Justo cuando la Asamblea Nacional había dado luz verde al juicio político contra el actual presidente ecuatoriano -el banquero y derechista Guillermo Lasso- el mandatario ha decidido eludir un proceso que habría podido acabar con su destitución por graves delitos de malversación de fondos públicos, activando un botón rojo constitucional, el mecanismo llamado «muerte cruzada», por el que se disuelve el Parlamento, y acaba su propio mandato, convocándose elecciones en Ecuador en los próximos meses (entre agosto y octubre).

Mientras tanto, Lasso y sus políticas neoliberales y entreguistas -siempre afines a las orientaciones «sugeridas» desde el FMI y Washington-… gobernará por decreto. Sin embargo, su mandato no llegará ni a los dos años. Ha sido la lucha popular la que ha adelantado su fecha de caducidad.

«Antes de que me echen, me voy yo». Algo así viene a ser el significado político de la maniobra conocida en Ecuador como «muerte cruzada». Se trata de un mecanismo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Al hacerlo, sin embargo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en las que se arriesga a perder el poder.

Lasso había coqueteado con la idea de aplicar esta medida si avanzaba el proceso parlamentario en su contra. La popularidad de este banquero, marcadamente pronorteamericano, eterno candidato de la derecha y bestia negra del correísmo y la izquierda, está muy mermada por una combinación de factores. Primero por sus políticas antipopulares y neoliberales, fuertemente contestadas en los últimos años, especialmente por las masivas movilizaciones de las centrales sindicales y la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Segundo por una creciente ola de violencia y crímenes del narcotráfico que asola el país.

Y a todo ello se le ha sumado el estallido de un grave caso de corrupción. La oposición ha lanzado un juicio político contra el presidente, acusado de un presunto delito de malversación al no haber tomado -a sabiendas- acciones contra un contrato ilícito entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que supuso un perjuicio a las arcas públicas ecuatorianas de al menos seis millones de dólares.

Pero apenas un día después comparecer para declarar su «incuestionable inocencia» en la Asamblea Nacional, en una maratoniana sesión de 12 horas y en la que se aprobó el inicio del proceso de ‘impeachment’, Guillermo Lasso ha decidido ganar tiempo con la «muerte cruzada», una maniobra inédita en Ecuador que al disolver el Parlamento aborta el juicio político y le permite gobernar por decreto hasta la celebración de los comicios, cuya primera vuelta será probablemente en agosto y la y la eventual segunda vuelta en octubre.

Guillermo Lasso ha hecho uso del artículo 148 de la Constitución, con el que se disuelve el Parlamento que lo iba a juzgar políticamente por un presunto delito de malversación.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han mostrado su respaldo a la salida «constitucional» de Lasso, mientras la CONAIE ha denunciado la maniobra y está sopesando la convocatoria de protestas y movilizaciones. Por su parte, el movimiento de Revolución Ciudadana afín al expresidente Rafael Correa, principal impulsora del juicio político contra Lasso, ha exigido que continúen las investigaciones por corrupción, pero al mismo tiempo han valorado la oportunidad que se presenta con las nuevas elecciones. “Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”, tuiteaba Rafael Correa.

De cualquier modo, la legislatura de Guillermo Lasso, que ganó las elecciones en 2021 con un ajustado 52,36% de los votos frente al candidato de la izquierda, Andrés Arauz, no llegará a 2025. La intensa y persistente lucha de los trabajadores ecuatorianos contra sus políticas antipopulares y entreguistas ha acortado el mandato del banquero.