Muy pocos días -en tiempo récord- después de finalizado el juicio, el pasado 20 de noviembre, conocíamos el fallo condenatorio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que presentó su dimisión. Ya entonces se conoció que la sentencia no había sido por unanimidad: los cinco jueces conservadores habían fallado contra el acusado, mientras que las dos magistradas progresistas planteaban un voto particular absolviendo al FGE.
Sin embargo, contrastando con la celeridad con la que se dio a conocer el fallo, hemos tenido que esperar casi tres semanas para que salga la sentencia definitiva, exponiendo los motivos jurídicos de una decisión altamente polémica y de amplias repercusiones políticas, ya que se da en un ambiente de «cerco y derribo» contra el gobierno de coalición, que tiene múltiples frentes judiciales abiertos.
Si el fallo del 20 de noviembre generó un terremoto político y una intensa división y debate, con acusaciones de lawfare, el fallo razonado del Supremo abre aún mucho más la herida y amplifican el escándalo. No sólo en el plano político, sino también en el ámbito de los juristas.
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Un ‘lawfare de libro’ que viola varios principios jurídicos y procesales
El texto de la sentencia ha causado indignación y estupor entre el gobierno, los partidos de izquierdas y los sectores progresistas del mundo del derecho, porque viola varios principios judiciales y procesales
Primero, porque aunque la sentencia diga lo contrario, no se demuestra más allá de toda duda razonable -con pruebas fehacientes o indicios suficientemente probados- que fue Álvaro García Ortiz -él y sólo él- el que ordenó el filtrado del email donde González Amador se declaraba culpable de los delitos fiscales a la Cadena SER (el primer medio que ofreció entrecomillados literales de su contenido). No se puede condenar a nadie por lo que hagan terceros, ni por lo que haga «tu entorno». Cuando la sentencia dice que «el ex fiscal general ‘o su entorno’ filtraron», se viola el principio de culpabilidad
También se viola este principio de culpabilidad cuando se afirma que la Fiscalía General del Estado fue la fuente de la filtración, y no se argumenta en qué se basa esa conclusión. Más aún cuando se ignora el testimonio de varios periodistas -de la SER, del Diario.es, de la Sexta- que afirmaron explícitamente en el juicio que conocían a la fuente de la filtración, (que no revelaron acogiéndose a su derecho al secreto profesional) y que NO era Álvaro García Ortiz. La sentencia desprecia estos testimonios pero no argumenta por qué lo hace
Segundo, también se viola un principio procesal, porque para la condena se ha utilizado la nota de prensa que la Fiscalía emitió para desmentir el bulo de Miguel Angel Rodríguez, una «prueba» que había sido desestimada en la fase de instrucción. Antes no valía, y ahora de manera sorpresiva y arbitraria, ese elemento vuelve a valer, además como clave en el veredicto de culpabilidad.
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Cerco y derribo al gobierno… ¿quién lo orquesta?
Cuando una institución como el Tribunal Supremo, sin contar con pruebas irrevocables y ante la mirada de la opinión pública, decide defenestrar al Fiscal General del Estado cometiendo un lawfare de libro, está lanzando un mensaje político. El que se ha abierto la veda, el que se puede condenar sin pruebas, el que todo está permitido en pos de hacer caer al gobierno.
Hay que preguntarse qué intereses están en juego para que se arrastre por el barro, para que se degrade hasta este nivel, a las instituciones del Estado: al Supremo, al Fiscal General y al Gobierno.
Nos dicen que la causa de todo este torrente de ruido y fango es la actuación de la derecha y la ultraderecha -política, mediática y judicial-, pero para comprender el origen de la campaña de cerco y derribo contra el gobierno -de la que la sentencia contra el FGE forma parte- tenemos que mirar a los verdaderos centros de poder capaces de manejar el destino del país: a la oligarquía española y sobre todo… al otro lado del Atlántico.
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Las declaraciones de los sectores progresistas del derecho
Sectores como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y figuras como el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, han arremetido contra la sentencia de la sala segunda que condena a García Ortíz, cuestionando su fundamentación jurídica, su proporcionalidad y apuntando a posibles motivaciones políticas.
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Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)
Esta asociación de jueces, que representa a un sector progresista de la judicatura, ha sido una de las voces más críticas desde el primer momento contra el propio juicio al FGE, denunciando el enorme y negativo impacto que este caso genera en la credibilidad de los ciudadanos ante la independencia judicial.
JJpD considera que el fallo «evidencia la división en el Tribunal Supremo», con votos particulares disidentes que revelan falta de consenso, y que la sentencia erosiona la credibilidad del Alto Tribunal. Se muestran estupefactos por la aparente «falta de pruebas» que demuestren la culpabilidad de García Ortiz en la filtración del correo, y califican la sentencia de un «golpe blando» que prioriza las formas sobre el fondo jurídico. Jueces para la Democracia critica que el fallo ignore el contexto de «secreto a voces» en el caso de los delitos fiscales de la pareja de Ayuso -unos hechos que ya estaban en circulación entre los periodistas antes de que la noticia llegara a oídos del FGE- lo que podría haber hecho innecesaria cualquier revelación reservada.
Otros jueces progresistas vinculados a JJpD coinciden en esta línea, valorando el veredicto como una «injusticia que ataca valores esenciales de la justicia. Es el caso de la exjueza Manuela Carmena, quien tacha la sentencia de «absolutamente injusta» por «castigar la verdad y primar la mentira».
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Unión Progresista de Fiscales (UPF)
También ha cargado contra la sentencia la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha adoptado un tono de denuncia institucional, enfocándose en las irregularidades procesales.
La UPF habla claramente de una «caza de brujas» contra García Ortiz, y han denunciado el caso ante la relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados. Argumentan que representa un «ataque frontal» a la autonomía del Ministerio Fiscal, con filtraciones selectivas y un uso politizado del derecho penal. Y ven la pena como desproporcionada, en un contexto donde la información filtrada ya era de dominio público antes de la nota oficial que realizó la Fiscalía para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodriguez, jefe de gabinete de Ayuso.
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José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo
Una de las voces que con más contundencia ha arremetido contra la sentencia, en múltiples apariciones en los medios de comunicación, y siempre aportando sólidos argumentos jurídicos, ha sido José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo.
Martín Pallín ha calificado la sentencia de la sala segunda del Supremo contra García Ortiz como «lo más parecido a un golpe de Estado», comparándolo con conocidos casos de lawfare en Latinoamérica (casos de Lula, Dilma o Evo Morales), donde los jueces actúan como «activistas políticos» en lugar de como juristas. Afirma que el veredicto demuestra «ignorancia supina del derecho», algo que en una facultad llevaría a una suspensión inmediata.
Martín Pallín señala dos «violaciones flagrantes al principio de legalidad»: primero, la errónea calificación de la Fiscalía como órgano sujeto al artículo 417 CP (debe regirse por la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal); segundo, ignorar que la filtración ocurrió en un momento de «secreto a voces» (entre febrero y marzo de 2025), sin necesidad de la nota del 14 de marzo.
El magistrado emérito del Supremo ha criticado duramente la brevedad y simplicidad del razonamiento, que no sigue la «tradición del derecho penal español», y una pena a toda luces «desproporcionada». Pide a los magistrados que «lean la Constitución» y ve el fallo como un intento de no dejar «con el culo al aire» a compañeros implicados, como el juez Hurtado (el instructor).
Y ha mostrado su esperanza en que el recurso de casación que presentará García Ortíz ante el Constitucional tumbe la sentencia por estas irregularidades.