España es un país rico y con recursos. El problema es quién se apropia de esa riqueza y al servicio de qué intereses se pone. Redistribuir la riqueza es poner los enormes recursos de los que dispone nuestro país y los multimillonarios beneficios que hoy concentran un pequeño puñado de bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital extranjero al servicio del desarrollo de la economía nacional creando más riqueza y empleo al servicio de las necesidades de los ciudadanos.
Redistribuir la riqueza no es repartir una pequeña parte para “paliar los efectos de la crisis” en los sectores más vulnerable y empobrecidos. Ni “repartir el empleo” multiplicando los trabajos temporales y por horas, o con empleos precarios subvencionados por el Estado a base de más deuda para hoy y más empobrecimiento para mañana.
Ha llegado el momento de que los ciudadanos impongamos otra gestión de los recursos, para que quienes se apropian y disfrutan para su beneficio exclusivo de la mayor parte de la riqueza, devuelvan una parte sustancial, y sus multimillonarios beneficios contribuyan a la economía nacional y a elevar las condiciones de vida de la población.¿Cuáles son las principales medidas que hay que aplicar para que la riqueza se redistribuya de forma que beneficie a la economía nacional y a los ciudadanos?
1 Blindar las pensiones en la ConstituciónNinguna por debajo de 1.000 euros al mes.Cada día hay nuevos ataques contra el sistema público de pensiones, para convertirlas en un negocio privado del capital financiero.
Se utiliza el déficit de la Seguridad Social y la liquidación del Fondo de Reserva, la “hucha de las pensiones”, para decir que “el sistema es insostenible”.
El FMI, Bruselas y el Banco de España, la gran banca y los editoriales de grandes medios llaman a nuevas reformas que recorten el sistema público. O directamente a privatizarlas, como pide el BBVA, cambiando a un sistema de “cuentas individuales” gestionadas por gestores privados.
Quieren, cuanto antes, llegar a manejar los 100.000 millones de euros anuales que mueve el sistema público. Por eso Recortes Cero – Grupo Verde propone:
-“Blindar las pensiones en la Constitución, mediante referéndum, para mantener y aumentar su poder adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen”.
-Ninguna pensión por debajo de 1.000 euros al mes. Recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes.
Los pensionistas han perdido en los últimos 5 años un 14% de poder adquisitivo. La pensión media del sistema público es de 899 euros. Para recuperar el poder adquisitivo y elevar todas las pensiones por encima de 1.000 euros harían falta 12.700 millones de euros.Bastaría con una reforma fiscal progresiva, para que bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas paguen en función de sus multimillonarios beneficios, Hacienda recaudaría 53.000 millones de euros más cada año.
2 Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 euros netos al mes. Y nadie por encima de 10.000.Subir salarios y pensiones a un mínimo de 1.000 euros por 14 pagas mensuales, no sólo es de justicia y contribuiría a subir el nivel de vida de la mayoría de la población. También supondría un impulso del consumo interno, activando el principal motor de la economía nacional de la que dependen la mayoría del empleo y las pymes del país.
Para hacerlo no es necesario aumentar la deuda pública, sino aplicar una redistribución salarial y fiscal.
Recortes Cero – Grupo Verde propone:-Aplicar un salario máximo de 10.000 euros, para que nadie cobre menos de 1.000.
-Aplicar de forma inmediata la redistribución salarial en el empleo público y en las empresas dependientes del Estado para que ningún trabajador cobre menos de 1.000 euros y ningún alto cargo más de 5.000 euros al mes.
-Crear una Mesa de Negociación Colectiva (sindicatos, empresarios y Asministración) para extender la redistribución salarial a todas las empresas.
-Igualdad salarial de hombres y mujeres.
Basta con aplicar un salario máximo de 10.000 euros a los 106.951 ultraprivilegiados que, según Hacienda, declaran ganar más de 10.000 euros al mes para para liberar una masa salarial de 13.500 millones de euros, suficientes para elevar a 1.000 euros el salario de 6 millones de trabajadores que no llegan.
