“El que la hace la paga, como se está viendo”, fueron las palabras de Rajoy tras la detención de Ignacio González . ¿De verdad los auténticos responsables y beneficiarios de las tramas corruptas están pagando, o por el contrario la propia ley no dispone de mecanismos para que paguen por sus crímenes?
El Partido Popular arrastra una treintena larga de casos de corrupción, con su rosario de nombres -Púnica, Taula, Brugal, Palma Arena, Novo Carthago, Auditorio…- y tiene más de 850 cargos públicos imputados en los banquillos de toda la geografía española. Algunos de ellos -sobretodo los vinculados a la trama Gürtel y a los papeles de Bárcenas- afectan a las estructuras dirigentes del PP, implicando la financiación irregular de su sede central de la calle Génova y de sus grandes baronías de Madrid, Valencia y Murcia.
No hay duda: la corrupción es consustancial al Partido Popular. Tras tres décadas como pata derecha del bipartidismo, instalado largos años en las instituciones centrales, autonómicas y municipales, el PP ha tejido una tupida trama de redes clientelares corruptas que forman parte de su forma “normal” de financiación y gestión.
La corrupción no es específica -o especialmente intensa- de la sociedad española. No hace tanto que el expresidente galo, Nicolás sarkozy, fue juzgado por a financiación irregular de su campaña electoral. Y en febrero de 2012 dimitió el expresidente de Alemania, Christian Wulff, cercado por varios casos de corrupción.
Tampoco es específica del PP. Las tramas por las que debe ser investigado el Partido Popular no son nada distinto de los que otros partidos instalados “a perpetuidad” las instituciones hacen, como los casos de corrupción demuestran; nada que CiU no haga en Cataluña, que el PNV no haga en Euskadi o que el PSOE no haga en Andalucía. Si el PP cuenta actualmente con el record de casos se debe a la extensión de su dominio territorial -autonómico y municipal- y a la longevidad de sus “feudos”.«No hay corrupción sin corruptores. No hay políticos corruptos sin el lucro de grandes empresas y bancos, los auténticos beneficiarios de la malversación de fondos públicos.»
En realidad la corrupción hunde sus raíces y su génesis en el propio sistema capitalista. Es consustancial y congénita al propio capitalismo monopolista de Estado en el que vivimos porque tiene entre dos de sus leyes más importantes, primero, la búsqueda del máximo beneficio por todos los medios -legales e ilegales- y segundo, la más absoluto maridaje orgánico entre el capital monopolista -la banca y las grandes empresas- y el Estado, incluídos los gestores políticos, que están a su más absoluto servicio.
No hay corrupción sin corruptores. No hay políticos corruptos que se benefician de mordidas y comisiones, sin el lucro de grandes empresas y bancos, los auténticos beneficiarios de sus prácticas ilegales, de sus adjudicaciones a dedo, de sus concursos públicos amañados, o de los millonarios sobrecostes en las obras públicas.
Mucho se ha hablado en el caso Palma Arena de Jaume Matas, condenado por malversación de fondos públicos, como los sobrecostes de más de 140 millones de euros en las obras. Pero muy poco de los ingentes ingresos que la obra supuso para OHL, una de las grandes constructoras de la oligarquía. Los tribunales sentaron a 30 cargos públicos en el banquillo, incluidos además de Matas, a Iñaki Urdangarín. Pero ¿alguien va a investigar la responsabilidad de OHL? ¿Alguien va a hacer que paguen los sobrecostes y el expolio al dinero de todos?
En Madrid la trama”Púnica” aparece organizada en torno a Cofely España SA, la filial española del gigante energético francés GDF-Suez, para lograr contratos a cambio de comisiones y regalos. En el caso de las comisiones del 3% en Cataluña aparece Aguas de Barcelona (Agbar), propiedad de la misma corporación gala. Y así podríamos seguir con Ferrovial en el “caso Palau”; Acuamed, Sacyr, OHL, FCC, ACS o Constructora Hispánica implicadas en el “caso Bárcenas”… La lista, hasta las 1.700 causas abiertas por corrupción, sería interminable. ¿Nadie va a ir contra las multinacionales y monopolios, a sentar en el banquillo de los acusados a sus ejecutivos?.
La lucha contra la corrupción, en serio.
Mucho se habla estos días de la necesidad de que la Justicia -en especial la Fiscalía y sobretodo la Fiscalía Anticorrupción- sea independiente del gobierno. «No se puede utilizar a los fiscales como lacayos» ha denunciado recientemente la juez Alaya, que encabezó el caso de los ERE contra las tramas corruptas del PSOE andaluz. Y efectivamente ésa es una premisa inexcusable para la lucha contra la corrupción. Pero no basta, porque lo primero que pasa es que la legislación española no tiene el marco necesario para extirpar a fondo la lacra de la corrupción.
Es preciso dar a la corrupción el mismo tratamiento que la ley reserva al crimen organizado, investigando no sólo a los perpetradores del delito -los cargos públicos corruptos- sino a sus más grandes beneficiarios, las grandes empresas corruptoras.
Es imperativo reformar el código penal para impedir la prescripción de delitos económicos y fiscales, impidiendo que la interposición de recursos pueda hacer que caduquen en los tribunales. También que haya leyes que impongan claridad y transparencia en los contratos y cuentas públicas o que prohíban las “amnistías fiscales” como las de Montoro.
Pero sobretodo -y no hay nada así en la legislación- es preciso que nos dotemos de mecanismos para que corruptos y corruptores devuelvan hasta el último céntimo de dinero público robado, actuando despóticamente contra su patrimonio familiar y sus cuentas en el extranjero. O leyes para impedir que ningun monopolio o multinacional beneficiado por un caso de corrupción pueda beneficiarse de contrato público alguno mientras no devuelva lo robado. Recuperando para las arcas públicas un dinero que ha salido del esfuerzo de los contribuyentes.