La Comisión Europea ha advertido al Ministerio de Economía en una carta enviada hace 10 días de que el decreto de la Junta de Andalucía que permite la expropiación temporal de viviendas en manos de la banca pone en riesgo la estabilidad del sistema bancario y puede dificultar la recuperación económica de España.La carta fue enviada por el servicio técnico de la Dirección General de Asuntos Económicos. En ella, Bruselas señala que la norma autonómica «va más allá» de la protección de familias vulnerables y puede generar inseguridad jurídica para las entidades que poseen los inmuebles, lo que tendrá su efecto en el mercado crediticio y el acceso de los ciudadanos a financiación para adquirir una vivienda.La Unión Europea ya recordó hace un mes que cualquier medida que afecte al sector financiero debe ser consultada, puesto que podría modificar el sentido de las obligaciones impuestas por la Troika –el grupo de expertos formado por el Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional– al Gobierno español en materia de reestructuración del sector financiero. La misiva advierte de que la norma aprobada por el Ejecutivo de José Antonio Griñán –cuyo nombre oficial es Decreto sobre la Función Social de la Vivienda– puede provocar «una caída en el valor de los activos inmobiliarios, con la consiguiente repercusión en el balance de las entidades y sus necesidades de hacer más provisiones». En última instancia, recuerda la Comisión, podría generar una pérdida de confianza que encareciera la financiación pública y de las empresas españolas. «España está obligada a hacer honor a los compromisos contraídos en el Memorándum de Entendimiento» y a «evitar cualquier impedimento para culminar la reforma del sector financiero», recuerda en esta ocasión el Ejecutivo comunitario, que muestra también su preocupación por que otras comunidades autónomas puedan poner en marcha medidas parecidas, y por el hecho de que una de ellas pueda decretar normas con rango de ley que coexisten con la legislación puesta en marcha por el Ejecutivo. Se trata, según Bruselas, de una situación «poco clara» que aumenta la incertidumbre. El interlocutor natural de la Comisión es el Gobierno central y no los autonómicos, según recuerdan fuentes comunitarias, que aclaran que la carta pretende «mostrar la preocupación sobre los efectos que puede provocar este decreto», pero no es «una exigencia a nivel político». «No pedimos nada en concreto, porque no es nuestra responsabilidad tratar con un Gobierno regional». La preocupación de la Troika sobre este asunto quedó patente durante la última revisión del programa de asistencia financiera, según explican desde el Ejecutivo comunitario. «Si es necesario, seguiremos tratando este asunto con el Gobierno en nuestra próxima revisión», añaden. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía señalaron que han transmitido oficialmente al Gobierno autonómico el contenido de esta carta para intentar buscar una solución. «Es una situación novedosa, porque existe un compromiso de España firmado con la UE para asegurar que se hará todo lo necesario para garantizar la estabilidad del sistema bancario», explican. De momento, la consejera de Vivienda, Elena Cortés, aseguró ayer que la Junta de Andalucía «seguirá desplegando todas las facultades del decreto» pese a la advertencia de Bruselas y recordó que la norma, que actualmente tramita como ley, fue aprobada «en el marco de las competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución», informa Efe. Los efectos del decreto pueden dejarse notar incluso en la actividad de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también llamado banco malo). Esta entidad adquirió una cartera inmobiliaria a las entidades financieras de más de 50.000 millones y tiene como objetivo deshacerse de ella en los próximos 15 años obteniendo plusvalías. Según la Comisión, esta sociedad podría encontrarse con «muchas dificultades» para cumplir con este mandato.