3 Crear una Gran Banca Pública y un Fondo Especial de Fomento del Empleo de 100.000 millones con el dinero del rescate bancarioPara reindustrializar el país y crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo de calidad, indefinidos y sostenibles.La banca ha recibido más de 200.000 millones de euros (dinero en efectivo, avales y compra de activos tóxicos) de dinero público por el rescate de cajas y bancos quebrados. Que una vez saneados (CAM, Unim o Banco de Valencia) se han regalado al Banco de Sabadell, el BBVA y La Caixa por 1 euro.
Bankia y Mare Nostrum (donde el Estado es accionista mayoritario con el 65%) deben permanecer como entidades públicas y ser la base de una gran banca pública.
Fusionados serían el cuarto gran banco del país, con unos depósitos de 144.622 millones de euros. Lo que supondría:Primero, disponer de un potente brazo financiero para convertirlo en uno de los grandes motores de la inversión productiva y de la reindustrialización, invirtiendo en sectores industriales de alto valor añadido, vinculados a las nuevas tecnologías, nuevas energías y desarrollo sostenible. Base de millones de puestos de trabajo productivos y de calidad.
Segundo, una banca para reactivar el crédito a bajo interés destinado a la inversión de las pymes y a las familias.Y tercero, una banca para invertir en I+D+i y en sectores estratégicos de la economía y romper con la dependencia del capital extranjero.
Recortes Cero – Grupo Verde propone:-”Bankia Pública ya”. Detener la privatización de Bankia y junto con Mare Nostrum crear un gran banco público, motor de la reindustrialización y el empleo.
-Denunciar y revertir la entrega de las cajas y bancos por un 1 euro a los grandes bancos.
-Crear un Fondo Especial de Fomento del Empleo de 100.000 millones de euros. Aportados al 50% por “Bankia pública” y los bancos que se han quedado con las cajas y el dinero del rescate bancario.
Una Gran “Bankia Pública” sería el cuarto banco del país con unos depósitos de 144.622 millones y unos activos financieros de 297.000. Y que ya está dando beneficios, 1.040 millones de euros en 2015.
4 Reforma Fiscal progresivaPara que bancos monopolios, multinacionales y SICAV paguen un 50% de Impuesto de Sociedades sobre sus enormes beneficios. Y las grandes fortunas con rentas superiores a 500.000 euros paguen un IRPF del 75%.Bancos, monopolios y multinacionales apenas pagan entre un 3,5% y un 6% por el Impuesto de Sociedades, aunque el tipo legal es del 28%, gracias a sus privilegios fiscales.
Mientras, las pymes pagan un 16,6% sobre sus modestísimos beneficios. Este es un sistema fiscal hecho a medida de la oligarquía y el capital extranjero. Para ellos España es un auténtico “paraíso fiscal legal”, aquí evaden “legalmente» miles de millones de impuestos.
Como dice el Sindicato Gestha, “si las multinacionales soportasen la misma carga tributaria que las pymes, España recaudaría 8.250 millones más al año”.
Si las SIVAV tributaran al 35% y no al 1%, Hacienda recaudaría 5.400 millones más cada legislatura.
Hoy se presentan programas que prometen que estos grupos ultraprivilegiados paguen un tipo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades. ¿Por qué quienes concentran la mayor parte de la riqueza, han de pagar menos que una pyme o un profesional con rentas de 30.000 o 50.000 euros anuales?
Recortes Cero – Grupo Verde propone una Reforma Fiscal para que los que más se llevan paguen en función de sus multimillonarios beneficios.
-Elevar el Impuesto de Sociedades a bancos, monopolios, multinacionales y SICAV al 50% sobre beneficios.
-Acabar con España como “paraíso fiscal legal”. Eliminar el sistema de privilegios fiscales a bancos, monopolios, multinacionales y SICAV.
-Reforma del IRPF, para subir impuestos a las grandes fortunas de verdad y altos Ejecutivos con rentas superiores a 500.000 euros anuales.
Con esta reforma fiscal la Hacienda pública ingresaría 53.000 millones más anualmente, para destinar a recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, a planes sociales, a inversión en I+D+I y en el cambio del modelo productivo.
