Los campesinos y temen que se privatice el agua destinada al riego, a raíz de la reciente aprobación del Gobierno de un sistema nacional de recursos hídricos y una autoridad para el uso eficiente de ese recurso.
Agricultores eruanos de distintos puntos del país continúan con el paro agrario indefinido en rechazo a la Ley General de Aguas. Aseguran que este decreto legislativo abre las puertas a la privatización del agua.La huelga de brazos caídos fue convocada por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. La medida incluyó movilizaciones y cortes de rutas en distintas localidades del país.Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes cortaron vías de comunicación en varias ciudades del país, entre ellas la férrea que une Cuzco con la ciudadela inca de Machu Picchu, lo que ha dejado a cientos de turistas varados en las carreterasLos agricultores demandan la derogación del Decreto Legislativo 1081, en discusión en el Congreso en estos días.El decreto establece la creación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos que se encargará de la gestión del agua, tarea que realizaba, hasta el momento, la Junta de Usuarios.La creación de este organismo de gestión del agua es un requerimiento para la implementación en Perú del Tratado de «Libre Comercio» con Estados Unidos.Los campesinos y temen que se privatice el agua destinada al riego, a raíz de la reciente aprobación del Gobierno de un sistema nacional de recursos hídricos y una autoridad para el uso eficiente de ese recurso.El carácter irreversible y supranacional del tratado configura un asalto a la normatividad local incluidas las leyes ambientales existentes. Las corporaciones consideran esas legislaciones «más molestas que necesarias». Las corporaciones foráneas adquieren acceso automático a los sistemas de producción, distribución, y comercialización de agua, con ello se trasladan dineros locales del pueblo a las arcas de corporaciones que están a miles de kilómetros de su origen. La privatización del agua en América está basada en el principio por el cual se trata de «una necesidad racional que puede ser tomada por la fuerza».En Perú, los ciudadanos de las zonas más pobres han emprendido una lucha contra los precios abusivos del agua. En Lima, los pobres pagan a un vendedor privado hasta tres dólares por metro cúbico de agua, suministro que deben recoger y transportar en cubos por sus propios medios y que, a menudo, contiene agua contaminada. Los ciudadanos más opulentos, en cambio, pagan 30 centavos por metro cúbico de agua tratada que sale por el grifo de sus viviendas.La oposición a la privatización del agua potable por el pueblo peruano se justifica plenamente porque tendrá un impacto negativo en su vida diaria. Los potenciales impactos a la salud del pueblo, al medio ambiente, a la calidad del agua, al acceso de los sectores pobres al agua y desagüe, las desconexiones arbitrarias.