Se ha utilizado como detonante el anuncio por parte del gobierno del nombramiento de un “relator” para facilitar el diálogo en la mesa de partidos catalanes. Pero este no es, como se repite machaconamente, el resultado de que “la situación en Cataluña sigue determinando la política española”. Las razones, convenientemente ocultadas, de esta nueva sacudida política están en otro lado.
El gobierno que no puede seguir
En los últimos días el gobernador del Banco de España y el vicepresidente de la Comisión Europea han intervenido para lanzar el mismo mensaje: la subida del salario mínimo en España a 900 euros es un peligro que “va a provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo”. Y el FMI ha vuelto a poner en la diana las pensiones, al proponer que los menores de 28 años deberán jubilarse cinco años más tarde y empezar a hacerse un plan de pensiones privado.
Esto es lo que de verdad está condicionando la política española. Los grandes centros de poder, internacionales y nacionales, exigen llevar más allá el “programa de los recortes”. Y se ha abierto la veda para acabar, a cualquier precio, con un gobierno de Pedro Sánchez bajo el que, aún de forma limitada y moderada, han avanzado las exigencias de la mayoría progresista.
Es aquí donde hay que buscar las razones de que, de repente, fuerzas aparentemente contrapuestas coincidan bajo la bandera del “todos contra el gobierno”.
Encabezados por un PP de Pablo Casado que mantiene, vía Aznar, un alineamiento cerrado con los sectores más agresivos de la superpotencia norteamericana. Que ha subvertido la realidad para presentar la figura del “relator” en el proceso de diálogo entre los partidos catalanes como una inexistente “cesión a los independentistas”. Concentrando todas sus iras contra un Pedro Sánchez al que Casado ha calificado, superando todos los límites, de “felón”, “presidente ilegítimo”, o de “aplicar en Cataluña la agenda política de ETA”.
Secundado como “fuerza de choque” por la ultraderecha de Abascal, que con una mano levanta la bandera de España, y con la otra envía a sus dirigentes a EEUU para financiar las próximas citas electorales, actuando abiertamente al servicio de una potencia extranjera.
Una ofensiva a la que se han sumado Puigdemont y Torra. No es algo tan descabellado. Puigdemont ya se opuso a que diera apoyo a la moción de censura que echó de la Moncloa a Rajoy. Y ahora ha maniobrado para forzar el voto contrario a la aprobación de los presupuestos presentados por el gobierno de Sánchez. El avance de la mayoría social progresista, que rechaza los recortes y defiende la unidad, que existe en Madrid y en Barcelona, es un peligro para las élites del procés.
A esta solo en apariencia extraña conjunción se han sumado también los sectores del PSOE, desde Felipe González a destacados barones regionales, que ejecutaron un golpe interno para descabalgar a Sánchez de la secretaría general.
Múltiples movimientos, pero en una misma dirección: se tiene que acabar un gobierno bajo el que la mayoría contraria a los recortes puede ganar más influencia.
Un juicio para degradar
En este endiablado panorama político va a jugar un papel el juicio contra los políticos independentistas que se está celebrando en la sala segunda del Tribunal Supremo.
Las élites independentistas ya han lanzado toda una campaña para denunciar que es “un juicio político y sin garantías”, con “un tribunal que no es imparcial” y unos acusados “perseguidos por sus ideas”.
De nada sirve que el juicio vaya a retransmitirse en directo y por striming -algo que no ha hecho ningún tribunal europeo-, o que el presidente del Tribunal de Derechos Humanos de la UE haya declarado que “la justicia española ofrece todas las garantías de un país democrático”.
Se quiere utilizar el juicio para difundir la imagen de España como un país donde, como se ha escuchado en la primera sesión, “se persigue a la disidencia política”.
Lo que se busca con esta estrategia es un doble objetivo.
Por un lado ocultar que, independientemente de que se considere excesiva la calificación de rebelión a los delitos o abusiva la prisión inconcidional a los acusados, lo que se está juzgando es el intento de imponer de forma unilateral y antidemocrática la secesión, no solo contra la Constitución sino sobre todo contra la voluntad de una mayoría de catalanes que la rechaza.
Y por otro, se persigue degradar la imagen de España, presentada como un Estado “neofranquista”, donde, como si se tratara de una república bananera, los magistrados del Supremo, el más alto tribunal, obedecen órdenes del gobierno de turno.
Esta no es una cuestión formal. La degradación de la justicia española la amparó un tribunal regional alemán cuando, al rechazar la extradición de Puigdemont, enmendó la plana a la máxima instancia judicial española.
Se degrada a España para debilitarla, para vencer las resistencias internas y poder ejecutar los nuevos recortes que la Comisión Europea o el FMI exigen llevar a cabo.
De nuevo, gobierno de progreso
La apertura del “juicio del procés” y el debate sobre los presupuestos no solo han coincidido en el tiempo. Están unidos porque en realidad tratan del mismo tema.
Los presupuestos recogen, todo lo parcial y limitadamente que se quiera, demandas sociales, desde la subida de salarios y pensiones a la mejora de la sanidad y la educación públicas o la ampliación de las ayudas sociales. Reflejan, incluso más allá de su contenido, como la mayoría social progresista ejerce su influencia. Por eso, para los grandes centros de poder internacionales y nacionales, estos presupuestos no deben aprobarse.
Mientras existen poderosos sectores interesados en mantener abierta la “herida catalana”, como una conveniente vía que puede utilizarse, por ejemplo, para lanzar una ofensiva contra el actual gobierno.
Detrás de esta nueva oleada de inestabilidad, que busca acabar con la legislatura y forzar elecciones para imponer un cambio de gobierno, está la contradicción entre el avance del “programa de los recortes” y una mayoría social que rechaza seguir ese camino.
Se intenta ocultar bajo siete llaves, pero existe una mayoría de progreso, unida en el rechazo a los recortes y en la exigencia de regeneración democrática, que puede expresarse en una alternativa de gobierno si hay voluntad política de hacerlo.
Y el peligro de un gobierno encabezado por el PP de Pablo Casado y secundado por la ultraderecha, está ya colocando en cada vez más sectores la posibilidad de un gobierno de progreso como una alternativa real.
Asistimos a una peligrosa ofensiva de los sectores más reaccionarios, desde Casado y Abascal a Puigdemont y Torra, para sembrar una división y enfrentamiento de donde obtener réditos políticos. Pero nada está decidido. Trabajar por la unidad de la mayoría progresista, en torno a un programa de redistribución de la riqueza frente a los recortes, y de regeneración democrática contra el retroceso en derechos adquiridos es una necesidad que los hechos vuelven a poner en primer plano.