Elpidio Silva ha sido el primer juez tras el estallido de la crisis en meter en la cárcel a un banquero por sus prácticas delictivas al mando de una entidad financiera.
El ex-juez Elpidio José Silva (Granada, 1959) abrió la caja de los truenos cuando decidió en 2013 reabrir el ‘caso Blesa’ y encarcelar al que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, por su implicación en créditos irregulares al Grupo Marsans (26 millones) y sobretodo por la compraventa fraudulenta del Banco de Miami (1.100 millones). Nunca antes a lo largo de la crisis un juez se había atrevido a meter en la cárcel a un banquero, y las presiones se multiplicaron desde todos los rincones de los aparatos de poder: desde las instancias judiciales, desde el poder político, desde la caverna mediática… ¿cómo osaba?. Miguel Blesa estuvo sólo 15 días en prisión, pero poderosos resortes hicieron que se cambiaran las tornas. La fiscalía acusó a Silva de prevaricación y fué apartado del caso e inhabilitado. Pero había abierto una espita que ya no se pudo cerrar. De los correos de Blesa salió la trama de las ‘tarjetas black’ que ha acabado sentando en el banquillo a todo el Consejo de Administración de la antigua Caja Madrid, revelando una parte del podrido engranaje de la entidad financiera.
Tras un prometedor paso por la política con el Movimiento RED -mas de 100.000 votos en las elecciones al Parlamento Europeo (2014)- Elpidio Silva dirige ahora sendos bufetes de abogados penalistas en Madrid y Barcelona, e imparte cursos sobre Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense. En dos libros -‘La justicia desahuciada. España no es país para jueces’ (Península, 2014) y ‘La verdad sobre el caso Blesa’ (RBA, 2015)- Silva desgrana la lucha de los jueces independientes contra los aparatos de poder judicial y los detalles de su cruzada contra la corrupción bancaria.
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¿Cómo valora el desenlace del caso de las tarjetas black?
En primer lugar, éste no es el desenlace. El enfoque que se le está intentando dar -desde una información muy dispersa y en parte desde el ámbito institucional- a este tema es que las ‘tarjetas black’ son un asunto cerrado. No, no: aquí de lo que se trata de saber es cómo ha sido toda la gestión criminalizada de Caja Madrid durante decenas de años. Y esa gestión hay que evaluarla en todos y cada uno de los casos judiciales que se van produciendo. Las tarjetas black, dentro de lo que era la gestión del banco no tiene la más mínima relevancia. Se ha ido fragmentando el caso ante la opinión pública, para despistar y hastiar a la gente. Buscan que se dividiendo la investigación en muchas partes para que sea muy difícil seguirle la pista, indagar adecuadamente y llegar a la verdad. Con el caso original se produjo una presión que no se esperaban, y se ha desarticulado la persecución penal.
Usted ha dicho que “el escándalo de las tarjetas black es una minucia, el 0,001% de la corrupción en Caja Madrid”, y que el grueso de la corrupción financiera y de las prácticas delictivas en este banco -el ‘caso Blesa’ que usted llevaba y que se ha enterrado después de su inhabilitación como juez- está todavía por investigar y apenas se sabe nada. ¿Es así? ¿Sólo hemos olido la punta del iceberg corrupto de Bankia?
Efectivamente, esto de las tarjetas no es nada. En el marco de lo que es una las instituciones bancarias más importantes del país, el problema es investigar cómo se ha podido hundir por la actuación de estos señores [Blesa, Rato, el consejo de administración], ya condenados. Hace escasamente cinco años -en 2012- todo el mundo cuestionaba que estos señores tuvieran responsabilidad penal o que hubieran cometido actos criminales. Hoy al menos, a nivel de primera instancia, hay un pronunciamiento de condena.«¿Que hay que perseguir? La forma de prestar dinero por parte de Caja Madrid: ése es el tronco fundamental de todos los demás casos. Cómo disponían del dinero para crédit»o
¿Que hay que perseguir? La forma de prestar dinero por parte de Caja Madrid: ése es el tronco fundamental de todos los demás casos. Cómo disponían del dinero para crédito. En dos modalidades: a sus «amiguetes», a las personas que les va bien en un capitalismo clientelar. Y en el otro lado, todo lo contrario, prestar a personas o empresas que muy probablemente nunca van a poder devolver ese dinero; pero que luego, en un mercado secundario te permite enriquecerte [se refiere al prestamo de 26 millones por parte de Blesa a un Marsans (Díaz Ferrán) a punto de entrar en quiebra]. Esto es lo que hay que investigar.
La investigación de la corrupción financiera en Bankia ha permitido radiografiar “los protocolos, irregularidades y vericuetos de la gestión bancaria”. ¿Hay razones para sospechar que se trata de un tipo de prácticas generalizadas en todas las entidades financieras?
