Tras 100 días de una escalada de violencia -con 92 muertos- que pone a Venezuela al borde de un enfrentamiento civil aún más antagónico, un complejo baile de enfrentamientos en las calles y movimientos de diálogo entre Gobierno y oposición se desenvuelve en Caracas.
La excarcelación del líder opositor Leopoldo López -condenado a 13 años por haber instigado violentos disturbios en 2014, con resultado de 43 muertos- ha sido anunciado como un gesto para de distensión por parte del gobierno de Maduro. Mientras tanto, nuevos choques entre manifestantes opositores y policía por cortes de calles masivos -los llamados «trancazos»- han dejado nuevos muertos en Venezuela.
La salida de prisión de Leopoldo López -que cambia «casa por cárcel», y deberá permanecer bajo arresto domiciliario el resto de la condena- se ha producido oficialmente «por razones de salud», y sin ninguna contrapartida por parte de López y su facción opositora: de hecho ha llamado a sus partidarios a seguir en la calle hasta derribar al gobierno.
La decisión tomada como una medida humanitaria por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en el que la gestión de Rodríguez Zapatero en calidad de mediador de Unasur ha tenido un papel destacado, ha sido promovida por el gobierno de Maduro. «Hemos visto hoy como el país amaneció con una noticia que es producto precisamente del diálogo, del esfuerzo sostenido que hace el presidente y como el TSJ ha dado una medida a uno de los personajes que causó una de las mayores desgracias en los últimos años», ha dicho el ministro de defensa, Vladimir Padrino. En otro acto, las familias de las 43 víctimas mortales de las guarimbas por las que López cumple condena, respaldaron la decisión del TSJ. «Respaldamos cualquier medida que se tome para acabar con la violencia en Venezuela. El dolor que hemos sufrido no lo merece nadie más. No seremos las víctimas quienes le cerremos la puerta a la posibilidad de diálogo y reconciliación del país».
El gobierno de Maduro intenta con este gesto ganar activos en el terreno internacional, dadas las críticas que le llegan por los graves excesos cometidos durante estos 3 meses de máxima tensión, con un resultado de 92 muertos desde el 1 de abril. Criticas incluso desde las propias filas del chavismo, como la de la ex-fiscal general Luisa Ortega, que se desmarcó de Maduro tras la decisión del TSJ de suspender de sus funciones a la Asamblea Nacional por desacato. También de organizaciones como Amnistía Internacional, que ha emitido un informe en el que acusa a «las fuerzas de seguridad de reprimir con violencia las protestas críticas del gobierno. No son sólo una reacción descontrolada por parte de algunos agentes de seguridad, sino que forman parte de una práctica premeditada de utilizar la violencia» incluyendo el empleo «de fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes» con resultado de muerte.
Maduro también trata de desmarcarse del asalto hace unas semanas por parte de grupos chavistas de la Asamblea Nacional dejando cinco diputados opositores heridos, y ya se ha imputado a un jefe de la Policía Bolivariana, a un excomandante de la Guardia Nacional y a un director del servicio de inteligencia por su responsabilidad en el asalto.
Mientras tanto, los enfrentamientos en las calles siguen su curso, preparando el terreno -buscado por Washington y los sectores más facciosos de la oligarquía venezolana- de que el ‘golpe blando’ contra el gobierno de Caracas desemboque incluso, si es necesario, en un enfrentamiento civil aún más antagónico y sangriento que logre hacerlo caer.