Tras la dimisión del aún presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre, el círculo judicial que busca sentarlo en el banquillo (y eventualmente ponerlo entre rejas por su responsabilidad penal ante los 229 fallecimientos de la terrible DANA de Valencia) se estrecha.
Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la dana ha solicitado las grabaciones de las comparecencias del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados, de tal manera que pueda incorporarse en el sumario del procedimiento que examina la gestión de las riadas. Esta orden ha respondido de forma veloz -en menos de 24 horas- a la petición de la acusación popular ejercida por la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024.
Hay que recordar que en ambas comisiones parlamentarias el compareciente tiene la obligación legal de decir la verdad -o dicho de otra manera, mentir es delito- y que por tanto el testimonio tiene valor probatorio, como también pueden tener carga legal las contradicciones entre lo que Mazón ha declarado y los hechos.
Y eso es lo que puede empezar a desmoronar toda la barrera de ocultaciones, mentiras y cambios de versión con los que Mazón intenta ocultar su responsabilidad en las 229 muertes.
En su auto, la jueza Ruiz Tobarra ha advertido que la declaración de Mazón en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la desgracia “no se corresponde con el contenido de la instrucción” y le ha recordado que mentir es delito. “La comparecencia en cualquier comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir la verdad, el Código Penal tipifica el delito de falso testimonio”, avisa la instructora. Efectivamente, el Código Penal recoge en su artículo 502.3 cárcel de seis meses a un año o multa de seis a doce meses por incurrir en falso testimonio en este foro.
La jueza de Catarroja pone como ejemplo que en la Comisión Parlamentaria, Mazón dijo que se enteró de que la tragedia había dejado víctimas mortales a las cinco de la madrugada del día siguiente a la trágica jornada de la Dana. Un simple repaso a la hemeroteca audiovisual de aquel 29 de octubre basta para ver declaraciones a la televisión del propio Mazón a las 0:35 en la que ya habla de «cuerpos sin vida». En las mismas declaraciones el entonces president dice que desde las 20.33 la Generalitat sabía que la tromba había provocado muertos.
Además, la jueza también afea a Mazón por el torticero uso del lenguaje. En el Congreso, preguntado por qué cogió las llamadas a la entonces consejera de Justicia e Interior, responsable de la emergencia, y -por ahora- principal imputada en la causa, Salomé Pradas, Mazón dijo que «igual llevaba el móvil en la mochila». “No es lo mismo llamadas canceladas, que el receptor no admite, que llamadas perdidas”, matiza la instructora.
Las mentiras de Mazón, que hasta el momento le han salido gratis, pueden contribuir ahora al cúmulo de pruebas que -cuando sea sentado en el banquillo, algo que ocurrirá más pronto que tarde- acabarán dando con sus huesos entre rejas, como exigen las asociaciones de víctimas y damnificados y la inmensa mayoría de la sociedad valenciana.