La cooperante española Juana Ruiz, de 62 años, residente en Cisjordania desde hace 35 años y casada con un palestino, fue detenida en la madrugada del 13 de abril en su casa por el Ejército israelí… sin saber por qué. Semanas después, y tras comparecer por quinta vez ante un tribunal militar israelí, sigue arrestada, sin conocer el motivo. La familia de Juana y más de un centenar de organizaciones, entidades sociales y varios partidos políticos de nuestro país consideran arbitraria e ilegal su detención y exigen su inmediata liberación.
Juana Ruiz lleva desde 1984 trabajando en la Cisjordania ocupada con la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, que ofrece servicios sanitarios a la población palestina a través de una red de clínicas y hospitales.
A pesar de ser española -y como a tantos y tantos civiles palestinos de forma trágicamente cotidiana- el Estado de Israel está aplicando a Juana la jurisdicción militar vigente en Cisjordania desde la ocupación de 1967, que permite prolongar hasta 75 días el arresto de sospechosos para su interrogatorio sin ni siquiera comunicarles los cargos que se le imputan.
Juana Ruiz está encerrada, en régimen de aislamiento, en la sección de mujeres del penal de Hasharon (cerca de Tel Aviv) y siendo interrogada por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior de Israel, en sesiones de hasta seis horas de duración. Fuentes de su defensa temen por su salud, condicionada por una enfermedad previa por la que debe recibir medicación.
En contra de cualquier convención internacional sobre derechos humanos, las autoridades españolas no fueron informadas oficialmente por las israelíes de la detención desde un primer momento. El motivo que esgrime la oficina del Portavoz del Ejército es que la cooperante habría «ofrecido servicios a una organización ilegal afiliada al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP, calificado como Israel como grupo terrorista)» y «contactado con un agente extranjero».
Mientras que a los colonos judíos de los asentamientos (ilegales) de Cisjordania se les aplica la legislación civil israelí, para los palestinos rige la ley marcial. El infierno que vive Juana Ruiz es el infierno que todos los días sufren los 323.700 palestinos de Cisjordania. Por no hablar de la extrema miseria, la masacre y el castigo militar sistemático que sufren los 2 millones de palestinos de Gaza.
La campaña en España en pro de la liberación de Juana Ruiz, secundada por millares de firmantes y más de 150 organizaciones, exige que “las diplomacias española y europea deberían tomar su caso como una auténtica prioridad”.