También son “hechos probados” que Juan Carlos I, a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal, negoció con Kissinger la entrega del Sáhara a Marruecos.
Y muchos historiadores y periodistas de investigación han demostrado las más que estrechas relaciones de Juan Carlos I con EEUU durante la transición. Paul Preston reconoce que hubo “discretas presiones de EEUU para convencer a Franco de que entregara los poderes a Juan Carlos”. Joan E. Garcés confirma que “la restauración de la monarquía había quedado enmarcada en las coordenadas que EEUU delineaba para España”. Charles Powell desvela que “durante la Transición el embajador norteamericano Wells Stabler mandaba informes a la Zarzuela que no mandaba al presidente Suárez”. Y Pilar Urbano ha puesto negro sobre blanco como “el precio del trono fue la OTAN”, es decir el apoyo de la Corona al encadenamiento a la maquinaria militar de la superpotencia.
¿Por qué la imagen de un Rey actuando de comisionista al servicio de grandes bancos y monopolios españoles, o incluso peor trabajando para que el capital extranjero cope sectores de la economía nacional, no se convierte en un escándalo? ¿No es relevante que la Jefatura del Estado haya colaborado con una potencia extranjera, EEUU, para que incremente su domino sobre nuestro país?
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