El aumento de los alquileres o del precio de la vivienda ha convertido lo que debería ser un derecho básico en uno de los principales problemas sociales. Lo dicen todas las encuestas. Lo sabemos porque lo sufrimos o conocemos a alguien que lo sufre.
Impulsar una alternativa que garantice el acceso a la vivienda -el gran tema del momento para una mayoría social- requiere tener una visión clara de lo que realmente sucede y de a quién afecta.
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Los damnificados: no son uno, son tres
Se habla permanentemente de él, ¿pero en qué consiste el “problema de la vivienda? O dicho de otra forma, ¿quiénes tienen problemas con la vivienda?
En el “problema de la vivienda” no hay uno sino tres clases de damnificados:
-Los que han accedido a una vivienda porque tienen un contrato de alquiler, los inquilinos.
-Los que compran o quieren comprar una vivienda.
-Y también los pequeños propietarios, de una, dos o tres viviendas, que las alquilan o las venden para obtener una pequeña renta.
Para tener una radiografiá justa del problema de la vivienda hay que abordar dos desmentidos. El primero es que solo afecta a los inquilinos. El segundo es que todos los “caseros” son iguales, tanto el que tiene dos casas como el gran fondo que acumula miles.
Quien sufre de forma más aguda el problema de la vivienda son los inquilinos. Desde 2016 el alquiler medio ha subido un 92%, cuatro veces más que los salarios. No es el efecto “natural” del aumento del coste de la vida. La inflación acumulada en la última década es cuatro veces menor que el incremento de los alquileres.
El resultado es que buena parte de los inquilinos soportan una carga abusiva, y el 40% de ellos está en riesgo de pobreza.
¿Cuántos inquilinos hay en España? Según el Instituto Nacional de Estadística un 25% de los españoles viven de alquiler, en torno a 10 millones de personas. Una cifra en aumento, hoy son 4 millones más que hace seis años.
Pero, con ser el eslabón más débil, el problema de la vivienda no afecta solo a los inquilinos. Quien compra o quiere comprar una vivienda también lo sufre.
El precio de la vivienda ha subido un 47% en los últimos diez años, el doble que los salarios. Una familia que, ante unos alquileres que en muchos casos superan la cuota de una hipoteca, opta por comprar, debe hacer un esfuerzo mucho mayor.
Inquilinos y nuevos propietarios no solo no están enfrentados, sino que, aún bajo diversas formas y en diferente grado, sufren el atraco en que se ha convertido el acceso a la vivienda.
Una alternativa para la vivienda debe contemplar los intereses tanto de inquilinos como de nuevos compradores de vivienda o pequeños propietarios.
¿Y qué pasa con los caseros? Que no todos son iguales. Una cosa son los grandes fondos, principalmente norteamericanos, como Blackstone, o los gigantes de los pisos turísticos, como Airbnb, o las grandes inmobiliarias y constructoras del Ibex-35, siempre hermanadas con los bancos. Y otra, muy diferente, son los pequeños propietarios.
Según el Obervatorio del Alquiler un 14,3% de los españoles es propietario de más de una vivienda. Son en torno a 2,5 millones de personas. Y de ellos la inmensa mayoría -el 93,4%- solo tienen dos viviendas, en la que viven y otra que dedican al alquiler o venta.
Su interés no es exprimir al máximo el mercado de la vivienda para obtener la máxima ganancia, como sí hacen los grandes fondos, sino asegurarse una pequeña renta de la forma más estable posible.
No son grupos homogéneos. Entre los inquilinos están las familias que arrendan pisos enteros, o quienes, como siempre ha pasado, aunque en menor proporción que ahora, alquilan solo una habitación. Entre los nuevos compradores de vivienda están las familias que la adquieren para vivir en ellas, o quienes la compran como una inversión.
Pero estos tres grupos -inquilinos, nuevos compradores de vivienda y pequeños propietarios o caseros- sufren las convulsiones del mercado de la vivienda.
Por tanto, una alternativa para la vivienda debe atender a los intereses y necesidades no de uno sino de estos tres grupos, sin enfrentar o poner en contradicción uno con otro.
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La alternativa solo está en la unidad
La “cuestión de la vivienda” es compleja, y tiene amplias derivadas. Lo mismo sucede con otras cuestiones sociales. Los problemas laborales están vinculados a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y los de las pensiones al poder adquisitivo, reducido, de los jubilados.
Pero tenemos claro que la defensa de las pensiones públicas solo puede abordarse desde la unidad. Quienes luchan por las pensiones públicas lo hacen en defensa de todos los pensionistas. Cuando la MERP reclama blindar las pensiones en la Constitución, para que nadie pueda recortarlas o privatizarlas, lo hace por todos los pensionistas, los presentes y también los futuros. Nadie, en el movimiento de lucha en defensa de las pensiones, distingue entre unos u otros pensionistas por su ideología o posición política.
Desde aquí debemos abordar el problema de la vivienda, con una alternativa unitaria para todos los sectores que lo sufren. Aunque tengan condiciones diferentes. También entre los 9,3 millones de pensionistas hay situaciones diferentes, o muy diferentes, y sin embargo no los dividimos.
Que los inquilinos, los que quieren comprar un piso, o también los pequeños propietarios de viviendas, enfrenten los efectos del atraco de la vivienda por separado es dispersar fuerzas.
Resolver el problema de la vivienda requiere impulsar soluciones unitarias, que puedan agrupar a todos los sectores implicados.
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Soluciones a dos velocidades
Garantizar el acceso a la vivienda requiere abordar problemas estructurales, que necesitan tiempo. Pero hay millones de personas que necesitan una vivienda ya, y no pueden esperar años.
Por eso la solución al problema de la vivienda debe abordarse a dos velocidades: a largo plazo para resolver las cuestiones estructurales,; y en el corto plazo medidas drásticas para acabar con el atraco que suponen el precio de la vivienda o el alquiler.
Enfrentando las presiones de quienes no quieren resolver el problema de la vivienda porque se lucran de él: los grandes fondos norteamericanos que ya son los megacaseros del país, o las inmobiliarias y constructoras del Ibex-35.
Hacen falta medidas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda
A largo plazo, la cuestión pasa por ampliar la vivienda pública. En la UE la media es que el 9% de la vivienda es pública, en España ese porcentaje se reduce al 2,5%. Igualarnos con la media europea requeriría de 1,2 millones de viviendas más de titularidad pública. Debe impulsarse ya un plan a largo plazo para conseguirlo. A través de una agencia pública.
Pero necesitaríamos en torno a diez años para culminarlo. Hay que tomar medidas urgentes y drásticas para quienes necesitan alquilar o comprar una casa hoy.
Imponer por ley un límite de obligado cumplimiento en todo el país al alquiler o al esfuerzo para comprar una vivienda, para que no supere el 30% del salario. Que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional. O acabar con el control de los fondos de inversión y fondos buitre, bancos y grandes corporaciones sobre el mercado inmobiliario. Ofreciendo ayudas publicas a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda.
Estas son medidas que pueden tomarse ya. Aprobarlas solo requiere voluntad política.