Hablamos con Manuel Camuñas, presidente del Sindicato de Transportistas Autónomos de Cataluña acerca de las movilizaciones que han sacado a la calle a miles de transportistas.
Reivindican que salir a trabajar les sale a pérdidas y que lo que necesitan no son subvenciones, sino cobrar lo que deben, por encima de costes, e impedir que los grandes monopolios que les axfisian manejen y controlen los precios.
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¿Cuáles son los motivos de la huelga? ¿Os sale a pérdidas ir a trabajar?
Hay unos costes que son muy superiores a los ingresos, este es el problema a gran escala. Las ayudas que va a dar el Gobierno no solucionan el problema, porque se lo van a quedar las grandes empresas y a los autónomos no les va a llegar nada. Segundo, no es el problema real por el cual se ha ido a la huelga. El problema es que los camioneros no tenemos la posibilidad de trasladar los costes al precio final del transporte, porque el precio final del transporte lo pone el cargador.
Las grandes empresas van a cobrar ayudas por un gasoil que ellas no gastan, pero que se lo van a justificar a la administración y se van a llevar el gordo del pastel. El problema es cobrar lo que vale el precio del transporte. Las subvenciones te solucionan el problema de hoy, pero no el de mañana. Se trata de ir al problema de raíz, llevamos arrastrando esta situación desde antes del 2008.
¿Hay que regular el precio de los transportes?
Nosotros pedimos que se establezca una base de precios que son los costes y no trabajar por debajo de costes, que además es ilegal porque significa competencia desleal. Esta base de costes que lo establece el observatorio de costes del transporte, se tiene que pagar como mínimo y de ahí para arriba, que el resto cada uno lo negocie con los cargadores lo que considere oportuno.
El mayor problema que sufrimos los transportistas en la actualidad, por extraño que resulte, no se encuentra en el encarecimiento del precio del gasóleo, la alta fiscalidad que soportamos y el incremento de los costes sociales, que también. El principal problema es que no podemos repercutir los costes totales en el precio final de la factura del transporte. Esta situación la genera una legislación inadecuada que permite a los cargadores y operadores logísticos quebrantar con total impunidad el principio económico previsto en el artículo 19 de la Ley20/1987,de Ordenación del Transporte Terrestre. Para que se pueda cumplir hay que establecer unos planes de control de inspección, controlar la competencia desleal y obligar a los cargadores a que cumplan la ley, estableciendo por obligación el pago por encima de los costes.
«Los transportistas hemos estado al pie del cañón durante la pandemia y ahora toca que se mire por nosotros»
¿Qué más medidas reclamáis?
Hay que proteger a los transportistas de forma efectiva de los comportamientos mafiosos que practican las grandes empresas cargadoras y operadores logísticos en el mercado, para mantener el control de los precios del transporte y el movimiento de transportistas de una empresa a otra. Las empresas cargadoras y operadores logísticos, haciendo valer la posición dominante que tienen, durante la crisis económica y sanitaria nos han aplicado a los transportistas bajadas de precios del transporte hasta un 35% de media con respecto al precio del mercado y de un 59% de media con respecto a los costes medios de explotación que determina el Observatorio de Costes del Transporte de la Generalitat de Catalunya. Otro problema que tenemos es que podemos llegar a soportar hasta 180 días de impago. La morosidad en el transporte de mercancías se sitúa en el 67%, las empresas cargadoras y operadores logísticos que nos contratan basan su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajamos para estos grandes grupos empresariales. Los impagos nos obligan a adelantar al menos un trimestre de IVA sin saber si vamos a cobrar las facturas pendientes.
También tenemos que hacer labores de carga y descarga que no nos corresponden, de forma gratuita. Así las empresas cargadoras y operadores se ahorran una parte del personal del almacén porque hacemos nosotros ese trabajo. Según la ley, esta tarea corresponde al cargador. Perdemos el 37% de nuestra jornada laboral en horas de paralización que no pagan las empresas y nos obligan las empresas a hacer jornadas de doce y catorce horas, siéndonos imposible conciliar.
Pedimos que se establezca una tarifa obligatoria de precios mínimo tomando como base los costes marcados por el observatorio de costes del transporte más un 35% de beneficio empresarial. Hay que revisar al alza los precios mínimos del transporte una vez al año como mínimo, y cuando se produzcan cambios en los costes, bajo sanción a las empresas infractoras.
¿Qué os parece el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno?
Nosotros no necesitamos ayudas si cobramos lo que nos corresponde. El gobierno no puede estar regalando el dinero como ha hecho ahora cuando tenemos deuda y menos hacerlo a quien está haciendo, en este caso, el fraude de ley. El estatuto del trabajador autónomo no se cumple, la ley del contrato de transportes tampoco, la ley contra la competencia igual… Estamos en un sector que no tiene control de ningún tipo.
«No necesitamos ayudas, sino cobrar lo que nos corresponde. Las grandes empresas nos marcan los precios de transporte».
¿Es necesaria una mayor regulación laboral en el sector?
Exacto. Hace falta que en el reglamento esto se regule en cada caso, cada cuestión específica, sobre todo lo de los costes. A partir de que se arregle esto el sector irá bien. Nosotros no queremos vivir en base a las subvenciones, porque eso no soluciona nada. Queremos tener las herramientas para ser autosuficientes.
¿Hay que poner un tope a los beneficios de los monopolios de la gasolina, la luz…? Las ayudas están bien pero no van a la cuestión de base.
Las energías que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, la electricidad, la gasolina, el gas… no puede ser que se esté especulando con ellas permanentemente, habría que ir a un régimen de nacionalización de las empresas. Es especulación pura y dura. Nos están cobrando la energía eólica o de las placas solares a precio de la energía del gas, no tiene ni pies ni cabeza. Somos un sector que durante la crisis, en pandemia, hemos estado maltratados, sin tener donde comer en la carretera, sin tener medidas de seguridad. Nosotros no hemos fallado, hemos hecho un servicio para que a los ciudadanos no les faltara de nada. Hemos seguido a pesar de ganar por debajo de los costes. No hemos hecho la huelga en la pandemia, porque era, quizás, el momento más duro para hacerla. Ahora es el momento para que se nos reconozca la valía, ese carácter esencial que tenemos, y que se nos proteja como ciudadanos que somos y no se nos deje en manos de estos buitres del mercado.
La solución pasa por regular los costes haciéndolos obligatorios, de forma que las empresas cargadoras que los incumplen sean sancionadas por ello. Si no arreglamos esto, no resolveremos nada.