Las reglas del reparto

La gran patronal CEOE acaba de presentar un documento en el que exige que dos tercios de los 140.000 millones de euros del fondo europeo, unos 95.000 millones de euros, vayan directamente al sector privado.

Si algo quedó claro en la Asamblea que los grandes capitales nacionales y extranjeros celebraron en junio, convocados por la organización de la gran patronal CEOE para hacer frente a la crisis económica asociada al coronavirus, fueron dos cosas: la deuda pública como principal mecanismo para asumir los costes, y la disponibilidad de las ayudas europeas para salir de esta crisis.

La patronal oligárquica CEOE acaba de presentar su propio plan para el reparto del dinero que ha de llegar de la Unión Europea. En su “Documento Marco para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia de la Economía Española”, exigen dos tercios del dinero de los fondos europeos para sus empresas y establecen las condiciones en que debe hacerse el reparto, con beneficios fiscales y reformas estructurales.

La inversión privada, el factor clave a potenciar

El documento fija en primer lugar que son “las empresas”, es decir los grandes monopolios del Ibex-35, las grandes empresas y multinacionales que operan en España, quienes tienen que “liderar los proyectos” y tener más peso que el sector público y los proyectos que pueda liderar el gobierno o las comunidades autónomas. Considera insuficiente que “solo” reciban el 50% del dinero que ha de llegar de la UE previsto inicialmente por el plan del gobierno, exigiendo dos tercios, casi 95.000 millones de euros de los 140.000. Eso sí, empezando por recibir 48.000 millones a fondo perdido de los 72.000 millones de subvenciones que España recibiría en los próximos tres años (2021-2023).

Además establece el destino del dinero, que debe ser “evitar que el tejido productivo se destruya y apoyar su modernización”, reduciendo la inversión pública a un tercio de los fondos europeos destinados sobre todo a “la digitalización de la Administración”.

Bajo este aparente interés por el “mantenimiento del tejido productivo” lo que se está exigiendo es que los grandes poderes económicos del país y el capital extranjero puedan destinar todos esos recursos a sanear y modernizar sus propios negocios, por encima de las transformaciones que necesita el país.

14.000 millones para el automóvil, un ejemplo vale más que mil palabras

La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciaba en la reciente Mesa de la Automoción celebrada en Zaragoza que el gobierno destinará 10.000 millones de euros de los fondos europeos al sector del automóvil, para que “el sector de la automoción siga siendo palanca de recuperación económica y social”. A los que habría que añadir los 3.750 millones del Plan de Impulso a la Automoción que el gobierno puso en marcha en junio; es decir, casi 14.000 millones dedicados a un sector que representa el 10% del PIB español, pero dominado por el capital extranjero (norteamericano, francés, alemán o japonés…), que tiene España como una sucursal de ensamblaje, con los centros de decisión y desarrollo en EEUU, Alemania, Francia o Japón y en pleno proceso de ajuste de plantas y plantillas y deslocalización de empresas… Cierra Nissan y Ford su planta de motores, y se anuncian más ERE en el sector…, poniendo de manifiesto las consecuencias de la dependencia de un sector dominado por los intereses de las multinacionales.

La ministra habla de reforzar un sector impulsando la tecnología 5G, la infraestructura de recarga para coches eléctricos…, pero no hay un plan para que esos miles de millones de euros en subvenciones sirvan para transformar el sector, desarrollando un nuevo modelo industrial propio, con los centros de decisión en España, una industria vinculada al desarrollo y fabricación de la nueva generación del coche eléctrico y alternativo con capacidad para I+D+i y producir las partes esenciales, baterías, motores eléctricos o los programas con tecnología 5G…

¿Dedicar los fondos europeos a seguir siendo una “fabrica de ensamblar coches” o apostar por crear un potente sector industrial vinculado al desarrollo integral de las nuevas energías?

Un camino nos lleva a seguir teniendo una industria dependiente de las potencias extranjeras y su tecnología más avanzada, saneada y modernizada y financiada con los fondos que le corresponden a España y se perpetúa un mercado de trabajo sometido a los ajustes, la precariedad laboral y salarial.

Otro, a invertir en un nuevo modelo de desarrollo integral basado en la reindustrialización nacional que vincule el desarrollo industrial al desarrollo de las nuevas fuentes de energía renovable y de alto valor añadido, acabando con la dependencia exterior y creando riqueza y empleo estable.

Con privilegios fiscales y reformas estructurales

Privilegios fiscales, es la segunda regla que establece el Documento Marco de la oligarquía. No solo quieren disponer del “bocado del león” del dinero público de los fondos europeos, sino que además este dinero venga con el regalo añadido de los “incentivos fiscales como complemento adecuado a los proyectos”, según se plantea en el documento.

O sea que además de darles el dinero, se les compense con avales públicos y “beneficios tributarios”, es decir con una reducción de impuestos que según el vicepresidente de la CEOE, Fernández de Mesa, debería consistir en rebajar un 10% las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF. Una exigencia que viene con el chantaje añadido de siempre de que solo así las empresas podrán cumplir los objetivos de empleo que quiere el gobierno…, y de que son medidas para favorecer a las pymes y autónomos.

Y reformas estructurales, la tercera. Una vez más los principales nódulos de la oligarquía y el capital extranjero se alinean con las exigencias de la Unión Europea para insistir en someter nuestro país a las reformas que condicionan los fondos europeos, de acuerdo con las “recomendaciones” semestrales de la UE:

-La reducción planificada del déficit público, o lo que es lo mismo, la reducción de las ayudas sociales una vez que se empiece a superar la pandemia sanitaria.

-La reforma de las pensiones que cuestiona su revalorización y abrir el mercado a los planes privados de empresas.

-Y la reforma del mercado laboral para lo que llaman “estrechar la dualidad”, para hacerlo “más flexible y adaptativo”. En román paladino, más precario yendo hacia el contrato único que convierta a todos en “fijos” pero con las condiciones precarias de “todos como los temporales”, fáciles de despedir y más baratos.

Corolario

No parece una buena decisión el anuncio del gobierno de que anticipará hasta un 50% de los fondos a los proyectos seleccionados antes del inicio de su ejecución, junto con la situación de bloqueo que atraviesan los fondos en Bruselas, bloqueados por la disputa que mantienen Polonia y Hungría con el Europarlamento y la Comisión Europea por la condicionalidad de los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho.

Adelantar dinero público a las grandes empresas a cuenta del que tiene que llegar de Bruselas y que cada día se retrasa más solo puede ser a costa de endeudarnos más. ¿Por qué no exigir que lo adelanten las propias empresas, la mayoría con suficiente músculo financiero para aguantar los envites de la crisis, y no incrementar una deuda país que ya supera todos los límites y que lleva camino de superar el 120% en los próximos meses?