La reforma va a sustituir la actualización de las pensiones en función del IPC, como se hacía hasta ahora, por otro sistema que tendrá en cuenta «los ingresos y gastos del sistema». Fijando una subida mínima del 0,25% anual, sea cual sea la inflación, cuando exista «déficit». Y una subida máxima de la inflación más 0,25% cuando haya «superávit».
¿Qué supone este cambio para los pensionistas? El gobierno ya ha reconocido que con el nuevo sistema, la Seguridad Social se “ahorrará” en los próximos nueve años 33.000 millones de euros. Es decir, que los pensionistas dejarán de cobrar esa cantidad. Pero sus cuentas tienen trampa. Porque lo han calculado partiendo de que la inflación en España subirá un 1% en los próximos años, cuando el Banco Central Europeo prevé que la inflación media en la eurozona durante todo ese tiempo suba el 2%. Y en realidad, la media anual de la subida del coste de la vida en España desde que entramos en el euro alcanza el 3%.«La campaña de la MERP se va abriendo paso, llegando a sectores sociales cada vez más amplios» Esto significa que aplicando la subida mínima del 0,25% habrá entre 70 y 110.000 millones de euros menos que antes de la reforma para los pensionistas. Un atraco en toda regla por el que cada jubilado de nuestro país cobrará cada año, a partir de 2014, de 1.500 a 2.500 euros menos, si la inflación, como es previsible, llega al 2% o el 3%. Literalmente es robarle a cada pensionista dos o tres meses de pensión cada año.Sólo la aplicación de este primer hachazo muestra el futuro que están preparando esta gente: transformar el actual sistema público de pensiones en poco más que un sistema asistencial, casi de beneficencia. Abriendo así, además, el camino para que bancos y aseguradoras nacionales y extranjeras se hagan con una parte del “botín” de las pensiones, una caja que mueve en España 115.000 millones de euros cada año.Cada vez más solosLas reacciones a esta agresión intolerable contra los pensionistas no se han hecho esperar. La Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias –formada por mas de 80 organizaciones y 50.000 asociados– anuncia un campaña simbólica en la que exigirán al PP la devolución de su voto por incumplimiento del programa electoral ante una reforma de las pensiones que hará perder a los pensionistas “un 30% de poder adquisitivo, algo que hará a muchos entrar en estado de pobreza”. Los sindicatos, desde UGT y CCOO hasta USO y CGT, han denunciado que “hacer que las pensiones dejen de crecer de acuerdo con el IPC es no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y empobrecer a los actuales y futuros pensionistas”, anunciando una campaña de movilizaciones contra la reforma. Cayo Lara, de Izquierda Unida, ha afirmado que su organización “llevará a la calle la reforma de las pensiones”; el líder de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, exige “un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la reforma” y UPyD reclama que “se ahorre en otras cosas y no en pensiones”. El aislamiento político del gobierno en este tema es total, y ello constituye una de sus principales debilidades. Encabezar la respuesta Pero si están aislados en el parlamento, todavía lo están más en la calle, entre el 90% de la población. El artículo publicado hace unos días por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, José Asensí, apoyando abiertamente “la iniciativa de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) de plantear una reforma constitucional del artículo 50 de la Constitución, para prohibir explícitamente la privatización de las pensiones, precedida de un Referéndum y de un amplio debate de la ciudadanía”, muestra cómo la campaña de la MERP se va abriendo paso, llegando a sectores sociales cada vez más amplios.Las próximas iniciativas planteadas por la MERP –una nueva reunión, esta vez con la Defensora del Pueblo, para hacerle entrega de la segunda oleada de firmas, la publicación de un segundo manifiesto en la prensa nacional apoyado por cientos de organizaciones, personalidades y ciudadanos, la concentración de pensionistas a comienzos de diciembre en Madrid o el ciclo de conferencias-debate sobre las pensiones– han de servir para que la alternativa de blindar las pensiones en la Constitución mediante un amplio debate ciudadano y a través de un referéndum llegue todavía mucho más lejos y se convierta en un clamor nacional y popular. Los próximos meses van a ser decisivos. La discusión en el parlamento de la reforma va a mostrar el aislamiento del gobierno y va a poner en la calle el debate sobre las pensiones. Tenemos que aprovecharlo para dar un salto cualitativo en la campaña, recogiendo cientos de miles de firmas más, ampliando el número de organizaciones y personalidades que forman parte de la MERP, creando un clima de opinión de que en esta batalla, donde el FMI, Berlín y el gobierno se enfrentan al 90% de población, sí se puede derrotarles y hacerles retroceder. De nosotros depende.