La investigación del organismo canadiense Citizen Lab, publicado por la revista norteamericana The New Yorker, ha activado un escándalo político en España. Más de 60 personalidades del independentismo catalán han sido espiados a través de un programa israelí, Pegasus, al que sólo tendrían acceso los Estados.
Un espionaje que se habría prolongado desde 2017 a 2020, afectando de lleno al actual gobierno.
Debe haber transparencia, y ha de esclarecerse lo que ha sucedido. En caso contrario, las consecuencias pueden ser graves: se degradaría la imagen de España, se daría oxígeno político a unas élites del procés en abierto retroceso, y se comprometería la estabilidad del actual gobierno de coalición.
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¿Qué es Pegasus? ¿Quién ha sido espiado?
La presencia de Pegasus no es una novedad en la política española. En 2020 donde medios como The Guardian y El País publicaron que dos dirigentes de ERC, el entonces president del Parlament, Roger Torrent, y el ex conseller de Exteriores, Ernest Maragall, juno a la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, y el militante del PDCAT y la ANC, Jordi Domingo, habían sido espiados a través del programa israelí.
Hay una causa abierta sobre ello en un juzgado de Barcelona. Pero ahora, el escándalo Pegasus ha adquirido una dimensión superior.
En primer lugar por el número de espiados. Se eleva ya a 65. Incluyendo a los últimos cuatro presidentes de la Generalitat: Artur Mas, Puigdemont, Torra, y el actual, Pere Aragonés. Abarcando a todos los partidos del procés, desde Junts y ERC a la CUP. E incluyendo también a los abogados de Junqueras y Puigdemont, o a dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. A través de Pegasus también se espió el móvil del diputado de Bildu Jon Iñarritu y del actual líder de ese partido, Arnaldo Otegi.
En segundo lugar, por el marco temporal de ese espionaje. Se prolongó desde 2017, año del 1-O y la DUI, hasta 2020. No es, por tanto algo solo achacable a “los gobiernos del PP”, sino que afecta de lleno al actual ejecutivo.
Pegasus es uno de los más potentes programas de espionaje, elaborado por una empresa israelí. Se apropia del móvil infectado, y no solo capta sus conversaciones y accede a todo el material almacenado en el dispositivo, también puede activar la cámara y el micrófono sin ser detectado.
Los fundadores de la empresa que ha desarrollado Pegasus están directamente vinculados a los servicios secretos y al ejército israelí. La venta de Pegasus a un cliente extranjero exige la autorización del gobierno israelí. Según la empresa fabricante solo puede ser vendido a organismos estatales -gobiernos, ejércitos, servicios de inteligencia…-, y su uso está reservado a “la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”. El País documentó que el CNI adquirió el programa Pegasus.
Debe investigarse hasta el final el escándalo Pegasus y depurar responsabilidades. Es una exigencia democrática
Son ya demasiados los escándalos en los que está inmerso Pegasus.
Fue utilizado por Arabia Saudí en el asesinato de Jamal Khashoggi. Se ha documentado que ha sido usado para espiar a 50.000 activistas, jefes de Estado, opositores y periodistas de 11 países. La policía israelí ha confesado haber utilizado Pegasus contra los organizadores de manifestaciones contra el gobierno. Y, aunque la empresa fabricante ha sido incluida en la “lista negra” del Departamento de Estado norteamericano, está probado que el FBI adquirió Pegasus en 2019.
Con estos antecedentes, la presencia de Pegasus en la política española es algo más que tóxica.
Las consecuencias del escándalo
Pegasus es ya un escándalo que sacude la política nacional.
Se ha abierto ya un frente judicial, que no va a limitarse a ampliar la investigación que ya desarrolla un juzgado barcelonés. Los dirigentes independentistas espiados han anunciado que interpondrán demandas judiciales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania.
Y se reclaman responsabilidades políticas por el escándalo, en un frente que ya es mucho más amplio que el independentismo catalán. Hasta diez partidos han registrado en el Congreso la petición de una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. Entre ellos están Junts, ERC y la CUP, pero también Bildu y el PNV, el PDeCAT, Compromís, Mas País… y Unidas Podemos. La parte “morada” del gobierno ha exigido, por boca de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que “rueden cabezas”, señalando directamente hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Todos los actores políticos han reaccionado ante el escándalo Pegasus. Incluso el PP ha anunciado que, en esto sí, apoyará a “la parte socialista del gobierno”. Todos, menos el PSOE y Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, y los ministros implicados, no han dado explicaciones. Se han limitado a afirmar que “todo se ha hecho de acuerdo a la ley”, escudándose en la obligación de guardar secreto sobre las actividades del CNI.
Pegasus puede tener graves efectos en España, pero ya se ha convertido en un escándalo internacional.
Las nuevas revelaciones, que amplían considerablemente el radio de acción del espionaje, son resultado de una investigación elaborada por Citizen Lab, un organismo dependiente de la universidad canadiense de Toronto, y que es uno de los centros de referencia mundiales en la materia. Y los resultados de su estudio han sido publicados por una influyente revista norteamericana, The New Yorker, bajo el título de “Catalangate”.
El Parlamento europeo ha abierto una comisión de investigación sobre el escándalo Pegasus, y ordenado una revisión de los móviles de todos sus eurodiputados, para comprobar si están infectados. Y uno de los principales periódicos norteamericanos, The Washington Post, ha dedicado a Pegasus uno de sus editoriales, afirmando que “cuando las democracias incurren en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Catalunya, merecen una condena”.
El escándalo Pegasus contribuye a blanquear a unas élites del procés en abierto retroceso
Debe investigarse hasta el final el escándalo Pegasus y depurar responsabilidades. No es admisible que el “secreto de Estado” nos impida conocer la verdad. Es una exigencia democrática. Debemos conocer si los servicios secretos españoles o algunas de las fuerzas y cuerpos de seguridad han utilizado Pegasus, y si se han saltado los límites legales que prohíben un espionaje masivo.
Intentar silenciar este escándalo tendrá consecuencias mucho más graves. Degradará la imagen internacional de España, que algunos ya se atreven a comparar con Hungría y Polonia al “perseguir a la oposición”. Contribuirá a blanquear a unas élites del procés en abierto retroceso, especialmente a sus sectores más reaccionarios, encarnados por Puigdemont, que ahora pueden presentarse como “víctimas del espionaje del Estado”. Y puede contribuir a debilitar al actual gobierno, abriendo un “frente catalán” que había pasado a un segundo plano.