Con el estallido del escándalo de la SGAE todo el sistema de derechos de autor está puesto en entredicho. Desde estas páginas hemos defendido en innumerables ocasiones el libre acceso a la cultura, y denunciado la formación de una «artistocracia» que cada vez se aleja más de la construcción de una industria creativa, audaz y competitiva que se adapta a las nuevas formas de la cultura, a los nuevos modelos de mercado y que es capaz, no ya de competir, sino de «esquivar» el dogal de las majors norteamericanas. Pero lo que no puede ocurrir es que en nombre de la «justicia» y la libertad de acceso a la cultura se arremeta contra la SGAE, dejando a cubierto a los principales responsables e interesados del control de la cultura y los derechos de autor.
Hace unos días, la Comisión Euroea (CE) publicó un encuesta que muestra la masiva oposición popular con las leyes europeas contra el intercambio de archivos en internet y la piratería. El rechazo es mayoritario e incuestionable. De hecho la opinión de la mayoría ha sido la de felicitarse por la denuncia de corrupción contra la SGAE. Pero no suele ser una mala manera de pensar, cuestionarse la opinión de los principales medios para buscar la verdad. Sobretodo teniendo en cuenta quienes son sus dueños. De tal manera compañías como Sony y Warner con capacidad de decisión sobre la dirección de la SGAE permanencen a cubierto en toda esta historia. Claro que las exigencias son justas y más allá. Veamos:Según el estudio de la Comisión Europea: "La abrumadora mayoría de los ciudadanos, las organizaciones de protección al consumidor y académicos se muestran radicalmente en contra de un endurecimiento de la regulación de las infracciones de propiedad intelectual, especialmente en el contexto de internet. La filtración de contenidos y el control del tráfico en la red se percibe como una amenaza contra los derechos fundamentales o incluso como censura (…). Piden que se revoquen las protecciones del copyright al compartir archivos, argumentando que el libre intercambio de información (incluido material con copy-right) ayudará a expandir la cultura e incrementar la creatividad sin provocar efectos perniciosos en la industria o en la sociedad" Incluso en el Parlamento el movimiento ha sido mayoritario. Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, intervino en la Comisión de Cultura del Congreso para hablar del caso SGAE, proponiendo una reforma "parcial" de las entidades de gestión y de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). La oposición en pleno pidió a la ministra una reforma "completa", aunque no exista consenso sobre cómo hacerlo. Además recientemente se público un manifiesto, escrito por diversos colectivos ligados al ámbito de la cultura y el conocimiento, que llamaba a la democratización de la SGAE y la transformación del modelo de gestión de los derechos de autor: "Las prácticas con las que se ha criminalizado a la sociedad son prácticas que nosotros mismos llevamos a cabo (compartimos contenidos a través de redes P2P, copiamos y ayudamos a otros a copiar, accedemos a material descatalogado nunca distribuido, etc.), que consideramos fundamentales desde un punto de vista de acceso a la cultura. Sabemos también que con reconocer esa legitimidad en los usos no es suficiente. No resuelve el problema que afrontamos, que es un problema también de remuneración, de derechos sociales, de apoyo público a la creación, de condiciones laborales y de concepción de todo un modelo económico y social, frente a un modelo de gestión de los derechos de autor, como el que defiende la SGAE, que privilegia a una oligarquía de estrellas mediáticas a costa de la gran masa de los trabajadores de la cultura". La opinión mayoritaria apunta a que en primer lugar hay que dar libertad al autor para gestionar sus derechos pero establecer mecanismos para protegerle y ayudarle. No hace mucho entrevistamos al abogado Carlos Sánchez Almeida, que ahora insiste en que "hace tiempo que vengo proponiendo como alternativa un sistema de recaudación pública de impuestos por derechos de autor sobre los beneficios de las telecos, acompañado de un sistema democrático de reparto entre autores", un modelo que "concilie el derecho de los creadores a obtener una remuneración digna por su trabajo con el derecho del público a acceder a la cultura en el marco de una sociedad digital abierta". Una de las propuestas es la creación de un sindicato/entidad de gestión copyleft. David Aristegui, uno de los promotores dice que “es una propuesta para que las entidades de gestión al uso no se queden un dinero que no es suyo, es decir, dinero de un repertorio no registrado en ninguna de esas entidades y creado por gente que no es socia: obras libres y/o hechas con Creative Commons" Las placas tectónicas se mueven bajo los pies del actual modelo de derechos de autor. El problema es que mientras no se apunte al verdadero problema no se podrá avanzar verdaderamente. Y ese es las grandes compañías del sector. ¿Quién controla el 80% del mercado?, ¿quién verdaderamente tiene el poder?. La SGAE no.