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Una lucha que empezó en 2008, encabezada por el CERMI –Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad–, y en la que han participado muy diferentes colectivos y organizaciones. Tras 16 años, todos los grupos del Congreso (excepto Vox), se han unido para hacer posible la primera reforma social de la Constitución.
Las dos anteriores reformas fueron impuestas por la UE, la del Tratado de Maastricht y la del ‘techo de gasto’ del artículo 135. Dos reformas económicas con una robusta columna vertebral política.
El éxito conseguido por el CERMI con la reforma del artículo 49 significa un enorme avance no solo para todas las personas con discapacidad, sino para todo el país porque abre una vía de avance de la democracia, las libertades y los derechos.
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Competencia o complemento
Recientemente, Santos M. Ruesga y Valeriano Gómez publicaron en eldiario.es la tercera entrega de ‘Una nueva ronda de diálogo social’. En ella aseguran que ‘los sistemas privados (de pensiones) compiten con elevados costes y bajo rendimiento financiero ante un sistema público comparativamente muy generoso’, presentando un sistema de datos para respaldar que ‘hay más competencia que complementariedad entre pensiones públicas y pensiones privadas’.
De hecho, con la aprobación de la Ley12/2022, de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, se cumplió con las exigencias de Bruselas para el cobro de las ayudas que debía recibir España por la pandemia. Dejando a un lado este sistema de ‘imposición por chantaje’ que practica la actual dirección de la UE, Ruesga y Gómez señalan que los planes de empleo no avanzan, como no lo hacen los planes privados de pensiones de ahorro individual, y las dos características que se dan también en otros países en los que ocurre de igual manera, frente a aquellos en los que las pensiones privadas avanzan, son un mayor porcentaje de gasto público en pensiones públicas, y la voluntariedad de los planes de empleo. Allí donde hay menos de un 10% o un 11% de gasto y los planes de empleo son obligatorios, crecen.
Lo que debe preocuparnos no es que los fondos de pensiones no tengan la suficiente audacia y creatividad para ampliar sus beneficios sin perjudicar a las pensiones públicas, sino que exista precisamente el impulso contrario. Es evidente que la actual orientación de la inversión privada compite por el espacio que ocupa el Sistema Público de Pensiones, y es obligación de los poderes públicos y de toda la sociedad proteger la columna vertebral del Estado Social.
Otro debate sería cuál puede ser el desarrollo de la inversión pública para convertirse realmente en un complemento de las pensiones públicas, y no un competidor. Pero nada tiene que ver el blindaje constitucional de las pensiones con la existencia misma de los fondos privados de pensiones. No solo son un mecanismo legítimo, sino que existen muy distintas posiciones sobre cómo deberían desarrollarse y cuál deberían ser su papel. Ahora bien, su crecimiento no puede ser a costa del espacio que ocupan las pensiones públicas. Y eso sabemos que siempre ocurre, bien porque pierden poder adquisitivo, se reduce la cuantía, o se deterioran sus condiciones de alguna manera (más años cotizados para cobrar la pensión, retraso de la edad de jubilación, pensiones deficientes para algunos sectores o para los más desfavorecidos…). Algo que está extraordinariamente resumido en el lema ‘Ni recortes. Ni privatización’.
El siguiente paso
La próxima reforma social de la Constitución pasa por blindar las pensiones en la Constitución.
Desde 2012, de forma particularmente agresiva, hemos visto que las pensiones públicas han sufrido ataques de distintas formas y, también por esto, no pueden depender principalmente de los acuerdos que se den en el Congreso de los Diputados, como no dependen los derechos fundamentales. La Constitución debe recoger un artículo en el que se prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones públicas y la prohibición de que pierdan poder adquisitivo, pasando a estar consideradas como un derecho fundamental.
Según el último barómetro de la Unión Democrática de Pensionistas, solo el 16% considera que el actual artículo 50 de la Constitución dan la protección necesaria a las pensiones públicas.