Los españoles debemos repetirnos lo que se dijo a sí mismo y a los franceses su primer ministro Georges Clemenceau, tal y como relata el historiador Max Gallo, en su reciente obra 1918. La terrible Victoria: “No conozco nada –dijo el estadista francés– que sea superior a la necesidad de los hechos”. Es un pensamiento lúcido y una formulación extraordinaria ésta de Clemenceau porque exige enfrentarse a la realidad más allá de apriorismos cuando lo que está en juego es la integridad de España y de su régimen constitucional. En otras palabras, hay que depurar las verdades y las mentiras de un 9-N que en términos constitucionales y políticos fue desastroso para España porque puso en riesgo sus activos como nación y su estructura jurídica como Estado.
Es verdad –la primera– que el 9-N logró en Cataluña una gran movilización, pero de los ciudadanos que ya votaron el 25-N de 2012 a los partidos soberanistas y proconsulta. En las últimas elecciones autonómicas catalanas CiU obtuvo 1.116.000 sufragios; ERC, 498.681; ICV-EUIA, 359.705 y CUP 126.435. La suma está ligeramente por encima de los 2.100.000 votos, cifra que coincide prácticamente con los ciudadanos favorables al doble sí en la consulta del domingo. El secesionismo –con gamas diferentes en los partidos referidos– ha revalidado las dimensiones de las movilizaciones de las tres Diadas (2012, 13 y 14), pero no ha avanzado, sobre todo si se tiene en cuenta que el posible (no hay certeza) censo sobre el que la consulta se basaba incluía a los menores de 16 años y a los extranjeros residentes. No es verdad, o es relativa, sin embargo, que la jornada constituyese un “éxito total” como proclamó Artur Mas: cuatro millones de catalanes no se sintieron concernidos por la convocatoria clandestina e ilegal de la Generalitat.
Es verdad que el Gobierno catalán desacató la suspensión cautelar –la segunda– del Tribunal Constitucional incurriendo algunos de sus consejeros y el propio presidente en el riesgo de contraer responsabilidades de carácter penal. Porque, aunque se diga lo contrario, lo que se produjo en Cataluña el domingo fue una consulta sin garantías e impresentable democráticamente hablando, pero con el ritual de un referéndum legal como lo demostraría la participación activa en la organización y en el recuento de consejeros de la Generalitat cuyo presidente se declaró responsable del desacato. Es –en consecuencia– incierta la especie de que la legalidad no fue conculcada. Lo fue y, en parte, por culpa directa del Gobierno español. Mariano Rajoy afirmó desde Cáceres que lo que se estaba produciendo en Cataluña el 9-N no era una consulta, sino una farsa. Desavisadamente avaló las tesis de la Generalitat, que siempre ha negado que fuera una consulta, cuando lo fue como la copa de un pino, aunque sin garantías democráticas mínimas.
Es verdad –la tercera y consecuencia de la anterior– que Mas le ganó por la mano a Rajoy, que durante toda la jornada permaneció sordo y mudo, y sólo a las 21:08 horas del domingo hizo salir a su ministro de Justicia, Rafael Catalá, a leer una tardía declaración que descalificaba el 9-N en términos ya reiterativos, sin aportar nada nuevo. Pero tampoco es cierto que la pretensión de Mas fuera sólo la de desafiar al Estado o a Rajoy, porque en sus intenciones estaba –y lo logró– arrebatar el liderazgo del separatismo a Oriol Junqueras de modo y manera que el 9-N ha sido un ajuste de cuentas entre los soberanistas con independencia del zarandeo que supuso para el Estado.
Es verdad –la cuarta– que este conflicto sólo se solventará mediante una negociación que toque la actual estructura territorial prevista en el Título VIII de la Constitución, mediante reformas consensuadas, sea de federalización del Estado, sea en materia competencial o financiera. Pero es falso que Mas pretenda ese tipo de negociación porque lo que quiere es, primero, encabezar una lista independentista conjunta para ganar las elecciones y después esperar a que el Congreso se fragmente y el Gobierno resultante sea todavía más débil que el actual.
Es verdad que el Gobierno estaba en la obligación de impugnar las dos consultas ante el Tribunal Constitucional –y lo hizo–; es verdad que no podía autorizar ninguna de ellas por mandato de la Constitución a la que se atuvo el Congreso de los Diputados, pero es incierto que la respuesta jurídica fuese la única posible. Complementariamente, Rajoy debió dar la política que no consistía en estar y pasar por las pretensiones de Mas, pero sí, al menos, por elaborar un discurso político de cohesión, por una parte, y de apoyo, por otra, a la que parece la mayoría de los catalanes no separatistas. El presidente del Gobierno –que constantemente dice que con él no se quebrará la unidad de España– podría estar equivocado si sus palabras no se corresponden con hechos que las acrediten. Porque un burócrata no sustituye a un político por muy registrador de la propiedad que sea, o precisamente por eso.
Hay más verdades y más mentiras, pero las enunciadas son, creo, las más obvias (las verdades) y las más groseras (las mentiras). En cuanto al desastre que constituyó el 9-N se resume en la superioridad de la fuerza y energía de las tensiones disgregadoras sobre las integradoras; la desautorización al Tribunal Constitucional y la sensación de que el Estado no está presente en Cataluña.