La remodelación del gobierno tendrá un calado mucho mayor que el esperado. Pedro Sánchez prescindirá de siete ministros, alguno de ellos pesos pesados como Carmen Calvo, José Luis Abalos o el “ministro sin cartera” Iván Redondo, hasta ahora mano derecha del presidente.
Algo muy importante está en juego cuando se ejecuta no un retoque sino un profundo cambio en el gobierno, que anticipa lo que ya se califica como “un vuelco en la legislatura”.
¿Cuáles son sus razones? ¿Qué prioridades fijará en esta nueva etapa? ¿Qué consecuencias tendrá para la población?
Fondos y “reformas” en primer plano
La mayoría de medios sitúan el origen de esta sacudida en el gobierno en una pérdida de apoyos que las pasadas elecciones madrileñas dejaron en evidencia. Sánchez pretende con estos cambios recuperar la iniciativa política para preparar las generales de 2023.
Pero hay solo una razón principal que explica por qué son necesarios cambios tan drásticos en el gobierno: ¡Es la economía! ¡Son los 140.000 millones de fondos europeos!
Todas las áreas del gobierno sufren modificaciones… menos la económica, cuyas principales cabezas se mantienen y se refuerzan.
Nadia Calviño, que sigue ostentando la cartera de Economía, es elevada a la categoría de vicepresidenta primera. José Luis Escrivá, que está impulsando la reforma de las pensiones, adquiere mayor relevancia. Y María Jesús Montero, une a la de Hacienda la cartera de Función Pública -con mando sobre 3,3 millones de funcionarios-.
Es un mensaje claro de que la prioridad del nuevo gobierno está en la economía, en garantizar la llegada de los 140.000 millones del fondo Next Generation UE. Que vendrán acompañados de un paquete de “reformas”, es decir recortes.
Los principales periódicos económicos españoles -altavoces del Ibex-35-, y también el Financial Times o Bloomberg, portavoces del gran capital norteamericano, dirigen sus miradas hacia Nadia Calviño. Aplauden su ascenso en el gobierno, garantía de que se implantarán las “reformas estructurales” que Bruselas, y Washington, exigen como condición para recibir los fondos europeos. Especialmente la reforma de las pensiones, “mayor flexibilidad laboral”, y una “consolidación fiscal” para reducir la deuda.
La batalla está servida
Salen reforzados en el gobierno los representantes de la “ortodoxia económica”. Pero no son los únicos jugadores en esta partida.
Los últimos informes sobre España de JP Morgan, Goldman Sachs o Moody´s, tres de los más importantes centros del gran capital norteamericano, criticaban que el gobierno español “no lleve un plan de reformas acorde con la situación”. Preocupándose de que “va a tener difícil cumplir con la reforma de pensiones” o de que “no se consiga orientar la reforma laboral en el camino que desea Bruselas”.
Y el presidente del Círculo de Empresarios -donde se unen el gran capital extranjero, fundamentalmente norteamericano con los nódulos de la oligarquía española- remacha que “la reforma del mercado laboral va en la dirección equivocada (…) Este Gobierno no garantiza las reformas que se necesitan”.
Los próximos dos años, hasta las generales del 2023, van a ser claves. En ellos deben ejecutarse las 102 “reformas” -eufemismo para no decir recortes- ya pactadas con Bruselas, y que son condición para recibir los fondos. Solo este año debe aprobarse una nueva reforma laboral, y quedar cerrado un “mecanismo de equilibrio entre ingresos y gastos” que inevitablemente recortaría las futuras pensiones.
Y las fuerzas que en España se enfrentan a los recortes van a actuar en esta batalla. Los sindicatos exigiendo la derogación de la reforma laboral de Rajoy, el movimiento en defensa de las pensiones públicas reclamando que no se recorten ni privaticen, la sociedad demandando aumento del gasto en sanidad o educación, y no nuevos recortes para disminuir la deuda…
Los grandes centros de poder internacionales y nacionales celebran el mayor peso de sus representantes en el gobierno. Y también preparan otras alternativas. En una reciente entrevista al Financial Times, Pablo Casado reclama para España “un gobierno de salvación nacional como el de Italia”, que está presidido por un banquero como Draghi, y afirma que “derogará todas las leyes sociales”.
Pero no solo juegan ellos. Hay una mayoría progresista que empuja en la dirección contraria, y que ni mucho menos ha desaparecido. La disputa entre ambas fuerzas va a agudizarse en los próximos dos años, en los próximos meses.
No es este el único plano a que afectan los cambios en el gobierno. El nombramiento de Isabel Rodríguez, que proviene del PSOE castellano-manchego, como ministra de Política Territorial, anuncia que a la “desinflamación” que supone la concesión de los indultos le acompañará una posición de firmeza en la mesa de negociación con Cataluña.
Pero es en la política económica donde nos la jugamos. Si se va a impulsar una recuperación al servicio de una mayoría castigada por la pandemia económica, o si de ella solo van a beneficiarse grandes bancos, monopolios y el capital extranjero, aumentando la desigualdad.
Fue la presión de la mayoría social progresista la que impuso en España el gobierno más a la izquierda de Europa, no deseado por las élites nacionales e internacionales. Hemos mantenido desde estas páginas una posición de apoyo y exigencia ante este gobierno. Ahora es el momento de redoblar la exigencia.
Y la clave está en fortalecer en el conjunto de la sociedad un movimiento de lucha contra los recortes expresado en una pluralidad de movimientos y organizaciones -sindicatos, pensionistas, en defensa de la sanidad pública, feministas…-, y que ya ha demostrado su fuerza. Es mucho lo que nos jugamos en los próximos dos años.