El ministro José Luis Escrivá insiste en el consenso sobre las líneas generales: para derogar parte de la reforma de 2013 del PP y revalorizar las prestaciones con el IPC; frenar las jubilaciones anticipadas y retrasar la edad efectiva de jubilación; para separar las fuentes de financiación y cambiar el sistema para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales.
Una reforma en dos fases
Sin embargo, el acuerdo no incluye todo el paquete de medidas anunciadas por el gobierno en el Plan enviado a la Comisión Europea para acceder a los 140.000 millones de euros. Es un acuerdo para una primera fase de la reforma con los cambios que tendrían que estar aprobados antes que finalice 2021, como la revalorización con el IPC, retrasar la edad efectiva/real de jubilación o sacar de la Seguridad Social los llamados gastos impropios. (Gráfico 1)
Pero los asuntos más delicados y con más consecuencias para los pensionistas, ya que incluyen recortes de verdad y un impulso a la privatización, se dejan para una segunda fase de negociaciones en 2022. Tales como: el factor de sostenibilidad, el aumento del cómputo para el cálculo de la pensión a 35 años, los fondos privados de empresa o la concreción de las cuotas de los autónomos. (Gráfico 2)
Las dos fases forman parte de una misma reforma, la tercera gran reforma de las pensiones tras las de Zapatero en 2011 y de Rajoy en 2013, con el mismo objetivo: seguir profundizando el recortes de las pensiones públicas e impulsar los planes privados. Una reforma que Bruselas pretende que se imponga bajo la amenaza de retrasar, recortar o eliminar el acceso a los fondos europeos.
El ministerio de la Seguridad Social encabezado por Escrivá y la vicepresidenta de Economía Nadia Calviño, pero también Bruselas, han tenido que renunciar a imponer de golpe la reforma y sus aspectos más gravosos para los pensionistas ante las resistencias que se han levantado en la sociedad española, en el conjunto del movimiento de pensionistas, de una mayoría social progresista y de izquierdas y de los propios sindicatos.
Así por ejemplo Escrivá ha tenido que renunciar a introducir el índice de revalorización que preveía la devolución de lo ganado por las pensiones cuando el IPC fuera negativo.
El primer paquete
Estas medidas entrarían en vigor antes de finalizar 2021.
1. Revalorizar las pensiones con el IPC.
Se deroga el índice del 0,25% que introdujo la reforma de 2013 del PP y que implicaba una pérdida de poder adquisitivo. Ahora las pensiones subirán el 1 de enero de cada año de acuerdo a la inflación media del año anterior. Y en caso de ser negativa los pensionistas no tendrán que devolver nada.
2. Retrasar la edad de jubilación.
El gobierno saca adelante su propuesta para alinear la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64 años y 6 meses) con la edad legal, ahora en 65 años y 10 meses (67 años en 2027). Con el objetivo de ralentizar el crecimiento del gasto en pensiones. Para ello se propone penalizar la jubilación anticipada, y un sistema de incentivos a quien retrase su jubilación.
La reforma Escrivá se propone aumentar los coeficientes reductores para quienes se jubilen de forma anticipada; una reducción que puede ir desde el 13% por jubilarse dos años antes con 44 años cotizados, hasta el 20% para trabajadores con menos de 38 años cotizados.
Y por otro lado incentivar que se retrase la edad de jubilación: aumentando entre un 2% y un 4% por año de demora o con un cheque que puede llegar a los 12.000 euros por cada año de más trabajado. Y beneficiar también a las empresas que mantengan a esos trabajadores mayores contratados, que no pagarían cuotas a la SS.
Numerosas asociaciones de pensionistas critican estas medidas porque suponen una vuelta de tuerca más a la subida de la edad de jubilación, que se acerca cada vez más a los 67 años, y al mismo tiempo, porque los cheques para incentivar el retraso son recursos que se quitan al sistema de pensiones y solo benefician a una minoría que ya tienen garantizadas pensiones máximas. Y porque perjudican al relevo generacional en un mercado laboral con más del 40% de paro juvenil.
3. Separar las fuentes de financiación de la SS, sacando los “gastos impropios”.
El acuerdo recoge que la Seguridad Social deje de asumir gastos que no le corresponden, como las prestaciones por hijos o las subvenciones a regímenes especiales, que sumarían unos 20.000 millones de euros, para trasladarlos a los Presupuestos Generales del Estado. Lo que contribuiría decisivamente a eliminar el déficit estructural de la SS.
4. Cambiar el modelo de cotización de los autónomos.
El acuerdo recoge como principio general para la reforma de las pensiones de los autónomos que coticen en función de sus ingresos reales. Aunque la falta de acuerdo ha dejado para la segunda fase la propuesta de Escrivá de las cuotas, que podrían ir de los 90 euros mensuales para los pensionistas con ingresos superiores a 3.000 euros anuales, a los 1.220 euros al mes para quienes declaren ingresos reales por encima de 48.000.
La segunda fase
Para 2022 han quedado las medidas más duras y con mayores consecuencias para la inmensa mayoría de los pensionistas y las nuevas generaciones. En ellas se concentra la auténtica reforma de las pensiones: los recortes y la privatización. Esas medidas entrarían en vigor antes de fin de 2022.
1. El factor de sostenibilidad.
Sustitución del factor de sostenibilidad por otro “mecanismo de equidad intergeneracional” también ligado a la evolución de la esperanza de vida y que genera todo tipo de dudas en cuanto a si supondrá recortes en la cuantía de las pensiones futuras.
2. El periodo de cómputo de las pensiones.
Escrivá se ha visto obligado a hacer para que los sindicatos no se levantaran de la mesa de negociación ha sido la de ampliar de 25 a 35 años el cómputo para calcular las pensiones.
No obstante, no ha descartado esta medida, sino que la ha aplazado hasta la segunda fase de negociaciones. El nuevo cómputo generaría una bajada de las pensiones del 8%.
3. Las bases máximas de cotización.
Este punto y su destope tendrá aún que debatir sus detalles en la mesa del diálogo social y a Bruselas se ha enviado simplemente la promesa de «adecuación de la base máxima de cotización».
4. Los sistemas privados de pensiones.
Según el documento enviado a Bruselas, el Gobierno también prevé la aprobación de un «nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo. Este es un dato polémico que se encontrará de frente a sindicatos y muchos pensionistas. La pasada semana la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones advertía que «no permitirían una privatización del sistema ni total ni parcial».
5. Las cuotas de los autónomos.
El cambio consiste en establecer 13 tramos con los que se pretende flexibilizar los pagos. Además, cada trabajador podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de sus previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.