La controversia en torno a la cesta básica de la compra se ha convertido en tema central del debate político. No hay espacio mediático donde no ocupe el lugar central: todo gira en torno a sí o no a la cesta, de qué tipo o a su contenido. Se discute sobre qué debe incluir, la relación de frutas y hortalizas, cereales y proteínas… Pero no sobre su significado, los recortes que ya no se limitan a la energía sino que hacen referencia a lo más básico, la alimentación, cuando el “fantasma del frío, de las restricciones… incluso del hambre para un sector de la población” recorre Europa y se instala en el imaginario colectivo; porque ya no afecta solo a los excluidos sociales de las crisis anteriores. Ahora cada día que pasa suma nuevos sectores de las clases trabajadoras y familias perfectamente estructuradas.

      .                                                                                                                                               

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado su propuesta para rebajar el coste de una cesta de la compra, apoyada por el ministro Alberto Garzón, basada en que los hipermercados elaboren una cesta de productos básicos con precios asequibles y cuya composición incluya alimentos básicos y frescos, pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas… Frente a la “cesta Carrefour” con alimentos procesados y productos de limpieza y perfumería.

Solo podemos estar más que de acuerdo y apoyar las propuestas que van a ayudar a la gente y de forma especial a quienes tienen problemas para acceder a una alimentación suficiente y equilibrada.

Pero el hecho mismo de que en uno de los cuatro países más importantes de la UE se proponga crear una “bolsa de alimentos”, y no se refiere a la acción de Cáritas o a las “colas del hambre”, sino que va dirigido a sectores mucho más amplios de la población, expresa la gravedad de la situación.

Sin embargo, lo que ocupa los debates no es la gravedad y el fondo del problema, de lo que no se habla es que debajo de esas cestas se esconde la precariedad alimentaria de las familias que si no sufren “hambre” sí están abocadas a menos alimentos y de menor calidad cuando no a “un plato único” al día.

Más allá del 8,5%

Según los datos del INE, la pandemia ha llevado hasta el 27,8%, unos 13,2 millones de personas, la población que está al borde de la pobreza y en riesgo de exclusión social. De ellos, el 8,5% están en pobreza severa.

La inmensa mayoría de los trabajadores está perdiendo un 10% de poder adquisitivo, sin margen para absorber la escalada de la inflación sufren un recorte en su calidad de vida.

Cada vez son más las personas obligadas a reorganizar sus gastos para hacer frente a las necesidades más elementales de sus hogares: 7 de cada 10 trabajadores, recortan sus gastos de ocio y vacaciones, pero también en productos básicos como electricidad, ropa y calzado, medicamentos… y alimentos. El telediario de La 1 dice que el 52% de los hogares españoles no llega a fin de mes y el 18% de los hogares reconoce recortar también en alimentación. Un dato inquietante.

Un 18% que no se refiere ni incluye  al 8,5% de los “pobres de solemnidad”, sino a las clases trabajadoras de la ciudad y el campo, clase obrera de la industria y la construcción, los trabajadores de los servicios, la enseñanza, la sanidad o correos; los autónomos y los productores agrícolas y ganaderos sometidos a precios impuestos por los monopolios de la distribución. Y a los pensionistas.

El “fantasma del hambre” se extiende a más capas de la población, entre las familias trabajadoras que viven al límite y que cada día están abocadas a saltar la fina línea que lleva a recortar los alimentos en la cesta de la compra.

Cada vez son más las personas obligadas a reorganizar sus gastos para hacer frente a las necesidades más elementales, un 18% ya recorta en alimentos

El invierno del descontento

Todos los medios se hacen eco de las noticias que anuncian un largo, incierto y duro invierno económico, político y social adelantado desde este mismo mes de septiembre en toda Europa y en nuestro país.

Los economistas alertan de la crisis y la inflación galopante agravada por la prolongación de la guerra imperialista de Putin. También de la subida de los tipos de interés por el BCE que se suman a la inflación para castigar a las familias y pymes encareciendo las hipotecas y las cuotas de los préstamos… y que pueden sumir a Europa en una recesión económica.

El presidente francés, Macron, habla del “fin de la abundancia”. Y aquí el presidente Sánchez, dice que “nos enfrentamos a un invierno durísimo y hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir”.

¿Qué nos espera? ¿Para qué nos están preparando? ¿Hasta dónde esperan que lleguen los “sacrificios” o es que hay información que la población no conocemos?

Los sindicatos anuncian movilizaciones si la gran patronal no se aviene a negociar la subida de los salarios y recuerdan las multitudinarias movilizaciones de agosto en el Reino Unido de los ferroviarios, estibadores, trabajadores de correos, maestros o basureros contra la subida de los precios. Lo que podría ser el preludio de la emergencia del malestar social de fondo que puede agudizarse.

Porque cada vez el empeoramiento de las condiciones afecta a sectores más estructurados del pueblo trabajador que no se resignan y se movilizan.

Y porque, como dice el economista Niño Becerra, las consecuencias de esta crisis no solo van a suponer una caída coyuntural de las condiciones de vida, sino un aumento estructural de la precariedad y de las desigualdades. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y la mayoría de la sociedad habrá reducido su nivel de bienestar, lo que va a afectar cada vez a capas de rentas más amplias de la sociedad.

Las “cestas del hambre” son parte de las medidas que pueden contribuir a evitar o limitar ese estallido social, al menos para mantener un otoño-invierno caliente pero controlado.

.

Acabar con el empobrecimiento, redistribuir la riqueza

Lo único que puede impedir el empobrecimiento es la redistribución de la riqueza.

Dice el economista Juan Torres que la inflación también puede estar “conscientemente provocada por empresas que tienen suficiente poder de mercado como para subir los precios arbitrariamente sin perder ingresos”.

Estamos sufriendo una inflación provocada por los monopolios del petróleo, las gasistas, las eléctricas y ahora también  por los grupos que controlan la distribución de alimentos y las cadenas de hipermercados. Es una inflación de beneficios, un atraco monopolista planificado.

Hay que apoyar sin reservas todas las medidas que beneficien a los sectores más afectados. Pero no hay que perder de vista que  las “curas paliativas” no detienen el empobrecimiento de la mayoría y el aumento de las desigualdades. La única política que puede impedir el empobrecimiento son las medidas para redistribuir la riqueza, recortando los fabulosos beneficios de los grandes capitales para poner más dinero en los bolsillos de las clases populares y trabajadoras.

Con medidas directas como: Establecer precios máximos para bienes y servicios básicos, electricidad, alimentos… Precios justos en el campo. Subir salarios y pensiones con el IPC. Cambiar el sistema para fijar los precios de la electricidad para que la más cara no fije el precio de todas. Hacer una reforma fiscal realmente progresiva fijando un tipo mínimo del 35% en el impuesto de sociedades…