No. Tal y como sucedió en Caja Madrid, rotundamente no. Estamos hablando de otra liga. ¿En la banca hay irregularidades? Esto ya nadie puede cuestionarlo. ¿Hay muchas conductas en el ámbito bancario que inducen a pensar claramente en la criminalidad? Si, también es verdad, no creo que se pueda dudar. Eso es una cosa, ahora bien, todos sabemos lo que quiere decir un delincuente que puede ser más o menos ocasional, a otro rotundamente profesionalizado. A algo que forma parte de la raíz, de la cultura, de la gestión permanente de una entidad. Lo que se indica en los casos Blesa, Banco de Miami, las preferentes, tarjetas black, las autosubidas de sueldos… es un «me siento en el sillón y desde el principio me dedico a esto», que es defraudar a una entidad. Fragmentariamente han ido apareciendo indicios, y seguirán saliendo con unas dificultades enormes. Aún hay que juntar las piezas e investigar a fondo.
En los casos de Caja Madrid, ¿el Banco de España se ha comportado como un organismo regulador o como parte del problema?
Conforme avance la investigación se verá bien, pero lo que cualquiera puede imaginar es que un supervisor presencial como el Banco de España -que está en la entidad, en los servicios centrales del Banco, trabajando y fiscalizando; que tiene una relación de información y comunicación exhaustiva- nadie puede concebir que se puedan hundir las entidades financieras como ha sucedido con Caja Madrid, ante su cara, sin que hubiera alarmas previas. No se puede comprender. Eso está descrito en mi libro «La verdad sobre el Caso Blesa»: las manifestaciones de los inspectores ante el crédito de Caja Madrid hacia Díaz Ferrán [Marsans], con un informe pericial aplastante. Es decir, el supervisor [el Banco de España] tendría que contestar a muchas preguntas y seguramente no sólo como testigo.«La corrupción de Caja Madrid está en otra liga dentro de las irregularidades y conductas delictivas del mundo financiero. Formaba parte de la raíz de la gestión permanente de la entidad”»
Es muy importante que esto se sepa. Que el mayor número de personas tengan conciencia plena del impacto que ha tenido la corrupción financiera en sus vidas, en su trabajo, en el pago de su hipoteca… en la existencia diaria de las personas que levantan un país. Todos ellos se han visto perjudicados por las acciones de no más de una docena de personas.
La lucha contra la corrupción en España se suele enfocar en el corrupto -el cargo público que recibe mordidas- pero raramente en los corruptores, los bancos o grandes empresas que son las grandes beneficiadas de las acciones ilegales. Al investigar a Blesa, ha salido a la luz prácticas de corrupción financiera que apuntan a unos 10.000 millones. ¿No es fundamental acabar con la impunidad, no sólo de los corruptos, sino sobretodo de los corruptores?
Claro, efectivamente cuando se trata de este tipo de delitos la trama es amplia y los papeles que cada uno desempeña son muy variados. En primer lugar lo que habría que hacer sin duda alguna es crear juzgados especializados en este tipo de delitos. Sinceramente, si le sigo hablando de cómo se investiga la corrupción en España, no me entiende nadie, ni siquiera mis compañeros jueces. Se trata de un ámbito de investigación técnico, específico, complicado, que requiere de especialización. De igual manera que en medicina curar un carcinoma requiere de un médico especializado, experto. Pues en España, los jueces no tienen la menor especialización en este ámbito, ni se la espera.
Y la otra cosa que no hay en España es independencia para investigar delitos de corrupción. Si nosotros queremos llegar a cada uno de los que están danzando en el círculo de la penalidad, si los queremos pillar a todos, necesitamos un alto grado de independencia judicial. En Francia, hace pocos días, a François Fillon [candidato de la derecha] en un momento muy delicado de la campaña, ha tenido una entrada y registro judicial en su domicilio, porque hay indicios de que él y su mujer han cometido delitos de cobrar dinero indebido. Allí los jueces tienen un nivel de independencia que aquí no existe ni por el forro. Y mientras no exista no se puede pensar en investigaciones amplias y detalladas de este tipo de delitos.
Precisamente quería preguntarle sobre eso. ¿Qué grado de independencia real tiene la Justicia en España?
¿Grado? En España la Justicia no es independiente. No es una cuestión de porcentaje o de números naturales. No hay términos medios, es un número binario: o eres independiente o no lo eres. Todos sabemos que cuando un juez dicta una resolución judicial, o manda recabar pruebas o lo que tenga que hacer… nadie le tiene que poder entorpecer, o perseguir, o manipular, o abrir un expediente informativo o disciplinario. O actúa así, o no.
Pero la realidad es que, aunque un juez puede hacer esto en el día a día con los ciudadanos de a pie, ahí puede ser independiente… no lo es respecto a los delitos más importantes que se pueden cometer en la sociedad, relacionados con la corrupción, con el ámbito político o con el financiero o con las altas instituciones o la estructura económica del país. Aquí no se puede investigar a Fillón como si fuera un ciudadano más, sin esperar consecuencias.«Hay que cobrar conciencia del impacto que ha tenido la corrupción financiera en las vidas, en el trabajo, en el pago de la hipoteca… en la existencia diaria de las personas que levantan el país»
Pero incluso para el pequeño delito, en los hechos la Justicia tampoco es independiente. No tiene medios, no tiene su propia policía judicial. Tiene que trabajar con cuerpos policiales dependiente directamente del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo. Ni tampoco tiene un presupuesto autónomo. Un juzgado no tiene presupuesto para actuar, y se tiene que someter de una manera totalmente rigurosa a lo que le marca en CGPJ, a lo que le marca las delimitaciones de la comunidad autónoma donde está. Los jueces tienen una sensación de que viven en precario, el poder judicial ‘de a pie’ tiene «la casa prestada». Resumiendo: de independencia de la Justicia en España, nada.