5 Auditoría y renegociación de la deudaPara revertir todos los recortes en Sanidad, Educación, Ciencia y Cultura.La deuda pública es uno de los principales yugos que estrangulan la economía nacional. Un auténtico atraco.En ocho años hemos pasado de tener una deuda del 36% del PIB a superar el 100%. Desde el inicio de la crisis se ha incrementado en 670.000 millones de euros. Cada español debemos una media de 23.400 euros.
Ni un sólo euro ha ido a mejorar la Sanidad, Educación, pensiones o las ayudas sociales. Tampoco a cambiar el modelo productivo.
Los millones se los han llevado “los rescates bancarios”, las eléctricas, las constructoras y bancos propietarios de autopistas y el pago de los intereses de la propia deuda.
En los últimos cuatro años hemos pagado 143.127 millones sólo de intereses que se han llevado los bancos españoles y los bancos extranjeros que controlan el 53% de la deuda pública.
Han convertido sus deudas privadas en deudas públicas. Y se ha hecho de forma ilegítima.
La solución a este atraco no puede ser una “reestructuración ordenada” pactada con los acreedores, para alargar la cadena que nos estrangula durante más años.
Recortes Cero – Grupo Verde exige:-Una moratoria en el pago del principal y los intereses de la deuda pública hasta que la economía crezca de manera sostenida por encima del 10% y el paro descienda del 10%.
-Una auditoría ciudadana independiente para determinar qué parte de la deuda es ilegítima y no debemos pagarla. Que la paguen quienes se han aprovechado de ella.
Los recortes en Sanidad, Educación, gastos Sociales Ciencia y Cultura suman más de 21.000 millones de euros. Sólo suspendiendo el pago de los intereses, el Estado dispondría de 113.000 millones de euros en una legislatura. Más que suficientes para destinar 42.000 millones a revertir todos los recortes y financiar Planes Nacionales de Sanidad, Educación, Ciencia y Cultura.
6 Eliminar el despilfarro y la corrupciónPara ayudar a las familias y financiar un Plan de Urgencia, Solidaridad y Reintegración Social.Se pueden reducir un 20% los gastos del Estado, sin tocar ni un euro de Sanidad, Educación y de las partidas sociales, pero cortando de raíz el despilfarro, la corrupción y las subvenciones públicas a bancos, monopolios y multinacionales.
La corrupción nos cuesta 40.000 millones de euros anuales. Los organismos duplicados, sociedades sin actividad real y el sistema de privilegios de la clase política 30.000 millones.
Las multinacionales del automóvil son las que más subvenciones reciben, 573 millones en 2012. Pero también Telefónica o CASA (17,7 millones).
Acabando con estas lacras, se pueden ahorrar recursos para destinarlos a un Plan Urgencia, Solidaridad y Reintegración Social.
Ninguna familia en pobreza o riesgo de exclusión social ha de quedar abandonada a su suerte. Pero el plan que propone Recortes Cero – Grupo Verde tiene por objetivo dar una salida digna a la población excluida y reintegrarla social y laboralmente.
Cualquier “renta básica” o ayuda si no va acompañada de medidas para la reintegración sólo servirá para mantener a quienes la reciben “sedados” en el gueto de la pobreza. Cada ayuda ha de implicar a los que la reciben en su propio cambio: con contrapartidas como la asistencia a talleres de formación o reciclaje profesional, a trabajos comunitarios o el compromiso en la escolarización de sus hijos
Por eso Recortes Cero propone un plan con medidas como:-Combatir la pobreza garantizando un renta básica equivalente al salario mínimo de 665 euros para las familias sin ingresos, a cambio de contrapartidas para su reintegración laboral y social.
-Combatir la pobreza energética garantizando luz y agua en todos los hogares. Prohibiendo los cortes.
-Paralización de los desahucios, imponiendo a los bancos una moratoria en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar.
-Un parque público de alquileres sociales con las viviendas vacías de la banca rescatada.
Financiar este plan social tendría un coste mínimo de 32.000 millones de euros.Con la reducción de un 20% en los gastos del Estado ahorraríamos 30.000 millones de euros anuales. Suficientes para acabar con la exclusión social.