La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, máxima figura de la coalición progresista gobernante Frente de Todos, ha sido condenada a seis años de cárcel por cargos de corrupción, aunque la condena es apelable y sus fueros como mandataria la protegen de ir a prisión.

Es la sentencia más que previsible del llamado «Caso Vialidad», un juicio sobre el que -como en el Caso ‘Lava Jato’ contra Lula o de las condenas contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa- pende la larga y ominosa sombra del «lawfare». Los centros de poder ligados al macrismo y sobre todo a EEUU buscan proscribir políticamente a una figura polarizante, pero de grandísimo tirón electoral en Argentina.

Estaba cantado, pero no por ello es menos vergonzoso. Un tribunal de tres jueces ha dictado sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a seis años de prisión e inhabilitación absoluta. No han podido probar el delito de asociación ilícita, pero sí la condenan por «administración fraudulenta en perjuicio del Estado». Pero la sentencia carece de pruebas sólidas, y los argumentos que esgrime han sido demolidos durante los tres años de juicio.

Pero hay más. Desde hace meses y en las últimas semanas se han hecho públicas imágenes y grabaciones que apuntan a un claro caso de «lawfare», de guerra judicial prevaricadora de jueces, fiscales, grandes empresarios -entre ellos dueños de imperios mediáticos como el diario Clarín- y destacadas figuras del macrismo, reunidos y de acuerdo para actuar de forma coordinada para conseguir el acoso y derribo de Cristina Kirchner. La asociación ilícita está en los contubernios oligárquicos, detrás de los que se adivina la sombra de Washington.

Un fallo grotesco

Es el mayor escándalo de corrupción de la historia argentina. La llamada Causa Vialidad investiga la malversación de fondos públicos en la construcción de grandes obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Ha quedado probado que de forma corrupta, el empresario Lázaro Báez, se hizo con varios y millonarios contratos de construcción de carreteras. La fortuna de Báez -un empleado bancario venido a empresario, y con ciertos contactos con el matrimonio Kirchner- aumentó un 12.000% en el periodo que se juzga. La investigación implica también a 12 altos funcionarios de los gobiernos de los Kirchner, acusados de desviar dinero de la obra pública para enriquecerse.

Hasta aquí, todo correcto. Pero es que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no se sustenta en ninguna prueba sólida. No hay ni una sola evidencia, documento, conversación o testigo, en tres años de instrucción, que haya podido acreditar que de las licitaciones de Lázaro Báez se benefició Kirchner. Tampoco se ha encontrado un solo mensaje o email donde la ahora vicepresidenta diera alguna instrucción para beneficiar al empresario, u ordenando alguna medida relacionada con las carreteras de Santa Cruz. CFK no tuvo comunicaciones con los otros acusados sobre los hechos que se juzgan.

Al no poder probar la figura de «asociación ilícita», los jueces han ido a demostrar el tipo penal de «administración fraudulenta en perjuicio del Estado», pero para ello debían probar el papel específico de cada condenado en las rutas de Santa Cruz. Pero no han encontrado nada de nada.

La sentencia condenatoria hacia CFK es tan grotesca que responsables directos de las adjudicaciones de obras como Julio De Vido -ministro de obras públicas durante los gobiernos de los Kirchner- o Abel Fatala -subsecretario de Obra Pública- han sido absueltos por falta de pruebas, mientras que han condenado -con la misma ausencia de evidencias- a la entonces Presidenta de la Nación.

El tribunal afirma que “hubo sobreprecios en al menos tres de las cinco obras peritadas”. Pero los testimonios de los peritos que declararon eso durante el juicio fueron totalmente desacreditados, naufragando estrepitosamente, quedando probada la inexistencia de sobreprecios.

Lo más que presentaron los fiscales son otras asociaciones comerciales -sin relación con el caso- entre el empresario Báez y la familia Kirchner o las conversaciones telefónicas del secretario de Obras Públicas, José López (el de los bolsos millonarios), en los que se menciona inespecíficamente a «la jefa» o a «la presidenta», pero en los que también salen a relucir tratos con Nicolás Caputo, un empresario de la construcción muy cercano a Macri.

La falta de pruebas incriminatorias contra la expresidenta, el cúmulo de irregularidades en el proceso judicial recuerdan poderosamente a la fraudulenta cacería jurídicas contra Lula o Rafael Correa. Pero hay más razones para pensar que estamos ante un flagrante caso de «lawfare».

Pachangas y concilios en casa de Macri

Hace meses, se hacían públicas las relaciones más que sospechosas entre uno de los fiscales del «Caso Vialidad» -Diego Luciani -, uno de los tres magistrados del juicio contra CFK -Rodrigo Giménez Uriburu- y el macrismo. El diario argentino Página12 hacía públicas unas imágenes en las que se puede ver al fiscal Luciani jugando al fútbol junto al juez Uriburu, en un torneo amistoso organizado en la finca del ex presidente Mauricio Macri.

Alguien demasiado ingenuo podría contemplar esto como una prueba circunstancial, pero en los últimos días, se han filtrado (también por el diario Página12) conversaciones de un grupo de Telegram conformado por jueces federales, empresarios, altos cargos del macrismo, y directivos de uno de los principales grupos mediáticos de Argentina -el Grupo Clarín, ferozmente enfrentado al Frente de Todos- de no dejan lugar a dudas sobre la existencia de una trama de «lawfare» (la guerra política por medios judiciales) que tiene como objetivo el derribo de CFK.

En esas conversaciones de Telegram se habla de un viaje de un selecto grupo de oligarcas a una lujosa y escondida finca en Lago Largo, propiedad del magnate británico Joe Lewis -un importante inversor en el sector energético y aliado estrecho del ex presidente Mauricio Macri-, un viaje pagado por el Grupo Clarín. Entre los conspiradores está Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa Vialidad, y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los que impulsó la acusación original.

Las transcripciones revelan como este conciliábulo -de forma coloquial- trama «el señalamiento de objetivos político-judiciales de entre los dirigentes, militantes o funcionarios de coaliciones progresistas, el linchamiento mediático preparatorio de las víctimas; la articulación de narrativas comunes y el silenciamiento deliberado de ciertos temas entre las diferentes corporaciones de prensa; el armado de causas falsas que incluye a jueces, fiscales y funcionarios; la preparación y orientación de falsos testigos; la filtración de información sensible y oportuna de parte de agentes de los servicios de inteligencia, etc…», denuncia el sociólogo Lautaro Rivara en Alainet.

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