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En el último suspiro de la legislatura. Pedro Sánchez trata de sacar adelante mediante decretos leyes una serie de medidas que han quedado sin aprobar, algunas que se estaban negociando o tramitando en el Parlamento y otras que iban en los Presupuestos y que el gobierno considera de urgente necesidad.
No ha podido ser la derogación de la reforma laboral, vetada sistemáticamente por el FMI, la Unión Europea, la gran banca y la gran patronal de la CEOE. El gobierno intenta ahora aprobar por decreto ley la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como restaurar la ultraactividad (prórroga automática indefinida) de los convenios colectivos, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, poner límites a la subcontratación o el control de los horarios (según el INE cada semana se dejan de pagar a los trabajadores de nuestro país 2,9 millones de horas extra).
Tampoco ha sido posible un acuerdo de pensiones consensuado en el Pacto de Toledo, cuando todo indicaba que estaba a punto de cerrarse un consenso que contenía aspectos ampliamente demandados por la mayoría social y los movimientos por las pensiones, especialmente la revalorización de las pensiones según el IPC o un calendario para acabar con el déficit de la Seguridad Social. Un tema sobre el que los grandes centros de poder internacionales y nacionales han trazado una línea roja reforzada para mantener y profundizar las reformas que las degradan y hacer avanzar la privatización.
El bloqueo de los Presupuestos ha dejado en el aire medidas de urgencia social como la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o la cotización de los cuidadores no profesionales de las personas depedientes, que el gobierno quiere llevar al último Consejo de ministros.
Vistos de conjunto, todas estas medidas que el gobierno trata de sacar adelante mediante decreto ley, son aspectos sensibles de la agenda social o afectan a cuestiones fundamentales como la reforma laboral o las pensiones. Y por eso no han podido ser antes, porque tocan directamente los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros y los beneficios de la banca y los monopolios. No estaban dispuestos a dejar que fueran ni el gobierno ni sus medidas, expuestas bajo la influencia de una mayoría social de progreso.
Nadie puede esperar que con el país y la política centrada en la batalla de las elecciones estos decretos vayan a resolver cuestiones fundamentales. Son pequeños elementos de redistribución de la riqueza o, como diría Pedro Sánchez, de “redistribución de la recuperación económica”.
Una recuperación que sigue siendo abismal.
Por un lado la banca y los monopolios cerrando 2018 con beneficios de récord: 7.810 millones de euros el banco Santander (un 18% más); 3.331 millones Telefónica (6,4%% más); 3.014 millones Iberdrola (7,5% más)…
Por otro los salarios peleando por un suelo mínimo de 900 euros.
A partir de aquí hay que empezar de verdad a hablar de redistribuir la riqueza. Este es el reto.