Estos días, el Fiscal General del Estado (José Manuel Maza) ha hecho una purga de varios fiscales “por falta de confianza personal”. Y ha nombrado ha nombrado a Manuel Moix como fiscal anticorrupción, famoso por ser el fiscal que defendió de que la fuga de Esperanza Aguirre de la Policía Municipal fue “una falta y no un delito”. ¿Qué cambios hay que hacer en el ministerio fiscal para evitar que sea un instrumento político en manos del Gobierno?
Sin la menor duda: la Fiscalía debe ser independiente, debe gozar de esa cualidad. Aunque los jueces sean independientes, si en una labor tan necesitada de colaboración y de entendimiento mutuo, la otra parte que juega -que es el ministerio fiscal y cuya labor es defender la Ley, el interés de todos los ciudadanos- lo hace de manera no independiente… se produce una seria distorsión. Es como escuchar una buena canción pero con muchísimo ruido de fondo.
Respecto de lo que ha pasado en los últimos tiempos con el ministerio fiscal y el Ministerio de Justicia, con las últimas intervenciones en el Congreso del Fiscal General, se ha escenificado claramente hasta que punto los fiscales, en sus diligencias -en las que deben tener un mínimo de autonomía de trabajo y de criterio- se ven entorpecidos. La política de nombramientos, es como siempre discreccional. El Fiscal General del Estado ha interpretado cuáles deben ser las personas que él considera que deben estar en esos cargos. Y habrá que ver que hacen esas personas, habrá que evaluarlos y estar muy pendientes.«En España no existe independencia judicial para investigar delitos de corrupción. Ni preparación técnica y específica para los jueces. Ni policía ni presupuesto propio»
Porque los tiempos han cambiado, la situación no puede seguir como está. El Partido Popular está intentando ganar legitimidad en este campo, porque la opinión pública sabe perfectamente que el PP no fue ni de broma el que dio el paso adelante para combatir la corrupción. Se ha cambiado el terreno político en España como consecuencia de la alarma social ante la corrupción.
Usted ha pisado poderosos callos: ha sido el primero en meter en la cárcel a un banquero. En su libro ‘La Justicia desahuciada’, afirma que “mi error fue acertar demasiado”. Ya ha dicho que no se arrepiente de nada, pero sabiendo lo que ahora sabe ¿cambiaría algo para ponérselo más difícil a los que le han atacado?
Seguiría la misma línea que seguí en la investigación. Intentando ser lo más acertado posible en la defensa de los derechos fundamentales de los acusados, pero a la vez procediendo de la manera más rápida y eficaz para la causa, para la defensa del interés general y de los tremendos daños que se podían haber producido con lo que estábamos viendo en Caja Madrid. Eso no lo cambiaría nunca.
Pero si yo supiera todos los datos referentes a los aspectos extrajudiciales del caso… posiblemente sí cambiaría alguna conducta. Yo no me podía imaginar que el CGPJ en un tema tan delicado, importante y relevante, se me iba a echar encima. Ni tampoco la avalancha de muchos periodistas, de tertulias y medios de comunicación (que ahora ni salen, ni hablan, ni existen). No me lo podía imaginar porque yo era un juez que actuaba con la legalidad. Yo llevaba muchos años trabajando con la Ley, decenas de años dictando sentencias. Y aunque ya había trabajado en temas relevantes, era un asunto de una envergadura tremenda. Seguro que habré cometido errores, pero si mis equivocaciones hubieran sido constantes, ya hubiera salido mucha gente para impugnarme. Nada de eso. Yo, afortunadamente, hasta entonces me había dedicado a trabajar.» Aunque los jueces sean independientes, si el ministerio fiscal no lo es, se produce una seria distorsión. Es como escuchar una buena canción pero con muchísimo ruido de fondo»
No te puedes imaginar jamás que al investigar a esta persona [Miguel Blesa] se armaría ésta. Es más, te imaginas que como esas prácticas las debía conocer el regulador, el supervisor -en fin, todo el mundo- se comprendería incluso desde su círculo de amigos, que «oye, pues este juez le ha pillado» y se aceptaría. Pero no.
Es un tema [el de Caja Madrid y la imputación a Blesa] que afecta al funcionamiento de toda la regulación y supervisión de la actividad financiera en España. Y donde no hay sólo una responsabilidad de Rajoy y su gobierno. La gestión financiera de este país se ha creado a lo largo de muchos años, tiene que ver con los gobiernos anteriores. Lo tuvieron que conocer las personas que estaban al frente y especialmente los que dirigían el Banco de España.