– Lo siento, pero la central no ha autorizado la hipoteca que ustedes habían pedido. Ya saben que nos hemos vuelto bastante estrictos después de todo lo que ha pasado.
Muchos españoles reciben diariamente esta respuesta a la solicitud de un crédito para financiar la compra de su vivienda. Tienen trabajo y solvencia suficiente para pagarlo. Pero chocan con la inconmovible negativa de los bancos.
Por eso su sorpresa es grande cuando, en el mismo momento o pocos días después, el empleado que les atiende se deja caer con una inesperada propuesta:
– Hay otra posibilidad, aunque no sé si estarían ustedes interesados. Buscan un piso de tres dormitorios, con plaza de garaje, en una zona residencial, ¿verdad? Pues el banco puede ofrecerles uno de esas características y a buen precio. Una ganga, de verdad.
La perplejidad reflejada en la cara de los clientes obliga al empleado a ofrecer una explicación:
– Al tratarse de un activo al que queremos dar salida, podemos valorar la operación con más benevolencia. Seguro que en la central entienden que es buena para todos. Para ustedes y para nosotros.
Lo que hasta poco antes eran pegas, a partir de entonces se convierten en una abrumadora avalancha de facilidades.
– Y si creen que al principio pueden ir muy pillados por los gastos habituales en la compra de una casa (los impuestos, el notario, los muebles), no se preocupen. Yo creo que soy capaz de sacarles la hipoteca hasta por el 100% del valor de tasación.
En el caso de que los clientes alberguen todavía alguna reserva, el empleado no tendrá reparo en ablandarles con un par de deferencias más:
– Podemos poner la hipoteca a cuarenta años. Y, por supuesto, olvídense de la comisión de apertura, que corre por cuenta nuestra.
Escenas como ésta se repiten todos los días en nuestro país. Y no sólo ahora, sino desde hace ya algún tiempo. Habrá bancos que lo nieguen y que digan que golferías así son más propias de su competencia. Pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
El motivo es muy simple: según las últimas estimaciones conocidas, las entidades financieras españolas siguen teniendo en sus carteras inmuebles procedentes de embargos por valor de 100.000 millones de euros. Y necesitan quitárselos de encima como sea.
Por eso han desempolvado viejas prácticas, que parecían conjuradas para siempre tras los fatales resultados de la experiencia anterior. Pero se ve que no. Quizás porque la factura de la última fiesta la pagamos entre todos. Y nadie escarmienta en cabeza ajena.